Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2016/08/04 13:16

Garantías y estatuto para la oposición

El compromiso contenido en los Acuerdos de La Habana llega en buen momento para tramitar un Estatuto para blindar a los partidos en las elecciones de 2018.

Juan Fernando Londoño (*) Foto: Daniel Reina Romero

Tiene razón la revista Semana al señalar en su actual edición que por primera vez parece real la posibilidad de que se tramite un Estatuto para la Oposición. El compromiso contenido en los Acuerdos de La Habana al respecto llega en un buen momento para su trámite por importantes razones adicionales al contenido en el punto dos.

En primer lugar, todos los partidos políticos coinciden en su importancia, y por primera vez todos creen que es en su propio beneficio blindarse en caso de que no hagan parte del gobierno de 2018. En la actual coyuntura, la incertidumbre electoral sobre las nuevas elecciones es enorme, en parte por que nadie sabe como cambiará el sistema de partidos con el ingreso de las FARC a la política. Y adicionalmente, porque se tramitarán cambios en el sistema electoral y de partidos que pueden generar grandes impactos en las dinámicas de los partidos, para mencionar dos ejemplos: las circunscripciones especiales de paz y la posible aparición de partidos regionales.

En cuanto a la carrera presidencial, aunque el Vicepresidente Germán Vargas Lleras arranca como favorito, la evolución y resultado final de la campaña dependerá de las alianzas que se establezcan para la segunda vuelta y de cual será el tema que definirá la elección en un país sin conflicto armado, pero todavía con grandes retos en materia de seguridad.

El último elemento que favorece la aprobación del Estatuto de Oposición es la fragmentación y el multipartidismo que se expresa en grandes contradicciones entre las dinámicas nacionales y las regionales. En muchos sitios, los partidos que son socios en el congreso actúan como acérrimos enemigos en Asambleas y concejos.

La situación de incertidumbre es total, y esto crea un escenario donde cada cual considera que es mejor protegerse, no sea que en el próximo gobierno le toque el turno de ser oposición. Esta es la razón principal que permitirá por fin tener un Estatuto de esta naturaleza.

El problema es que las garantías de la oposición no alcanzan a ser contenidas ni desarrolladas plenamente en una ley estatutaria, sino que tienen que permear el conjunto de las instituciones políticas y electorales. Un ejemplo muy claro es la conformación del Consejo Nacional Electoral, pues su actual diseño no garantiza que la oposición alcance escaños en el mismo y tal como ocurrió en el periodo anterior puede quedarse sin voceros debido al mecanismo de elección en el Congreso. ¿Pueden funcionar las garantías para los opositores sin que el órgano electoral los proteja? Sin duda que no, pero un asunto como ese va más allá de la ley estatutaria y concierne las provisiones constitucionales. Ahora bien, es posible que la actual organización electoral también sea modificada, pero en cualquier caso, uno de los criterios fundamentales es que la misma no puede estar al servicio exclusivo de las mayorías.

Un segundo ejemplo tiene que ver con el financiamiento político. En la Colombia actual la principal fuente de financiación (y corrupción) es la contratación pública. Quien accede a los contratos accede a recursos intermediados por los contratistas y goza de ventajas evidentes para hacerse elegir. En este escenario, la oposición está condenada a competir en inferioridad de condiciones con respecto a quienes están en el gobierno y el objetivo de las garantías para la oposición no es que permanezcan eternamente en la crítica, sino que sean alternativa real de poder y se logre así la alternancia que caracteriza las verdaderas democracias. Por lo tanto, sin una modificación real de la estructura del financiamiento político el estatuto de la oposición solo tendrá efectos marginales pero no sustantivos para el equilibrio democrático. Esto tampoco puede ser desarrollado en el estatuto de oposición.

Como consecuencia de esta perspectiva más amplia sobre el papel de la oposición en la democracia que viene, lo que se requiere es un gran pacto político para que las garantías para el ejercicio de la oposición (y su futura transformación en gobierno) hagan parte del conjunto de reformas políticas y electorales que se tramitarán. El estatuto de la oposición es una herramienta central para fortalecer la controversia y el control político, pero construir un sistema pluralista y equitativo requiere ir más allá.

Ex Vice Ministro del Interior. Director Centro de Análisis y Asuntos Públicos. @JuanFdoLondono

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