Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2015/08/27 12:01

Lío con Venezuela, diagnosticado a medias

Mucha pasión y poca razón ha imperado en algunos que informan y analizan la dura situación en la zona fronteriza de Norte de Santander con el estado Táchira.

Juan Diego Restrepo.

La Guardia Nacional de la República Bolivariana de Venezuela se equivoca al agredir a los ciudadanos colombianos luego de que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, declarara el estado de excepción en áreas fronterizas con el departamento de Norte de Santander. No es por la vía de la violación a los derechos humanos como se impone una decisión de estas magnitudes.

Duelen las imágenes divulgadas a través de diversos medios de prensa en las que aparecen hombres, mujeres y niños atravesando el río Táchira con sus pocos enseres a cuestas de regreso al país, tras ser expulsados de territorio venezolano por orden del presidente Maduro. Cada retrato es una muestra de que algo ha fallado en esa región del país, y no ha sido de ahora, sino de hace varias décadas. Los responsables son múltiples.

En reacción a las decisiones del mandatario venezolano, se alzaron en Colombia las voces de diversos sectores políticos y sociales contra los atropellos de la Guardia Nacional a cientos de colombianos asentados en áreas marginales del estado Táchira. Se les derrumbaron sus ranchos y se les conminó a salir del país no sin antes agredirlos verbalmente, dividir a las familias y detener a algunos nacionales por sospecha de pertenecer a grupos armados ilegales. Abusos condenables, sin duda.

Entiendo la gravedad de la situación, pero no comparto la manera apasionada cómo los medios de comunicación en nuestro país reportan sobre esta nueva crisis fronteriza. Poca razón se ha visto en sus notas. El tema duele, reitero, pero se requiere informar de manera más clara y rigurosa para que los ciudadanos que estamos tan distantes de la línea divisoria podamos entender qué está pasando. Diagnósticos a medias, testimonios de ciudadanos alterados y registros de políticos vociferantes no permiten valorar el tema en sus reales dimensiones sociales, políticas y económicas.

Es difícil hacer preguntas en medio de tanta tragedia, pero hay que plantearlas con el fin de buscar una mayor comprensión de la situación. ¿Por qué cientos de familias colombianas deportadas provienen de una zona de invasión llamada Mi Pequeña Barinas, a pocos kilómetros del río Táchira? ¿Qué oportunidades vieron en esa zona que les pareció atractiva para vivir bajo duras condiciones de marginalidad? ¿Qué situaciones económicas y sociales afrontaban en Colombia que prefirieron vivir en calidad de extranjeros y, en muchos de los casos, indocumentados en el vecino país?

Las fronteras son propicias para la ilegalidad. Y hay vecindades donde son más complejas las relaciones por cuanto hay más intereses en juego. La de Norte de Santander con Venezuela es una de ellas. Y eso no es de ahora. Los problemas que subyacen a uno y otro lado de la línea son históricos e involucran a distintos gobiernos, no todos chavistas, valga la aclaración. ¿Recuerdan en los años setenta los llamados “caminos verdes”, que no eran otra cosa que las rutas ilegales de ingreso al país vecino? Muchos fueron los colombianos que transitaron por allí atraídos por las comodidades que ofrecía un país en plena bonanza petrolera.

Sin el ánimo de estigmatizar, sería importante que alguna entidad estatal caracterizara a los deportados, sobre todo en sus ámbitos laborales. ¿A qué se dedicaban en el vecino país? ¿Estaban empleados formalmente? ¿Estaban dedicados a actividades informales? ¿Hacían parte de redes de contrabando? ¿Estaban en Venezuela en condiciones de ilegalidad? ¿Se tienen diagnósticos claros sobre qué tipo de grupos ejercen poder armado en la zona, a qué se dedican, quiénes son sus líderes y cómo están distribuidas sus redes de apoyo? El asunto no es solo una cuestión de ‘pimpineros’ pasando dos o tres litros de gasolina.

Me cuesta mucho admitir que bajo el concepto de “compatriotas” se escuden, y resulten beneficiados, cientos de colombianos en situación de ilegalidad, integrados a redes de contrabando, delincuencia y a grupos armados ilegales. Me cuesta creer que todos los que fueron expulsados de los asentamientos estaban dentro de la legalidad. ¿El gobierno podría estarle dando casa gratis a alguien que vivía de contrabandear gasolina y de introducir al país alimentos y bebidas de manera ilegal, sin pagar impuestos? ¿Es eso posible? ¿Acaso no será populismo?

Hay algo en todo este problema que aún no me convence. Constantemente la prensa colombiana e internacional aborda el tema venezolano desde la crisis económica y la imagen más recurrente es la del desabastecimiento de alimentos y de elementos de primera necesidad. No obstante, ese país tiene una especie de imán que atrae a nuestros nacionales. ¿Si hay tantos problemas allá, por qué es constante ese flujo migratorio, al punto que ya se conforman asentamientos subnormales como el que fue intervenido por la Guardia Nacional? ¿Será que, por efectos del cambio de moneda, que favorece el peso y rinde mucho más allí, los colombianos decidieron vivir del otro lado de la frontera y trabajar en nuestro país? Insisto, se requiere mucha información para entender tanto lío.

Se debe decantar mejor la historia de las relaciones binacionales, investigar a profundidad lo sucedido en uno y otro lado de la frontera desde La Guajira hasta Arauca, sus dinámicas sociales, económicas y culturales. No podemos seguir registrando este problema como un asunto coyuntural, en el que predominan los insultos, las arengas, los gritos. Con ello solo se logra incrementar los odios, de por sí acentuados por las diferencias ideológicas con el llamado Chavismo.

No creo que ante un gobierno distinto al de Nicolás Maduro, que bien puede ser de derecha, o de centro, pero en todo caso alejado de la izquierda, la situación en la frontera cambie. Los problemas que padecen allí los colombianos y los venezolanos son históricos y estructurales, están cruzados por fuertes intereses económicos ligados a prácticas ilegales. Para intervenirlos se requerirá mucha voluntad política binacional y diversas estrategias de intervención en el corto, mediano y largo plazo.

Si bien se tiende a pensar en el tema de seguridad como la medida predominante, es claro que se requiere más que eso para contrarrestar no solo las redes del crimen organizado que operan a lo largo de la frontera, sino todo el acumulado de pobreza y necesidades básicas insatisfechas de los pobladores que pasan de un país a otro buscando cómo sobrevivir. Un diagnostico bien hecho determinaría que sucesivos gobiernos en Colombia, durante las últimas dos décadas han hecho poco por las comunidades en esa frontera. Pero como nos quedamos solo con la pasión, seguiremos atizando odios, mientras la gente se empobrece más y se agrava la situación.

En Twitter: jdrestrepoe
(*) Periodista y docente universitario

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