Juicio al mal absoluto

Las espeluznantes declaraciones de Salvatore Mancuso sobre el verdadero alcance y la magnitud del dispositivo paramilitar a su cargo, deberían producir una profunda reflexión de nuestra sociedad –amén de una indignación profunda– sobre la disolución de la seguridad pública como atributo fundamental del Estado, sobre el deterioro extremo del derecho a la vida y sobre la banalidad del mal.

El jurista argentino Carlos Santiago Nino, a propósito de los juicios contra los militares por las atrocidades cometidas durante la dictadura, se planteó el tema de si es posible un juicio a lo que Hannah Arendt había llamado el mal absoluto, derivación del concepto kantiano del mal radical, que no es otra cosa que el mal que se causa contra estrictas prohibiciones de la ley y de la moral haciendo superfluo al ser humano en cuanto tal –pues hay una idea superior que justifica la supresión de la condición humana de alguna persona–, y que explicaría, entre otros graves crímenes de lesa humanidad, los campos de concentración, los gulag soviéticos y las dictaduras contemporáneas. Es el mal que se origina en los totalitarismos y que, según Arendt, no busca tanto restringir la libertad como paralizar mediante el miedo y la sospecha, y socavar los vínculos de confianza de las comunidades.

Es el mal que encarna en el terror totalitario, un mal que termina siendo banal porque quien lo ejerce no tiene la capacidad para dilucidar su naturaleza, habida cuenta de su incapacidad de reconocer la humanidad del otro, de la víctima. Esta es un número más, una cifra, como hemos podido verlo en las declaraciones del jefe paramilitar. Nino se pregunta en su libro Juicio al Mal Absoluto, si se puede llevar a los tribunales este mal absoluto, sobre si puede haber un juez o tribunal competente, independiente e imparcial para juzgarlo y si el mal absoluto cabe dentro de los límites del derecho.

Las confesiones de Mancuso, el número inconmensurable de las víctimas, el detalle de los fútiles móviles que explicaron los asesinatos, los pormenores de coordinación logística y de información con autoridades públicas, la impunidad en la que operaban esos ejércitos privados seleccionando víctimas, desplazándose por zonas de aparente control militar, ante la indiferencia de las autoridades judiciales y la indolencia y/o el aliento del entorno social en el que se cometieron estos crímenes, nos hacen pensar que estamos ante un ejemplo del mal absoluto. Podemos decir que en el interior de la democracia colombiana se desarrolló un dispositivo de violencia extrema que nos hace pensar en que de alguna manera, ésta ha sido nuestra forma soterrada de dictadura, de terror totalitario.

Por supuesto, es necesario no extremar los conceptos hasta el punto de hacerlos inocuos para expresar lo que se quiere, pero sin que la democracia colombiana haya perdido sus atributos de alternancia y competencia que tanto defiende el historiador Eduardo Posada Carbó, ésta se ha venido desarrollando junto con un dispositivo de control social y militar en paralelo al de la legitimidad institucional, dispositivo en el que han participado sectores del Estado y cuya autoría no se puede despachar con la olímpica tesis de los casos aislados y de ausencia de responsabilidad institucional. El resultado ha sido el de una democracia con una institucionalidad incapaz de ofrecer seguridad en vastas regiones de la geografía nacional a comunidades estigmatizadas de ser la base social de la guerrilla, que es la excusa con las que se las deshumaniza.

Una de las cosas que debe quedar al final de este proceso de sometimiento a la justicia por parte de los jefes paramilitares es la claridad sobre las distintas responsabilidades (por acción u omisión) de los diferentes sectores sociales y políticos, incluidos agentes del Estado, en el origen y la evolución del fenómeno paramilitar. Ahora, las declaraciones de Mancuso, en ese sentido, hoy producen escozor en muchos sectores de opinión, pero en realidad no constituyen ninguna novedad. En efecto, lo que se ha venido conociendo ha sido recogido por informes de inteligencia de los organismos de seguridad, por investigaciones disciplinarias y judiciales, por los informes de diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos e incluso por organismos intergubernamentales como Naciones Unidas o el sistema interamericano, y han servido de sustento a condenas por parte de la Corte Interamericana contra Colombia por algunas de estas masacres ahora reseñadas con frialdad y con cálculo estratégico por Mancuso, como en los casos de Mapiripán y del Aro-Ituango, donde se pudo comprobar la activa participación de miembros de la Fuerza Pública.

