Santos en la ONU y los dilemas de la paz

Ha hecho bien el presidente en ventilar el tema de las negociaciones con las FARC en la Asamblea General y en esgrimir sus razones frente a la Fiscal de la Corte Penal Internacional. El propósito: que se armonicen la justicia colombiana y la internacional, pero en la perspectiva de la paz; no de la irresolución del conflicto armado, como si fuera el nudo que ni Alejandro Magno puede desatar. Una armonización tan difícil, aunque no imposible, que ha hecho exclamar a Santos: “¡No me resigno a concebir una justicia internacional que impida la paz interna!”.

Tres lógicas, situadas en campos de acción distintos pero que chocan entre sí, intervienen en las posibilidades de la paz; o, dicho de otro modo, en la superación del conflicto. Son ellas las lógicas de la ley; de la guerra; y de la soberanía. A la ley, que se traduce para este caso en la justicia penal internacional, le interesa sobre todo el castigo a los culpables de atrocidades, para reivindicar a la sociedad y a las víctimas. Mientras tanto, impera en la guerra el principio de esa fuerza que cada bando patenta frente al otro; el equilibrio de poderes; que si no conduce a la victoria de uno de ellos, lleva a la negociación; un proceso en el que ambas partes pierden pero también ganan. Finalmente, la soberanía supone la ambición del Estado por monopolizar la justicia y la violencia; o, en resumen, por materializar el objetivo de la paz. 

Solo que en este camino tropieza con el desafío interno que supone la existencia de una guerrilla no derrotada; y además, con la limitación de la justicia internacional, cada vez más fortalecida en la defensa de los derechos humanos. A mayor intervención de esta última, menos oportunidades para un acuerdo interno. Por otra parte, si este se aleja, menos posibilidades reales concurrirán para una paz bajo la cohesión impuesta por una soberanía interna, real y a la vez encausada por la ley.

Estas dificultades que se erizan como cercas punzantes en la perspectiva de una solución negociada al conflicto se traducen en dos dilemas; el de la justicia y el de la paz.

El primero se expresa así: lo que prevalece (Jus cogens) es el castigo a los culpables, incursos en delitos de lesa humanidad, todo ello en favor de la sociedad y de las víctimas. Pero, presumido que la guerrilla no está derrotada, la consecuencia será sin duda el fracaso de la negociación y la consiguiente prolongación del conflicto armado con su secuela de más violaciones a los derechos de la población colombiana.

La formulación del dilema de la paz consiste, al contrario, en decir: hay que privilegiar la paz a través de un acuerdo negociado, pues ella es el bien público más preciado para el bienestar de la sociedad, consagrado además en la Constitución. El precio, sin embargo, es el hecho de dar curso a altos niveles de impunidad, en materia grave; es decir, a que no haya una justicia penal aplicada en toda su dimensión. 

El doble dilema – justicia sin paz o paz sin justicia – desplaza las cosas hacia una contradicción casi insalvable entre la justicia y la paz; dos bienes, ambos fundamentales entre los que distribuye y garantiza el Estado dentro de la sociedad moderna. Qué es lo que debe preferir este último: ¿castigar a los guerrilleros culpables, pero dejar escapar la paz? O, bien: ¿asegurar la paz para la nación, pero solo aplicar penas débiles, abriendo las compuertas para un inatajable torrente de impunidad?

Cuando Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, afirma que una suspensión de las penas, mecanismo contemplado en el Marco Jurídico para la Paz, es algo que “invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional”, por lo que daría lugar a la intervención de la justicia internacional, ella prefiere la justicia contra la guerrilla a la paz entre los colombianos; pues se trata de un caso límite: es casi imposible la aplicación completa de justicia en este caso y al mismo tiempo aspirar a que buenamente los guerrilleros hagan la paz. 

A la inversa, cuando Iván Márquez, el comandante de las FARC, ataca al Marco Jurídico (justicia transicional) y lo califica como un “estorbo” para todo el proceso, se inclina por sacrificar cualquiera manifestación de justicia, en aras del acuerdo entre las partes.

Ahora bien, el desencuentro entre justicia internacional y paz interna no puede ser la simple expresión de un “juego de suma cero” en el que si la justicia gana, la paz lo pierde todo;  o en el que si la paz es conquistada, se esfuma todo rastro de justicia, lo que moral y políticamente cuestionaría los fundamentos de una convivencia ciudadana, que así ignoraría a las víctimas.

En realidad, es un “juego de suma no – cero”; con oportunidades de ganancias y pérdidas repartidas para cada uno de los polos de la contradicción. Tanto para la paz como para la justicia. Se necesita, eso sí, que se tenga como objetivo principal a la conquista de la paz, en función de una mayor soberanía estatal y de una mejor justicia en el futuro. Y que además se tenga al castigo carcelario y a la justicia penal no como las únicas formas de aplicación de la ley en estos casos; pues también cabe la justicia restaurativa,  con todas sus implicaciones de arrepentimiento público, verdad y reparación a las víctimas, hechos todos estos que deben anteceder a la no repetición de los delitos. Dicha justicia enlaza con las tradiciones liberales que consagraban un tratamiento especial para el delito político y sus conexos; siempre en la perspectiva de ampliar el contrato social con más estado de derecho y mayor democracia inclusiva.

Es esa alternativa, pragmática, constitucional y moralmente razonable, la que está requerida de esos consensos internacionales buscados por el presidente, en manera de sortear frustraciones en el post-conflicto. De otro modo, las grietas dentro de la política interna o la incomprensión internacional, por más que se apoyen en el deseo de justicia, conducirán a que los colombianos aplacemos la paz, sin que dejemos de sufrir las injusticias y violaciones propias de la guerra.

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