Cristiana sepultura

Se ha dicho que el anuncio efectuado por el ministro Cristo de una reforma política es una cortina de humo para tapar el escándalo de Odebrecht. No lo creo así; es persona seria. Además, ese episodio de corrupción, cuyos pormenores aún ignoramos, constituye un sismo gigantesco que tonto resultaría ignorar.

Al parecer, el ministro vaciló cuando le preguntaron que si para los fines de esa reforma se utilizaría el expedito mecanismo del fast track o se procedería, en el caso de las reformas constitucionales, por la vía ordinaria prevista en lo que quede en pie de la Constitución de 1991. Para tratar de establecer el camino correcto, he vuelto a leer las 21 densas páginas del Acuerdo Final (AF), que contienen el vademécum para la configuración de una sociedad perfecta.

Y anárquica. Allí el estupefacto lector se entera de que “La definición de las garantías para la oposición requiere distinguir entre la oposición política ejercida dentro del sistema político y de representación, y las actividades ejercidas por organizaciones o movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer formas de oposición a políticas del gobierno nacional y de las autoridades departamentales y municipales” (P.37). O sea que se puede hacer oposición, tanto por dentro como por fuera del sistema político, al margen de la Constitución y las leyes de la República, o respetándolas. Da igual.

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Dicho lo anterior, he concluido que únicamente para las reformas a las instituciones y reglas electorales básicas se podría usar el procedimiento abreviado, cuya disponibilidad quedó establecida por la Corte Constitucional cuando dispuso que la refrendación popular y parlamentaria del AF en el fondo son la misma cosa, una innovación teórica absoluta; daría para premio Nobel de Ciencia Política si ese galardón existiera. (Cuestión distinta es que esa peregrina determinación judicial erosione de manera irreversible, en sentir de muchos, la legitimidad de los productos normativos que vía fast track se expidan).

Examinemos ahora algunas de las iniciativas ministeriales. La supresión de la Vicepresidencia es una idea que va y viene sin que se aporten argumentos definitivos en ningún sentido. El vicepresidente puede ser un apoyo fundamental para el primer mandatario o un solapado adversario. A Bolívar no le fue bien con Santander. Pastrana debe estar muy agradecido con el suyo, pero, sin duda, no Samper con De la Calle. El problema es que planteada en este momento parece ser una descalificación oblicua del papel que ha desempeñado Vargas Lleras.

El financiamiento integral de las campañas políticas por el Estado, medida que eliminaría las posibilidades de corrupción, tropieza con tres objeciones fuertes: (I) en las feroces batallas electorales es difícil que desaparezca la financiación privada así sea ilegal, sobre todo si la realizan terceros sin relación aparente con los candidatos; (II) como sería absurdo financiar las campañas de los “loquitos” que siempre aparecen, habría que establecer filtros –el riesgo de que ellos se usen para discriminar rivales es alto–; (III) los costos fiscales pueden ser excesivos.

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Tal vez la solución sea otra: mantener el financiamiento parcial mediante reembolso de gastos, pero generar mayores espacios en los medios de comunicación durante las campañas, patrocinados por el Estado. Avanzar del ágora física a la virtual, en la que no hay sancochos, ron y camisetas…

¿Voto obligatorio? No, gracias: la ciudadanía no se construye a la fuerza. En contra de la creencia usual, índices elevados de participación no son signo de desarrollo político. En Estados Unidos los ciudadanos votan menos que en Venezuela, así a los de este país les impongan todos los obstáculos imaginables y les roben los comicios.

Acierta el ministro en su propuesta de eliminar para el Congreso las listas abiertas que son fuente prolífica de corrupción y que tanto debilitan a los partidos políticos. Por el contrario, las listas cerradas reducirían el gasto, oscuro, por decir lo menos, que realizan los barones electorales y los contratistas que los financian. No vaticino que sea fácil, en este momento, sacar adelante esa iniciativa cuya conveniencia para el país es alta. Vale la pena intentarla.

Realizado este balance preliminar y parcial de las propuestas que el Gobierno se propone presentar, lo probable es que ellas cuenten con el respaldo de su coalición política, y tal vez de las FARC, que ya han anunciado su apoyo a un “gobierno de transición”, pero no con el de aquellos sectores de la oposición que –no se olvide– ganaron los últimos comicios. Pasaría entonces el Gobierno por encima de aquella regla de oro según la cual en un sistema democrático podemos estar en desacuerdo con todo, salvo las reglas de juego e, igualmente, sobre lecciones clarísimas de la historia nacional.

En 1860 una revolución triunfante derogó la Carta vigente y la sustituyó por la de 1863, la misma que, a poco andar, mediante otro golpe de mano, se declaró que había dejado de regir. En 1886, una coalición mayoritaria impuso una carta constitucional que fue el antecedente directo de la “Guerra de los mil días”. Estos fracasos contrastan con el éxito del Plebiscito de 1957, cuando una gran convergencia de todas las fuerzas políticas le permitió a Colombia superar la dictadura y obtener condiciones adecuadas (aunque no definitivas) para que hubiese paz y progreso. La Constitución de 1991, ahora amenazada de muerte, fue otro hito de concordia entre las fuerzas políticas que le ha servido a la República.

Los principios del “buen gobierno”, tan valorados por el presidente Santos, y el análisis de la historia nacional deberían inducir al ministro Cristo a conceder, por el momento, cristiana sepultura a sus iniciativas, salvo la relativa a la adopción de listas cerradas para la elección de Congreso. Bien podría retomarlas como banderas de una eventual aspiración presidencial en los comicios del año entrante. Sería un excelente candidato.