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Opinión

  • | 2015/08/20 16:47

    ¿“Lavar” a través de la contratación pública?

    ¿Es posible que se acuda a las licitaciones y subastas para legalizar dineros que provienen de negocios ilícitos altamente rentables?

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Parece que eran otros tiempos, cuando los proveedores encarecían sus productos y servicios para vendérselos al Estado. Desde hace algún tiempo, los funcionarios de diversas entidades públicas encargados de la contratación están observando una tendencia que preocupante: ofertas con precios sustancialmente bajos a los promedios del mercado.

Cada día escucho historias sobre procesos licitatorios y de contratación en los que los proponentes rebajan el valor de sus productos y servicios en unos porcentajes tan altos que me generan una duda: ¿cuál es el margen de ganancia que les queda si logran que sean seleccionados como proveedores de una necesidad del Estado?

Sobre el comportamiento de esos oferentes se tejen varias hipótesis: que bajan tanto sus precios porque son competidores nuevos en el mercado y buscan ganar experiencia en la contratación con diferentes entidades públicas; que lo pueden hacer porque tienen suficientes productos almacenados y ante una oportunidad de venderlos, salen a ofrecerlos a precios que en apariencia les mantiene un punto de equilibrio y no pierden plata; que compraron alguna maquinaria con dólares baratos y por eso se dan el lujo de venderlo, meses después y ante un dólar caro, al mismo precio que lo adquirieron.

Cuando uno se sienta a hablar de estos temas con expertos en temas de contratación pública, surgen tantas explicaciones a los precios bajos como oferentes participan en las licitaciones y subastas. Pero más allá de que los proveedores entreguen sus explicaciones, sean avaladas por los comités técnicos y hasta se ganen licitaciones y subastas, hay algo que me genera muchas dudas en esos comportamientos comerciales, sobre todo en aquellas grandes ciudades donde hay un alto flujo de dinero proveniente de actividades ligadas al tráfico de drogas y a la llamada minería ilegal, dos de las actividades más rentables en el mundo de la ilegalidad.

¿Será que narcotraficantes y mineros, que en muchas regiones son los mismos, están lavando sus ganancias e introduciendo cientos de millones de pesos al circuito comercial y financiero a través del apalancamiento económico de pequeñas y medianas empresas que participan en licitaciones públicas y subastas?

Me perdonarán quienes actúan honestamente, que los debe de haber, pero es que rebajas del 40%, del 50% y hasta del 60%, con respecto a promedios de precio del mercado para hacerse a un contrato estatal de provisión de bienes y servicios me generan mucha suspicacia. Si bien cuando son requeridos por los contratantes para que expongan razones técnicas objetivas que expliquen los precios ofrecidos, sus razones no dejan de ser sospechosas.

Uno de los problemas que tienen las administraciones públicas locales y regionales es la falta de “dientes” para contrarrestar ese fenómeno, que finalmente cumple con el propósito para lo cual fue contratado y, de paso, el Estado se ahorra un dinero, en muchos casos, sustancial, pero que no se deja de ser preocupante en economías que se sustentan, en parte, en la actividades ilegales.

El Decreto 1082 de 2015 define qué son “precios artificialmente bajos” y cómo se debe actuar en una licitación o subasta cuando este tipo de fenómenos surgen en un proceso de contratación pública. Establece la norma que si “una oferta parece artificialmente bajo”, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que “explique las razones que sustentan valor ofrecido”. Una vez dados esos argumentos, los evaluadores de la propuesta “debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas”.

El decreto establece que “cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si éste es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas”.

¿Y qué es un valor artificialmente bajo? De acuerdo con las normas establecidas en contratación pública, es cuando una oferta económica se encuentra por debajo del promedio de precios de mercado y en el que el oferente, si se le llega a adjudicar el contrato, vería lesionado su patrimonio y, además, pondría en riesgo la prestación del servicio.

El asunto es que estas normas no fijan los porcentajes a partir de los cuales se considera, con respecto a un proceso licitatorio o de subasta, un “precio artificialmente bajo”. No unas reglas claras en este asunto. Basta que un proponente explique sus precios y ya. ¿Qué tan cierto es el argumento? ¿Qué tan real? Las entidades estatales tampoco tienen la manera de constatar esa información. La ley de contratación pública no lo permite.

Así las cosas, las ramas legislativas y ejecutivas del poder público crean, en apariencia, las condiciones para que redes ilegales con mucho dinero participen en licitaciones públicas y subastas en busca de ganarlas y a través de ella laven sus recursos ilícitos. Son finas operaciones económicas que pretenden camuflarse en la legalidad y superar las auditorías de los organismos de control. Y tal parece que lo logran, ese es el asunto.

¿Hay algún organismo de control u institución no gubernamental haciendo control real e inmediato sobre la contratación pública donde aparecen este tipo de fenómenos? No parece. El control posterior actúa sobre las entidades estatales, pero no sobre los privados, a menos que incumplan los contratos, pero eso está muy lejos de ocurrir, puesto que, a mi juicio, hay el suficiente recurso para evitar ese tipo de problemas.

Con este tipo de oferentes, que están bajando sus precios ostensiblemente, las entidades públicas de orden local, regional y nacional alcanzan la meta de austeridad, pero, ¿a qué precio? Es un fenómeno en el que, en apariencia, todos ganan, pero se profundiza un comportamiento que estimula la ilegalidad.

En Twitter: jdrestrepoe
(*) Periodista y profesor universitario
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