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Opinión

  • | 2016/07/18 09:44

    Colombia y los líos en el sureste asiático

    La politización de la justicia no ha sido un problema exclusivamente de Colombia, sino que en ocasiones ha influido en los fallos de tribunales internacionales.

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La politización de la justicia no ha sido un problema exclusivamente de carácter doméstico, sino que en ocasiones ha influido en los fallos de tribunales internacionales.

La decisión de la Corte Permanente de Arbitraje sobre una demanda de Filipinas contra China por la propiedad de algunos cayos del archipiélago de las Spartlys y sus áreas marítimas adyacentes, ha aumentado las tensiones en el Mar del Sur de la China, donde además Brunei, Malaysia, Taiwan y Vietnam pretenden derechos sobre varias islas y cayos.

La situación se complicó a partir de 2013, después de que el año anterior la Corte Internacional de Justicia en su fallo sobre el caso Nicaragua y Colombia, en contra de lo sostenido por Nicaragua, por los Estados Unidos y por Inglaterra, estableció que una roca del banco de Quitasueño en el archipiélago de  San Andrés que emergía en pleamar, era una isla y generaba por lo menos unos 3600 kilómetros cuadrados de mar territorial.  

China coincidencialmente comenzó desde entonces a realizar obras para “hacer sobreaguar” algunos arrecifes y bancos sumergidos del grupo de las Spartlys, “volverlos islas” y construir en ellos pistas de aterrizaje y apostaderos navales. Los Estados Unidos enviaron unidades de la séptima flota para desafiar las acciones de China en esa área de crucial importancia estratégica.

La Corte Permanente de Arbitraje, que nada tiene que ver con la Corte Internacional de Justicia, señaló que una línea de nueve segmentos dibujada alrededor de las islas y cayos en un mapa de 1947, no le daba a la China derechos históricos sobre ellos ni sobre las áreas marítimas adyacentes. Afirmó, además, que los chinos han violado los derechos de Filipinas y causando graves daños al medio marino.

La decisión fue adoptada por cinco jueces, todos escogidos por Filipinas, ya que China debía designar dos de ellos y no participó en el caso. Más de sesenta Estados –no se sabe si Nicaragua- han respaldado la posición de China, que ha calificado al fallo como una jugarreta política con ropaje jurídico y como contrario al derecho internacional, advirtiendo que de ninguna manera le dará cumplimiento.

La Corte de Arbitraje, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, no es un tribunal sino un marco general para adelantar por acuerdo, arbitrajes o conciliaciones entre Estados, organismos internacionales e incluso entre entidades estatales o privadas. Para eso tiene disponibles casi dos centenares de jueces nominados periódicamente por los Estados partes.

China aduce que ni siquiera ha firmado las convenciones de 1899 y de 1907 por las que se creó la Corte Permanente, durante la dinastía Quing. Igualmente sostiene que no es parte de la Convención del Mar de 1982 en la que Filipinas igualmente apoyó su demanda.  

El 18 de Octubre de 1907, en medio de una constelación de representantes de reyes, emperadores y sultanes, ataviados con chaquetas con arabescos dorados, tricornios, cascos con altos penachos y con el pecho cubierto con un arco iris de condecoraciones, los plenipotenciarios de Colombia suscribieron la convención. El primer firmante fue anunciado pomposamente por el maestro de ceremonias: “el representante de su Majestad el Emperador de Alemania y Rey de Prusia, su Excelencia el Gran Barón Marschall de Bierber-Stein”

Nuestros delegados fueron dos generales de la Guerra de los Mil Días, Jorge Holguín y Marcelino Vargas, que estuvieron acompañados por Santiago Pérez Triana. No sabemos su indumentaria, ya que no teníamos rey, pero quien ejercía la presidencia era el general Rafael Reyes, que le hacía honor a su apellido.

(*) Profesor de la facultad de gobierno, ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.

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