Viernes, 2 de diciembre de 2016

| 2016/07/19 11:45

Las oposiciones

El gobierno de Juan Manuel Santos ha sido el primero en nuestra historia en sufrir la oposición de la derecha, la oposición de la izquierda y la oposición social.

Juan Fernando Londoño (*) Foto: Daniel Reina Romero

Tradicionalmente, los gobiernos de Colombia han sufrido las dos últimas, dado que los múltiples recursos de los presidentes han servido para cohesionar a los sectores de los partidos tradicionales y afines en lo que se suele denominar “el establecimiento” que en la práctica ha actuado como un cuasi partido único. Breves intentos de oposición política han emergido  luego del Frente Nacional; estos se realizaron en el gobierno de Virgilio Barco, con el liderazgo de Misael Pastrana; en el gobierno de Andrés Pastrana, con el liderazgo de Horacio Serpa; y más recientemente, la reelección de Álvaro Uribe generó un bloque opositor de fuerzas de centro - izquierda e izquierda.

Tener oposición a la izquierda y a la derecha es entonces un fenómeno nuevo. Y la combinación de dichas oposiciones con la creciente protesta social, ha hecho que el panorama de gobernabilidad del Presidente Santos resulte bastante complejo.

Lo más interesante del fenómeno es que ha sido la intención del gobierno Santos de abrir la puerta para que la insurgencia deje las armas y haga política lo que ha generado un verdadero cisma en el establecimiento colombiano.  Los sectores más reaccionarios, liderados por el Senador Uribe, rechazan las condiciones de la negociación y asumen una crítica disciplinada y persistente, no solo contra el proceso de paz sino contra el conjunto de la gestión del gobierno.

La oposición de izquierda, al contrario, ha decidido acompañar los esfuerzos de paz y criticar al gobierno en las demás áreas, gracias a ello, la paz tiene hoy mayorías suficientes tanto para ser aprobada en el plebiscito como para ser implementada posteriormente en el congreso. Las principales críticas de grupos como el Polo y otras fuerzas tienen que ver con la continuación de las políticas económicas, que siguen siendo el núcleo de la continuidad política entre el gobierno Santos y el gobierno Uribe.

La protesta social y la oposición no canalizada a través de los partidos han ganado un protagonismo insólito en las dos administraciones de Santos y se convierte en la antesala de lo que será el país del posconflicto. Ya sucedió en el primer gobierno con el paro campesino y ha revivido en la segunda administración Santos como una fuerza social autónoma.

Durante los años de nuestra guerra civil, la protesta social fue perseguida y macartizada. El número de líderes sociales asesinados durante el conflicto armado ha sido estremecedor y ha afectado gravemente la capacidad de movilización de causas sociales.. La guerra ha sido cruenta tanto para los no combatientes como para los que han portado armas. Esta situación ha generado un represamiento de las demandas sociales que recién ahora empiezan a emerger y que se sentirán con más fuerza, por cuanto es seguro que las Farc buscarán legitimarse en democracia volviéndose los voceros de multitud de reivindicaciones tanto en territorios de conflicto como en otras partes del país.

Que estas nuevas realidades aparezcan es una oportunidad para la democracia colombiana por varias razones. Primero, porque permitirá que los partidos recuperen su rol de voceros de intereses sociales en lugar de seguir concentrados en la captura de rentas públicas. Si las actuales organizaciones políticas no entienden ese desafío van a desaparecer de la escena del poder, o se volverán irrelevantes; además, si los partidos creen que la resolución de conflictos sociales es un tema entre el gobierno y las organizaciones sociales perderán la oportunidad de re legitimarse y ganar calado entre la ciudadanía.

En segundo lugar, las demandas sociales ayudarán a mejorar la calidad del debate público, siempre y cuando el gobierno logre trasladar la discusión de los temas a escenarios más amplios (tal como ha ocurrido con los temas relativos al paro camionero) y por esa vía mejorar la calidad de las políticas públicas. Para ello se debe evitar corporativizar las discusiones y en cambio abrir espacios de deliberación que realmente involucren a todos los interesados.

Finalmente, un juego democrático más abierto generará una mejor representación de los intereses y por esa vía representa una gran oportunidad de corregir las enormes inequidades de nuestro sistema. Conviene resaltar que la persistente desigualdad que caracteriza nuestra sociedad tiene sus raíces en la forma como se gestiona la política en Colombia, la inequidad no es un asunto económico sino político y depende de la organización de los intereses al interior de la sociedad y del sistema político.

Para que el resultado del nuevo esquema político que se produce a partir de la paz, y que ha empezado a emerger en los gobiernos del Presidente Santos, repercuta en una mejor democracia y no en una recurrente ingobernabilidad se requiere institucionalizar las nuevas realidades a través de distintas reglas de juego. El Acuerdo del Punto 2 prevé que así sea, mediante los compromisos en materia de estatuto de la oposición y de ley estatutaria de participación para las organizaciones sociales. Se trata de un gran desafío pero igualmente de una gran oportunidad para que surja una democracia más representativa y más sólida.

Ex Vice Ministro del Interior. Director Centro de Análisis y Asuntos Públicos. @JuanFdoLondono

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.