Este conocimiento del mal absoluto, como resultado de los ajustes que hizo la Corte Constitucional a la Ley de Justicia y Paz, al haber condicionado la conservación de los beneficios de reducción de pena al establecimiento de la verdad –lo que sin duda ha sido determinante para poder conocer todas esas atrocidades– debe servir de estándar para eventuales procesos de negociación o de sometimiento con otros grupos como el ELN o las Farc.

La sociedad colombiana está viendo, entre estupefacta y anestesiada, cómo se devela el terror paramilitar, pero también tiene derecho –especialmente las víctimas– de ver sentados en los estrados judiciales a los jefes de esos grupos ilegales contando su aporte al mal absoluto. Es deseable ver a Manuel Marulanda, al Secretariado y a los jefes de los distintos frentes contando sus propias atrocidades y asumiendo su responsabilidad pública. Igual se predica del Comando Central del ELN, ahora que se explora de nuevo una posible negociación con esa agrupación. Ese es un punto sobre el que no se puede ceder, algo ganado para la sociedad en este proceso con los paras.

Mancuso, con sus verdades a medias y calculadas para no perjudicar a actuales miembros de la Fuerza Pública y a políticos y empresarios activos o en ejercicio, de todos modos ha establecido con su actitud un mínimo sobre el que no se debe retroceder de cara al futuro, ajustándose desde ya lo relacionado con la exposición pública de dichas declaraciones y, sobre todo, el reconocimiento de las víctimas en esas diligencias, dado que hasta ahora el gobierno y la fiscalía las han excluido e ignorado –en defensa de la reserva sumarial– en una suerte de segunda agresión a su integridad.

Es evidente que de seguirse por esta línea de conducta de confesión de otros comandantes paramilitares, los hechos desbordarán la capacidad de respuesta de la Fiscalía y la verdad judicial no nos acercará a la verdad histórica como punto de llegada de una verdadera reconciliación. Por ello, hoy más que nunca se hace necesario volver a pensar el tema de la creación de una comisión de la verdad –que no es la que se conformó como apéndice de la Comisión de Reparación y Reconciliación con unos notables académicos bajo la dirección del historiador Gonzalo Sánchez–, sino una donde exista suficiente representatividad de distintos sectores de opinión para de esa manera juzgar al mal absoluto, juzgamiento que no desbordaría los parámetros de la Ley de Justicia y Paz, pues se mantendría el estándar de penas bajas y reparaciones integrales, pero se acentuaría el conocimiento de la verdad, y de esa manera terminar de hacer la catarsis colectiva que supone un proceso de esta naturaleza donde se pretende aplicar justicia transicional sin que se haya terminado el conflicto, pero en el que se aspira a garantizar su no repetición.

Hay quienes han señalado que estas exigencias altas de verdad constituyen fundamentalismo justiciero, revanchismo innecesario que impide que se llegue a buen término con un proceso que es de naturaleza política, donde los términos han sido definidos más allá del derecho y de la ética. Su pragmatismo, lejos de ayudar a que el proceso llegue a buen término, impide que éste se blinde hacia el futuro frente a otros gobiernos distintos del de Uribe, de la competencia de la Corte Penal Internacional y de las exigencias de extradición de parte de Estados Unidos. El oportunismo de corto plazo es el peor escenario al que le pueden apostar los jefes paramilitares y quienes defienden un proceso a pedir de boca de ellos.

El horizonte de reconciliación que se vislumbra en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, con verdades a medias, con poca justicia, con reparaciones limitadas y seguramente sin perdones públicos, puede ser sostenible y blindarse a las exigencias éticas de la comunidad internacional si se extirpa el mal absoluto, esto es, si se humanizan victimarios y víctimas, los primeros aceptando su responsabilidad y renunciando al terror, y los segundos aceptando su condición trágica, ofreciendo el perdón, pero recuperando su dignidad. Ahora bien, nada de ello será posible si no se reconstruye el Estado como principal garante de la vida y se restablecen las pautas de convivencia que hagan de nuestra sociedad una verdadera comunidad política.
jicuervo@cable.net.co

(*)Docente Investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.