Las responsabilidades del “Sí”

Sufragar en el plebiscito por la opción "Sí" implica que lo acordado en La Habana por el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, tras cuatro años de negociaciones, es conveniente para el país y, por tanto, estamos de acuerdo en la necesidad de si implementación, más allá de ponerle fin a 52 años de confrontación armada con ese grupo alzado en armas.

Son muchas las iniciativas ciudadanas que se han activado para promover entre la ciudadanía el voto por el "Sí". En diversas regiones del país, activistas en derechos humanos, estudiantes universitarios, asociaciones sindicales y académicos, comenzaron una gran campaña de concientización para que los ciudadanos acojan esa opción en las urnas. Se deduce que todos ellos tienen muy claro lo firmado en la isla del Caribe, contrario a lo que se dice de sus enconados rivales, que no tienen la más mínima idea de lo que han suscrito gobierno y guerrilla porque su odio les impide leer.

Yo espero realmente que aquellos que impulsan el "Sí" hayan estudiado con detalle los acuerdos hasta ahora logrados por las partes y que han sido difundidos ampliamente por diversos canales de comunicación. De su análisis depende que esa opción afirmativa esté realmente fundada en argumentos claros y concretos, y se reconozcan las responsabilidades que implica un voto en ese sentido.

Quienes defienden el "Sí" promulgan unas consignas que tienen profundas implicaciones sociales a la hora de poner en práctica los acuerdos y exigirá de los colombianos grandes sacrificios para lograr que todo marche tal como se consignó en el papel. Se habla de la modernización del campo, de políticas incluyentes, de mayor inversión social, de nuevas alternativas de desarrollo, de participación política amplia y sin discriminaciones violentas, y de superar las condiciones económicas que conducen a miles de campesinos a sustentar su economía familiar en la ilegalidad, por citar algunas. Pero todo ello exige grandes cambios culturales. De Ahí que votar "Sí" implique, también, comprometerse a cambiar algunas prácticas ancladas en la cultura colombiana.

Para ilustrar mi tesis apelaré al acuerdo sobre Reforma Rural Integral, en particular al de la “formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural” a través de la cual se pretende “regularizar y proteger los derechos de la pequeña y mediana propiedad rural, es decir, garantizar los derechos de los legítimos dueños y poseedores de la tierra”. Para tal fin habrá modificaciones normativas que faciliten el proceso, como “la gratuidad de la formalización”, es decir, el Estado asumirá los gastos notariales y los demás que se causen.

Esa formalización implica, a futuro, el pago de impuesto predial por el predio escriturado. Y justo ahí aparece una dificultad: la cultura del no pago. ¿Podrá cambiar el nuevo aire que nos dejará el silencio de los fusiles esa actitud tan colombiana? ¿Entenderán los campesinos beneficiados con esas medidas que deben comenzar a cancelar periódicamente las tributaciones como un acto de responsabilidad?

Cuando leo los apartes del acuerdo referidos a la formalización pienso que votar por el "Sí" implica aceptar esas nuevas responsabilidades ciudadanas que, por años, han sido desestimadas por múltiples causas y que generaron una cultura del no pago que afecta las finanzas municipales. Es cierto el argumento que quien tiene más paga más y son miles de terratenientes los que tampoco cancelan sus impuestos, pero los acuerdos de La Habana pretenden modificar esas prácticas y con un sufragio afirmativo asumimos que así será.

Pero la responsabilidad no solo es ciudadana. Este gobierno, que ha embargado su capital político para concretar los acuerdos con las FARC y quedar en la historia como aquel que logró superar por la vía negociada una confrontación armada de 52 años, dejó establecidos numerosos compromisos que se convertirán luego en asuntos de Estado y, por tanto, de obligatorio cumplimiento. Su promoción del "Sí" lo responsabiliza no solo del presente, también del futuro. ¿Tendrán capacidad política los partidos que se comprometieron con el "Sí" para mantener en el tiempo lo acordado y evitar su desmonte?

Hay quienes dicen que como los acuerdos se incorporarán al bloque de constitucionalidad, el blindaje está garantizado, pero eso no es del todo cierto. El ejemplo más claro es, precisamente, la Constitución de 1991. En un evento reciente convocado por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional para reflexionar sobre los 25 años de la Asamblea Nacional Constituyente que derivó en una nueva carta política, escuché de varios exconstitucionalistas una afirmación contundente: el acuerdo político que permitió la pluralidad en la composición de la Asamblea se acabó al otro día de la firma de la nueva constitución. La exconstituyente María Teresa Garcés aportó cifras claras al respecto: en los 25 años de vigencia de la Carta, se han hecho 41 reformas a 87 artículos.

Son muchos los temas que se pueden desglosar de los acuerdos alcanzados en La Habana para comprender que votar por el "Sí" es una opción que implica inmensas responsabilidades como ciudadanos y como organizaciones políticas; no se trata de ganarle simplemente al "No" porque al frente de esa opción están los más enconados rivales de este proceso de negociación. Esa es una mirada supremamente simplista.

Se trata de acudir a las urnas teniendo claro que los nuevos escenarios que emergerán sin las Farc en armas y haciendo política nos hace responsables de lo que ocurra en el futuro. El "Sí" es un compromiso a muy largo plazo, el "No" también. Y en uno y otro caso debemos ser conscientes de las consecuencias.

*Periodista, director de VerdadAbierta.com - En Twitter: jdrestrepoe