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El dilema de las aspersiones

Afirmar que en un año se erradicarán los cultivos ilícitos no es realista. Pero si no se reducen, caeremos en la violencia de la que estamos tratando salir.

Juliana Londoño, Juliana Londoño
17 de septiembre de 2016

El Ecuador demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia el 31 de marzo de 2008, un mes después del ataque por un destacamento de las fuerzas armadas colombianas a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano.

Sin embargo, la demanda no la hizo por el ataque, sino por los efectos de las fumigaciones áreas que se habían realizado en zonas aledañas a la frontera. Específicamente en el sur-occidente del departamento de Nariño y en la margen colombiana del río Putumayo frente al Ecuador, en donde en el año 2000 se encontraba el 30% de la producción mundial de coca.

En el marco del Plan Colombia concertado por la administración Pastrana con los Estados Unidos, se contempló la erradicación de los cultivos ilícitos en todo el territorio nacional, incluyendo naturalmente la frontera con Ecuador, donde se encontraba el 74 % de ellos.

Cuando los cultivos fueran muy extensos, remotos o pudieran presentar riesgos para los campesinos y policías para su erradicación manual, se optaría por fumigaciones áreas. Las aspersiones se hicieron por la multinacional norteamericana DynCorp, bajo la dirección de la embajada de los Estados Unidos en Bogotá. La policía nacional colombiana tan solo se encargaba, lo que no deja de sorprender, de la escolta y seguridad a las aeronaves que llevaban a cabo las fumigaciones, en las que se usaba glifosato como principal ingrediente.

El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo y sus efectos varían, según la proporción que se utilice al mezclarlo con el agua; la composición de los demás ingredientes que se incluyan en la mezcla; así como las condiciones y métodos de aspersión.  

El Ecuador en su demanda expresó ante la Corte, que nuestro país había permitido la acumulación en territorio ecuatoriano de herbicidas que habían causado daños a la salud, a las propiedades y al medio ambiente. Solicitó una indemnización y un mandato de la Corte a Colombia para que suspendiera las aspersiones cerca de la frontera. Apoyó sus argumentos con conceptos de expertos y declaraciones de testigos que afirmaron que habían sido afectados por las aspersiones.

Colombia por su parte presentó estudios y conceptos de expertos y toxicólogos de renombre mundial, que demostraban que los supuestos daños por las aspersiones –que se habían suspendido un año antes de la demanda- ni la alegada acumulación de substancias tóxicas en territorio ecuatoriano, se habían presentado.

No obstante, independientemente de cuál pudiera ser el fallo de la Corte Internacional de Justicia, las fumigaciones aéreas no eran populares ni en Colombia ni el mundo y a ellas se oponían, incluso las autoridades colombianas vecinas a la frontera y la casi totalidad de los residentes. Luego de discretas sugerencias de funcionarios de la misma Corte, el gobierno colombiano logró que el Ecuador, bajo determinadas condiciones, retirara la demanda.

Colombia es el mayor productor de coca del mundo. Por lo tanto, afirmar que en un año con cualquier procedimiento que se utilice, tendrá éxito la estrategia que se ha pactado en La Habana para la erradicación de los cultivos ilícitos, es por decir lo menos “optimista”. Especialmente después que por mucho tiempo y por diversos métodos se ha luchado denodadamente sin resultados por ese objetivo.

La creciente existencia de cultivos ilícitos, derivada del incremento mundial y nacional del consumo, tiene una estrecha relación con las graves manifestaciones de criminalidad que padece nuestro país. Por consiguiente, por más esfuerzos que se hagan para lograr la paz, si los cultivos no se reducen significativamente, correremos el riesgo de caer nuevamente en la vorágine de violencia de la que estamos tratando afanosamente de salir…  

* Profesor de la facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario