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Opinión

  • | 2017/02/19 09:23

    El ministro precandidato

    Esta semana, en medio del escándalo de Odebrecht, coyuntura en la que el gobierno de Juan Manuel Santos marca los más bajos niveles de credibilidad y legitimidad de los seis años y medio de su administración, el ministro del Interior se aventuró a plantear una reforma política sesgada y oportunista.

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El jueves 16 de febrero, en una intervención ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hizo una serie de anuncios relacionados con la presentación de iniciativas constitucionales y legales que harían parte de una ambiciosa reforma política para Colombia, algunas de las cuales se tramitarían por el mecanismo del “fast track”, mientras otras tendrían que agotar el procedimiento ordinario ante el Congreso.

Aquellas que se aprobarían vía “fast track” serían la ley estatutaria de la oposición; la ley estatutaria de coaliciones, mediante la cual partidos que obtuvieron menos del 15 % de los votos en la última elección podrían unirse para presentar listas conjuntas; la creación de circunscripciones transitorias especiales de paz; la  creación de un poder electoral con funciones judiciales; la eliminación del voto preferente permitiéndose solamente las listas cerradas; la eliminación de la circunscripción nacional para el  Senado; el 100% de  financiación estatal de las campañas; la reducción a 16 años de la edad mínima para votar y el establecimiento del voto obligatorio.

Las reformas que se tramitarían por la vía ordinaria, es decir, sin “fast track”, serían la eliminación de la Vicepresidencia de la República, para regresar a la figura del “designado presidencial”, la cual estuvo vigente antes de la Constitución de 1991, y, en segundo lugar, la ampliación del período presidencial a cinco años a partir del 2018, que lo haría coincidir con el período de gobernadores y alcaldes, quienes también estarían en sus cargos por el mismo lapso.

No se entiende cómo pueda aventurarse el ministro Cristo a plantear reformas de semejante calado para ser aprobadas en sólo cuatro debates, en medio de una coyuntura marcada por el inicio de la contienda por la Presidencia de la República. Difícil no concluir que por un lado se trata de un claro oportunismo, a todas luces  dirigido a distraer a la opinión pública del creciente escándalo de Odebrecht, y por otro, de un intento por deslegitimar a uno de los seguros candidatos a la Presidencia, Germán Vargas Lleras, todo en el contexto de los acuerdos con las FARC, en el cual el ministro se convierte en el “padrino de bautizo” del nuevo partido político que encabezará lo que Timochenko llamó el “gobierno de transición”.

También le recomendamos leer: Cristo y la reforma política: ¿misión imposible?

Plantear la eliminación de la figura del vicepresidente en momentos en que precisamente Germán Vargas Lleras, vicepresidente en ejercicio, está a punto de renunciar al Gobierno para iniciar su campaña, no resulta una propuesta inocente, pues parte de la base de deslegitimar dicha institución como inoperante e inconveniente y desprestigiar de paso la imagen y la gestión del titular de este alto cargo.

En cuanto a las otras reformas, estamos frente a un verdadero “golpe de mano fast track” contra la estructura política del país, pues en sólo cuatro debates se pretende reformar a fondo el sistema electoral a través de propuestas abiertamente sesgadas en favor de una guerrilla aún no desarmada, que tendrá todas las de ganar gracias a las desproporcionadas ventajas políticas diseñadas por un ministro precandidato que se resiste a renunciar.

Efectivamente las FARC “irán en coche”. Estrenando estatuto de la oposición hecho a su medida, armarán coaliciones con partidos pequeños en circunscripciones especiales para la paz creadas en sus zonas de influencia. Contando con el 100 % de financiación estatal, moverán el voto fácilmente manipulable de los menores de 18 años, quienes, junto a los votantes adultos, estarán obligados a ir a las urnas para elegir candidatos de listas cerradas, es decir, sin tener la oportunidad de saber realmente quiénes las integran, todo ello bajo la vigilancia de un tribunal electoral con atribuciones judiciales.

Estamos ante el nacimiento del anunciado “gobierno de transición”, en el cual el “ministro precandidato” Juan Fernando Cristo busca posicionarse como su líder natural, a costa de la reforma de la estructura electoral del país y del debilitamiento de los partidos políticos.

 

*Ex viceministro de Justicia. Decano Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Sergio Arboleda.

@ceballosarevalo

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