Juan Manuel Santos y la seguridad

La política de seguridad de la administración Santos es la continuación de ocho años de la doctrina de seguridad democrática del expresidente Uribe, con una paradoja: que éste no lo reconoce así, no la valida y no es solidario con la Fuerza Pública que tanto apoyó.

Hay una crisis de seguridad en Colombia desde hace 25 años, cuando se configuraron las dos grandes amenazas a la seguridad del Estado y la sociedad: las guerrillas de FARC y ELN y el paramilitarismo. Por supuesto que de muy distinta naturaleza las dos, las guerrillas como un poder alterno en búsqueda de imponerse a la fuerza, y el paramilitarismo como una confluencia de procesos mafiosos constituidos desde el narcotráfico, que se articularon a la derecha terrateniente, los círculos políticos de mayor raigambre de derechas, y sectores de militares alineados en la guerra contra el comunismo. Esta cuádruple articulación configuró un enorme poder, que subsiste hasta el día presente y que no deja de expresarse en la política colombiana.

El presidente Uribe ofreció la derrota de las guerrillas y abrió una operación de legalización del paramilitarismo: en ambas tuvo logros parciales, pero para nada definitivos. Tan definitivos, que ahora se pretenden mostrar como un "declive de la política de seguridad" y utilizar este argumento para golpear la administración del presidente Santos.

Toda la evidencia empírica sobre la dinámica del conflicto armado y la acción neo-paramilitar muestran que desde el año 2008 las guerrillas de FARC y ELN -de manera distinta- habían logrado un importante nivel de adaptación a la política de seguridad democrática, del mismo modo que se configuró una nueva –e integrada por muchos procesos anteriores- dinámica del no superado paramilitarismo.

Los estudios adelantados por Cerac, Cinep, Indepaz y Corporación Nuevo Arco Iris desde la sociedad civil, los reportes del ICG, Wola o la MAPP-OEA, muestran con diferentes énfasis y perspectivas metodológicas y conceptuales que grupos organizados de muy disímiles orientaciones ideológicas persisten y siguen afectando de manera dramática por lo menos un tercio del país, con el agravante de que las redes mafiosas han ganado espacio en las grandes ciudades.

La seguridad sigue siendo un tema central y no resuelto, ligado a una crónica situación de violación de derechos humanos y del DIH, a un control autoritario y criminal de territorios y poblaciones, a una sobre-representación del poder mafioso ligado a la parapolítica (tema tampoco superado) y a una sociedad que debe invertir demasiados sus recursos en seguridad.

En síntesis, está vigente el desafío de superar la vieja violencia guerrillera –ahora menor que la actuación- y la presencia neo paramilitar, en modalidades y lógicas de actuación diferentes. Es imperativo, de conjunto, garantizar una vigencia del Estado de Derecho consagrado en la Constitución en todo el territorio nacional.

La seguridad es uno de los temas críticos a la hora de hacer el balance del primer año de la administración Santos. Las encuestas evidencian que en este aspecto, el de la seguridad, la percepción mayoritaria es que hay un deterioro. Esto puede ser cierto, en cuanto a la capacidad de las guerrillas de actuar en zonas donde habían dejado de hacerlo, o debido a una mayor intensidad del conflicto en este año. Con las cifras en mano, se palpa una intensificación de las acciones de las FARC en el primer semestre de 2011, comparado con igual período del año anterior. La conclusión que de inmediato se saca, es que obedece al cambio de gobierno y a un deterioro de la voluntad de combatir a las guerrillas, o a una falta de iniciativa presidencial y un desánimo en las Fuerzas Armadas. Y son todas conclusiones erradas.

La voluntad de combatir a la guerrilla se mantiene como una prioridad del actual gobierno, en ello ha puesto todo su empeño y no se ha desmejorado en ningún sentido. Ni la inversión, ni los mecanismos de coordinación entre las Fuerzas Armadas han decaído. Se sabe de un permanente esfuerzo de reentrenamiento y actualización de equipos y tecnología para la acción contra las guerrillas, y el apoyo permanente a su acción copa parte importante de la agenda del Presidente y su equipo más cercano. En conclusión, hay continuidad en el propósito de atacar y afectar militarmente a la subversión.

