Las propuestas del Centro Antidemocrático

El documento presentado por el Centro Democrático con el título de “Bases de un acuerdo nacional de paz” contiene propuestas nunca antes mencionadas para criticar los acuerdos de La Habana en materia de participación política, pero que resultan clarificadoras sobre la posición de ese partido sobre la democracia, que claramente puede ser mejor calificada de antidemocrática. Vale la pena revisar los aspectos más relevantes y lo que significan.

En primer lugar, el Centro Democrático (CD) critica que exista un compromiso en los acuerdos para sacar adelante un Estatuto de la Oposición. No está claro cuál es el problema con el hecho de que según ellos, el Acuerdo “gradúa a las FARC como legítimo opositor del gobierno”, pues de lo que se trata es justamente de eso. Un proceso de paz supone dar garantías a quienes usaron las armas para que puedan seguir defendiendo sus ideas sin apelar la violencia. En nuestro caso para que las FARC transiten a la vida política electoral con el propósito de oponerse al actual orden de cosas, y no de compartir el gobierno (como sucedió entre liberales y conservadores durante el Frente Nacional).

El uribismo parece no aceptar que la democracia colombiana pueda acoger una organización que deja las armas y pasa a la oposición sometiéndose a las reglas establecidas. Si ellos no aceptan eso cabe preguntarse entonces cuál es el papel que se espera de una organización que abandona la lucha armada. Y recordar también si acaso no ha sido bueno para el país que antiguos miembros del M-19 enriquezcan la vida política colombiana. Lograr cambiar balas por votos no afecta nuestra democracia, por el contrario, la fortalece. Pero tal parece que el uribismo no cree que haya espacio para nadie más en nuestra vida electoral. No sobra entonces recordar el tratamiento despectivo y criminalizante que el expresidente Uribe le dio a sus opositores durante el tiempo que ejerció la presidencia para enfatizar la importancia de que se tramite dicho Estatuto.

El siguiente argumento en contra de los acuerdos consiste en hacer una defensa clara de nuestro status quo. El ‘Centro Antidemocrático‘ propone que no se modifiquen las normas relativas a los umbrales para acceder al congreso, esto significa en plata blanca que solo quienes hacen política hoy en día pueden hacerlo en el futuro. Según esta interpretación nuestro sistema de partidos debe quedar congelado y la paz no debe implicar que nuevas fuerzas políticas aparezcan en el escenario nacional. Los acuerdos de La Habana reconocen que la construcción de la paz debe permitir una nueva “Apertura Democrática” que refresque con nuevas voces y expresiones nuestro espectro político, no restringidas a la organización política que surja de las FARC, sino abierta a voces y opciones resultantes de la nueva situación de vigencia y garantías para el ejercicio de los derechos políticos.

Lo que resulta más revelador de esta posición de defensa del status quo es que el Centro Democrático propone que las curules transitorias de las circunscripciones de paz sean para los mismos partidos tradicionales. Si esto se aceptara tendríamos la paradoja de que las nuevas curules destinadas a las víctimas quedaran al servicio de las bancadas de los partidos tradicionales. ¿Vamos a recompensar entonces a los partidos políticos tradicionales por el dolor que han sufrido las víctimas en las zonas de conflicto? La propuesta sería graciosa, de no ser tan cínica y reveladora de la falta de respeto de ese partido con las víctimas en Colombia. Vale la pena recordar que el propósito de esas circunscripciones transitorias es reparar el socavamiento de los derechos que comunidades enteras han sufrido por la mala fortuna de haber vivido en medio del conflicto.

Esos colombianos no han podido ejercer en forma real los derechos asociados al concepto de ciudadanía que se supone garantiza la Constitución Política. Para compensar su abandono se requiere que sean ellos mismos, a través de las organizaciones que constituyan los que recuperen su sentido de pertenencia a una Colombia que poco ha hecho por ellos. Y por esa vía conseguir también que el Estado haga presencia legitima en esos territorios mediante la representación política que los vincula a la nación. Entregarle esas circunscripciones a los partidos tradicionales –que en todo caso podrán hacer campaña en esos territorios– es desvirtuar totalmente el propósito de la iniciativa.

Pero en donde más antidemocrática resulta la visión del grupo uribista es en su aversión a la participación ciudadana. Tanto en sus críticas al punto de participación política, como al punto de Reforma Rural Integral, se percibe un desprecio por toda opción de los ciudadanos organizados para atender los asuntos públicos. De hecho, despectivamente lo califican de “comunitarismo”, olvidando quizás los propios intentos del uribismo de crear aquel engendro de populismo y autoritarismo que en su momento propusieron como “Estado comunitario”.

El mensaje es claro, si la gente participa para apoyar al líder en escenarios manipulados (los consejos comunitarios del gobierno de Uribe), constituye una buena forma de acción colectiva y una forma aceptable de gestión pública, pero si lo hacen por iniciativa propia y en torno a sus propios intereses, es una transgresión del deber de las comunidades de “respetar la capacidad propositiva de los candidatos a las gobernaciones y alcaldías y preservar el voto programático”, es decir, traspasar los límites de la democracia representativa que con tanto ahínco defienden.

En su conjunto, la propuesta del Centro Democrático revela su idea de la democracia para el país, que puede resumirse de la siguiente manera: la política colombiana funciona bien, y debemos garantizar que los mismos y las mismas sigan gobernando.

* Exviceministro del Interior - director Centro de Análisis y Asuntos Públicos - En Twitter: @JuanFdoLondono