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Opinión

  • | 2016/11/21 00:00

    Contra memoria ante la Corte

    El gobierno, modificando la decisión que había adoptado, presentó ante la Corte Internacional de Justicia la contra memoria en uno de los dos casos pendientes ante dicho tribunal.

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Sorpresivamente la semana pasada, modificando la decisión que había adoptado de no comparecer ante la Corte, el gobierno presentó la contra memoria en el caso de las violaciones que Nicaragua alega se han presentado por Colombia en el Mar Caribe.

Cualquiera que haya sido el contenido de dicho documento, el hecho es que su presentación implica que nuestro país si compareció ante el alto tribunal, al menos en ese caso. Si no hubiera sido así, Nicaragua hubiera podido solicitar a la Corte que fallara a su favor, lo que le hubiera implicado al gobierno una grave responsabilidad.

Como no hay suficiente información, no se sabe si se seguirá la misma conducta en el caso en el que Nicaragua pretende que la Corte, en contra de lo dispuesto en el fallo de 2012, establezca un nuevo límite entre la costa atlántica colombiana y el archipiélago de San Andrés.

Después del absurdo fallo en la fase de excepciones preliminares, dirimido por el voto preferente del presidente de la Corte, un franco-egipcio ex asesor jurídico del ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, que había demostrado su poca simpatía hacia Colombia.

Aunque según los reglamentos de la Corte los alegatos son de carácter confidencial, esa norma no tiene efectos internos para los Estados, sino que atañe a su publicación por parte del tribunal. Muchas veces los contenidos son explicados con mayor o menor detalle por los gobiernos en los ámbitos que considere apropiados.

Naturalmente sin llegar a su publicación y discusión como el acuerdo con las FARC, ya que la materia es aún más estéril y no son 297 o 310 páginas, sino en ocasiones, varios miles. Si los alegatos se tuvieran que publicar previamente para conseguir un consenso en un país en el que hay centenares de “expertos” como en el nuestro, éstos posiblemente jamás se podrían presentar ante la Corte.

En el caso de la demanda sobre plataforma continental extendida, el gobierno tiene hasta plazo hasta el 28 de Septiembre de 2017, para presentar su contra memoria o al menos para resolver si lo hace.

Así posiblemente el manejo del fallo, le correspondería a su sucesor. Ojalá que éste no vaya aducir que “nada tuvo que ver” como dijo el actual gobierno en el fallo de 2012, no obstante que al igual que los diez gobiernos anteriores, sabía muy bien que no existía un límite marítimo con Nicaragua y cuáles eran las opciones y riesgos que se enfrentaban. Incluso cuando la canciller trató de advertirlo públicamente, le llovieron rayos y centellas.

El afanoso respaldo al arbitraje obligatorio que prevaleció en nuestro país desde el siglo XIX, para tratar de demostrar nuestra vocación por las soluciones pacíficas, a pesar de que éramos una de las naciones más violentas del mundo, ha ido cediendo el paso a posiciones más pragmáticas y objetivas en esta materia. De todas maneras en el futuro, nuestro país podría acudir a la Corte siempre que sea de mutuo acuerdo con la otra parte.

No hay que olvidar que menos de 70 de los 193 países miembros de las Naciones Unidas han formulado declaraciones aceptando la jurisdicción obligatoria de la Corte y que hasta hace muy poco tiempo, ninguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tienen siempre un juez en la Corte, había aceptado la competencia obligatoria de ese tribunal: los fallos estaban reservados para “repúblicas bananeras”…

(*) Profesor de la facultad de gobierno, ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad del Rosario

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