Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2016/05/06 09:20

Militares, con licencia para atacar a los ‘Gaitanistas’

De tumbo en tumbo, así se ve el gobierno nacional cuando trata de enfrentarse a grupos armados surgidos tras la desmovilización colectiva de las AUC. En diez años, la efectividad ha sido nula.

Juan Diego Restrepo E.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció la puesta en marcha de una nueva estrategia contra los grupos armados ilegales que surgieron luego de que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) concluyeran en agosto de 2006 su proceso de desmovilización colectiva acordado con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Las instrucciones para enfrentar a esas organizaciones están contenidas en la Directiva Permanente N. 0015, fechada el 22 de abril de este año y expedida bajo el título “Los Lineamientos del Ministerio De Defensa Nacional para caracterizar y enfrentar a los Grupos Armados Organizados (GAO)”.

El documento está dirigido al general Juan Pablo Rodríguez Barragán, comandante general de las Fuerzas Militares y al Mayor General Jorge Hernando Nieto Rojas, Director General Policía Nacional, a quienes se les pide que tales instrucciones “deben ser difundidas y aplicadas por todos los niveles del mando en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”. (Descargar Directiva)

En esos lineamientos se reconoce que las estructuras ilegales posdesmovilización han evolucionado en los últimos cinco años, desde que fueron caracterizadas en la Directiva Permanente 014 de 2011 como Bandas Criminales, y más aún, desde 2006, cuando la Policía Nacional las llamó Bandas Criminales Emergentes y se acuñó el término BACRIM.

En la nueva Directiva, el nombre vuelve a mutar, por lo menos en la conceptualización del Ministerio de Defensa. Si cumplen con varias condiciones, serán designados Grupos Armados Organizados (GAO). Su definición indica que son aquellos que “bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”. Contra ellos se podrá actuar apelando al marco del Derecho Internacional Humanitario, lo que implica ser confrontados por las Fuerzas Militares y, en caso extremo, bombardear sus campamentos y sitios de concentración.

El cambio en la estrategia de ataque obedece, según este documento, a que “en los últimos años han surgido cambios significativos en el teatro de operaciones y en el comportamiento y agrupación de los actores que confluyen en él, pues se han evidenciado transformaciones del sistema criminal que actúa en algunos territorios”.

¿Y cuáles son estas transformaciones? Lo que reconoce el Ministerio de Defensa es que algunas de las estructuras armadas ilegales posdesmovilización, entre ellas las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, tienen alcance nacional e internacional, sus integrantes se han concertado para cometer diferentes delitos con distintas finalidades, han alcanzado un alto nivel de hostilidades, “que supera las tensiones y disturbios normales”, y poseen una estructura armada organizativa que cuenta con un mando que ejerce liderazgo o dirección sobre sus miembros. Sin embargo, se les continúa negando su finalidad política.

Esta Directiva precisa que en un menor rango que las GAO se encuentra otra estructura, que se comenzará a denominar Grupo Delictivo Organizado y cuyo concepto fue tomado de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, conocida como la Convención de Palermo, suscrita en esa ciudad italiana en diciembre del 2000.

Ese Grupo es definido como “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

¿Y quién define si se llaman GAO o Grupo Delictivo Organizado y cómo se procederá contra ellos? La Directiva delega esa responsabilidad en los miembros permanentes del Acuerdo de Comandantes del Sector Defensa, quienes coordinarán, valorarán, decidirán y harán recomendaciones a la Presidencia de la República acerca del desarrollo de la estrategia, sobre la base de los análisis que rinda el Centro Integrado de Inteligencia contra los grupos delictivos organizados y Grupos Armados Organizados, encargado de “aportar información que sirva para orientar las actividades operacionales y operativas, y apoyar las investigaciones judiciales en contra de estas estructuras”.

Las funciones de ese Centro Integrado son muy similares a las que le asignaron a mediados de 2006 a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional, bajo la tutela de la cual se creó una oficina de coordinación interinstitucional e información que pretendía articular los procesos de inteligencia, operativos y de confrontación contra estas organizaciones ilegales. En aquel año se dijo que esa nueva dependencia apoyaría el trabajo de la Policía Nacional, el Ejército y el DAS para hacerle frente a esa nueva expresión de violencia. Sus tareas iniciales se enfocaron en generar informes sobre esos grupos, georreferenciando su ubicación, revelando sus estructuras y precisando su modus operandi.

Pero los resultados no fueron los esperados, esos grupos armados ilegales crecieron exponencialmente y generaron altos índices de violencia rural y urbana. Para contrarrestarlos, el Ministerio de Defensa creó, en 2011, una estrategia conocida como D6 (Desarticular, Desmantelar, Denegar, Disuadir, Direccionar y Difundir), que prometió una acción conjunta de Policía y Fuerzas Militares, con el apoyo de una fuerza de tarea exclusiva para enfrentarlos; sin embargo, nada de eso funcionó eficazmente.

Para actuar con más “músculo institucional”, como lo ha dicho el ministro Villegas, se promulgó la Directiva N. 0015 y se vinculó de nuevo a las Fuerzas Militares en esa lucha frontal contra los grupos armados posdesmovilización, intentando corregir diez años de errores sobre los cuales no logro dilucidar con claridad por qué el gobierno nacional ha sido en extremo ineficiente.

Esos nuevos lineamientos parecen atender los reclamos que hacen tanto los negociadores de las FARC, como voceros de diversos sectores sociales y políticos, quienes exigen mayor contundencia en la lucha contra lo que unos y otros se empeñan en llamar “paramilitarismo”. En ese sentido, cabe preguntarse si con esa licencia dada a las Fuerzas Militares, se obtendrán resultados concretos contra esos grupos armados ilegales y se allanará el camino para lograr una pronta firma del acuerdo definitivo que ponga fin a un poco más de 51 años de guerra con ese grupo subversivo. Habrá que esperar.

En Twitter: jdrestrepoe

(*) Periodista, director de VerdadAbierta.com

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