La misión electoral especial

Para algunos, como las FARC, estos problemas: inequidad, desatención del campo, falta de garantías democráticas, son la causa del conflicto. Para otros, como el gobierno, son la consecuencia del mismo.

En cualquiera de las dos perspectivas, la paz representa una oportunidad para que reformemos muchas de las instituciones que han adquirido su especificidad al amparo de los 50 años de guerra que hemos vivido. Por ello resulta tan importante que hayan sido escogidos lo miembros de la Misión Electoral Especial, que deberán elaborar las recomendaciones que sirvan de base para las reformas electorales que el país necesita y anhela.

Todos los miembros de la Misión Electoral son destacados profesionales y expertos, la mayor parte de ellos destacados académicos, o líderes de sociedad civil con notables trayectorias en los ámbitos de la academia. La Misión ha sido reforzada con dos importantes juristas, uno en representación del Consejo Nacional Electoral y otro del Consejo de Estado, que sin duda ayudarán a que las recomendaciones tengan mayor solidez jurídica y posiblemente mayor viabilidad política.

Dado que el tiempo que se le ha otorgado a la Misión para su labor es de tan solo 4 meses, resulta muy importante intentar establecer una agenda de trabajo para el país en los años venideros, en relación con este tema, y señalar claramente cuales deberían ser las prioridades de las iniciativas de reforma. Si la Misión entrega una lista de mercado sin coherencia, ni énfasis en la secuencia que deben tener las reformas, su trabajo quedaría a medias, así que vale la pena proponer algunas ideas sobre los énfasis que podría tener una reforma de esta naturaleza.

En primer lugar, la Misión podría ofrecer luces sobre la falta de participación electoral. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a que sólo la mitad de la gente asista a los comicios. Que en eventos tan importantes como la conformación de una Asamblea Constituyente sólo lo haga un cuarto de la población. O que para saldar cincuenta años de guerra sólo acuda un tercio de los habilitados a las urnas. Una democracia que funciona sin la participación de los ciudadanos produce –como en efecto sucede– una política dominada por unos pocos grupos (que suelen denominarse oligarquías) que además usan el poder que obtienen para perpetuarse en el mismo y defender las ventajas que nos convierten en una sociedad persistentemente desigual.

Sería interesante que la Misión nos ofreciera alternativas a este flagelo, o si no lo considera como tal, que nos diga porque es sano para una democracia que la gente no participe. Si se acoge la idea de que la falta de participación es un déficit de nuestra democracia, sería útil considerar la conveniencia del voto obligatorio en Colombia.

El segundo problema que la Misión podría analizar es el relativo a la corrupción en el sistema electoral. Es un drama para una democracia que la gente no crea en la transparencia de las elecciones, pero existen muchos lugares comunes sobre el tema. Uno de ellos, por ejemplo, es creer que el voto electrónico va a resolver todos los problemas de corrupción. Las raíces más profundas de la corrupción se asientan en nuestra cultura política y en el poco valor que la gente le atribuye al voto. Sin embargo, son múltiples las ramificaciones que hacen que la política hoy sea una competencia de dinero, y que gracias al financiamiento político terminemos con el Estado capturado por mafias de la contratación. ¿Cómo salir de esta situación, dada la metástasis tan profunda que ha hecho en nuestro sistema? Si los miembros de la Comisión ofrecen alternativas de solución, se abriría un debate tan importante como necesario.

Hay que entender que las recomendaciones de la Misión servirán para abrir el debate, pues su trabajo será un insumo para el gobierno y los partidos con el cual deben concertar una reforma política y electoral. Desafortunadamente, las recomendaciones de la Comisión llegarán en el momento en que los partidos se alistan para emprender el año electoral, y como es tradición en Colombia, no deben realizarse reformas en el año previo a las elecciones.

En el caso de que alguien piense que sería posible usar los mecanismos de ‘fast track’ para realizar una reforma electoral, conviene advertir que esa es una pésima idea, pues si algo requiere consenso entre las fuerzas políticas o al menos un grado importante de apoyo (pues el consenso en estas materias es imposible) son las reformas políticas y electorales. Por lo tanto, lo mejor será dejar trabajar a la Misión y que sean los partidos, el gobierno, y todos los actores interesados en mejorar nuestra democracia quienes le den una valoración a su trabajo, y que éste se convierta en la guía de las acciones futuras en esta materia. Ojalá los precandidatos presidenciales decidan incluirlo en sus programas políticos, por ejemplo.

La paz abre las puertas a una democracia distinta, y las recomendaciones de la Misión Electoral seguramente ofrecerán claves sobre cómo empezar a perfeccionar nuestro sistema electoral.

Ex vice ministro del Interior
Director Centro de Análisis y Asuntos Públicos
@JuanFdoLondono