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Opinión

  • | 2016/09/09 14:57

    La hipocresía como institución

    Luchar contra la corrupción implica dar una discusión sincera sobre lo que es legal e ilegal; sobre lo que es lícito pero inmoral; y sobre lo que es moral pero inconveniente.

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Una vez superada la violencia política los colombianos podremos ocuparnos de los otros problemas que impiden conseguir el desarrollo. Uno de ellos, sin duda, es el tema de la corrupción. Para hacerlo debemos dejar a un lado la hipocresía con que abordamos el tema.

Luchar contra la corrupción implica dar una discusión sincera sobre lo que es ilegal y lo que no lo es; sobre lo que es lícito pero inmoral; y sobre lo que es moral pero inconveniente. Para ello debemos abandonar la hipocresía que caracteriza estos debates y empezar a tener discusiones que nos permitan separar la paja del trigo. Esta semana tuvimos varios ejemplos de la hipocresía que nos caracteriza.

El debate sobre la participación de los funcionarios en la campaña del plebiscito ha sido emblemática en este sentido. Es imposible que un gobierno impulse un mecanismo de democracia directa y luego se le impida a los miembros del mismo salir a defender su iniciativa. Supongamos que un alcalde propone una consulta popular, digamos, para urbanizar una parte de su municipio, ¿sería lógico que no pudiera salir a explicar y defender su propuesta? Por supuesto que no. En cualquier país los gobiernos, a través de sus funcionarios, pueden y deben defender sus propuestas. Acá en cambio algunos se atrevieron a decir que no resultaba conveniente, pese a que tanto el texto de la ley de plebiscito como la sentencia de la Corte Constitucional lo autorizaron expresamente.

En lugar de concentrarnos en los controles para que no se presenten abusos o desvíos en el ejercicio de los funcionarios, preferimos decir que los gobernantes no deben hacer política, porque claro, como nuestra hipocresía está tan institucionalizada, se encuentra consagrada en la propia Constitución. La Carta Política autoriza que los funcionarios hagan política pero obliga a que el tema sea regulado en una ley, que por supuesto no se ha tramitado. El resultado no es que los miembros de la administración pública se abstengan, sino que prefieren hacerla a escondidas. Lo importante es no ser descubierto y en todo caso, “no dar papaya” cumpliendo el principio básico de la hipocresía que es cuidar el parecer en lugar del ser.

El segundo caso de hipocresía institucionalizada se presenta con el financiamiento político. Los topes establecidos para hacer campaña son ridículamente bajos y al ser imposibles de cumplir todos los candidatos tienen que mentir para no sobrepasar los límites permitidos. Se trata de una regla para asegurar que todos mientan y que en lugar de promover la transparencia obliga a la opacidad. Y detrás de los dineros no reportados hay de todo, algunos de origen lícito y otros de proveniencias oscuras. Si dejáramos la hipocresía a un lado podríamos permitir que los políticos honrados cuenten de donde provienen sus recursos y sería más fácil perseguir y detectar a quienes se alían con la ilegalidad para conseguir el poder.

Pero el caso por antonomasia de nuestra hipocresía y los nefastos efectos sobre la corrupción es la prohibición a los congresistas de realizar gestiones ante las entidades públicas. Como los parlamentarios no pueden señalar a sus electores que consiguieron recursos para sus territorios -pero eso es exactamente lo que los votantes quieren que hagan- tienen que hacer las gestiones “por debajo de la mesa” y allí es donde se cuelan las comisiones de las obras que consiguen (de donde provienen los recursos no declarados para las campañas) y que han sido popularizados con el nombre de “la mermelada”. El Gobierno Nacional, a su vez, en lugar de promover una gestión transparente de los recursos usa su poder de asignación para comprar los apoyos en el congreso y por esta vía completa el círculo vicioso de las mentiras y la corrupción. Como ha dicho la Senadora Claudia López, es un sistema donde unos compran los votos y otros compran a los que compran los votos.

Los congresistas no solo pueden, sino que deben, trabajar por sus regiones y esto se traduce para la mayor parte de los votantes en mayores recursos y obras. ¿Qué ha hecho por la región? Es la pregunta que enfrentan cada vez que buscan su reelección. Ello implica que consigan recursos y puedan contarlo, pero si la Constitución se los prohíbe el sistema no funciona.

Si vamos a pasar la página del conflicto armado, alistémonos para la discusión sobre la lucha contra la corrupción. Pero, para poder avanzar debemos primero remover la institución de la hipocresía con la que actuamos.

* Exviceministro del Interior

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