Lo que sí ocurre es que esta acción ya no es tan eficaz, y se evidencia en los indicadores de deserciones, capturas y bajas, los cuales vienen a la baja. Pero no ahora sino desde el año 2008 cuando se vio que las FARC (de manera principal) se adaptó a la confrontación desarrollada por el Estado y lograron retomar cierta iniciativa militar de baja escala, centrada en el saboteo a la infraestructura y los bienes económicos, acompañado con una intensificación de francotiradores, campos minados y ataques a pequeñas unidades de Policía y Ejército: así es la guerra que se sigue viviendo, y que en 2011 tiende a intensificarse por la proximidad de las elecciones regionales de octubre.

En cuanto al combate a los neo-paramilitares, se evidencia una mayor iniciativa en algunas regiones. Por ejemplo, las operaciones sobre el Pacífico nariñense y caucano, y la desarrollada en el sur de Córdoba y su frontera con Antioquia, donde de manera significativa están siendo afectadas estructuras neo-paramilitares. Pero sigue requiriéndose una política de mayor envergadura, que permita afirmar que existe la firme voluntad de enfrentar los poderes mafiosos que mantienen una gran capacidad de incidencia y actuación sobre muchos territorios y poblaciones, los cuales han modificado sus modalidades operativas y hoy se centran en un complejo entramado de relaciones, con la constante histórica de mantener vínculos y alianzas privilegiadas con agentes estatales, no sólo dentro de la fuerza pública.

Si partimos de reconocer que la seguridad sigue siendo un tema álgido, y de constatar que las políticas que se desarrollan no logran una acción exitosa, la pregunta que hay que formularse es: ¿qué se requiere para garantizar la seguridad y lograr el anhelado monopolio legítimo de las armas para el Estado social y de derecho que nos propusimos en la Constitución del 91? Respuesta nada fácil, pero en la que yo arriesgaría dos variantes: la primera en el sentido de repensar la lucha contrainsurgente en un escenario privilegiado de comunidades y territorios. Es requisito sine qua non continuar confrontando a las guerrillas, para que se convenzan de buscar con seriedad un acuerdo político negociado, que permita abandonar la violencia como mecanismo de actuación política.

Esta tarea hay que hacerla con creatividad, respetando territorios y grupos humanos en crisis. No es sólo el caso del norte del Cauca donde las comunidades indígenas y afros no aprecian ni respetan al Ejército, al cual ven como fuerza de ocupación. El tema no es fácil de resolver, pero si la fuerza pública quiere avanzar en la iniciativa militar debe repensar su forma de actuación, y quizás el presidente Santos repensar a fondo su política de consolidación, la cual hace aguas en muchos territorios que se pensaban alejados de las guerrillas. La segunda variante, ya en la acción contra los neo-paramilitares, es jugársela a fondo en romper los lazos de estos fenómenos con agentes estatales. No es lo único, pero sí es fundamental.

La seguridad está en crisis, pero no desde el 7 de Agosto de 2010. Y la responsabilidad principal no recae en el gobierno Santos, sino en el anterior que vendió una imagen de derrota inminente de las guerrillas y un supuesto desmonte del paramilitarismo, y acuñó la fantasiosa imagen del “Fin del Fin”. Vana ilusión, pues cuando hablemos de seguridad no hay que buscar el muerto río arriba. Es conveniente más bien mirar para atrás y ver logros y limitaciones grandes, de modo que cuando veamos al futuro sea mejor afirmarse en la convicción que esta guerra de cincuenta años con FARC y ELN es mejor terminarla en una mesa donde se construya un acuerdo pactado, que vaya a las raíces del conflicto y que tiene que ver necesariamente con tierra y garantías de participación política.
La seguridad sigue siendo un tema crítico, como resultado de los ocho años de la administración de Álvaro Uribe y no por los doce meses del presidente Juan Manuel Santos.

* Luis Eduardo Celis es coordinador de la línea de incidencia política de la Corporación Nuevo Arco Iris.