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Opinión

  • | 2017/07/26 06:04

    Jurisdicción Especial para la Paz

    La paz era posible sin reformas constitucionales. Fue una decisión presidencial con déficit de legitimidad. Corte Penal Internacional podría juzgar crímenes de lesa humanidad. Justicia paralela, preferente, desnacionalizada, altamente beneficiosa para la guerrilla y gravosa para el Estado que asume la reparación a las víctimas.

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Algunas consideraciones generales sobre la aprobación del acuerdo final suscrito por el Gobierno y las Farc. Era posible celebrar dicho acuerdo dentro de la Constitución de 1991, sin necesidad de reformas ni de adoptar medidas constitucionales transitorias. Se trató de la imposición de una política gubernamental, con amplios sectores en oposición, estrechas mayorías en el Congreso, y un plebiscito adverso. En otros términos, fue una decisión presidencial con déficit de legitimidad. Además, el Gobierno no podía negociar válidamente reformas constitucionales.

Las leyes 35 de 1982 y 77 de 1989, concedieron amnistías e indultos para delitos políticos y conexos, excluyendo homicidios fuera de combate, como también los actos de ferocidad y barbarie, donde el Estado no asumía indemnizaciones, y no se consideraba la creación de una justicia especial para estos. Posteriormente, la Ley 742 de 2002, aprobatoria del Tratado de Roma, creó la Corte Penal Internacional para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, de guerra, genocidio y agresión. Así las cosas, era posible conceder amnistías e indultos para delitos políticos y conexos, y dejar a la Corte Penal Internacional el juzgamiento de los delitos de gravedad internacional de su competencia. Como todos sabemos, se acudió a la justicia de transición, en el sentido de privilegiar la restauración de los derechos de las víctimas, la verdad y la no repetición, con sustanciales beneficios y rebajas de penas para los victimarios, creando una nueva jurisdicción, salas, secciones y un tribunal, innecesarios.

La creación de esta nueva jurisdicción tiene algunas particularidades. Es una especie de justicia paralela, preferente, desnacionalizada, gravosa para el Estado, otorga un trato diferenciado para agentes estatales y particulares, y es altamente beneficiosa para los guerrilleros.

Se trata de una jurisdicción transitoria, ajena a la Rama Judicial, que no hace parte propiamente de la estructura del Estado, que crea un órgano de cierre conforme a sus normas y al acuerdo final, erróneamente constitucionalizado, que resuelve los conflictos de competencia y la revisión de tutelas, con decisiones de sus integrantes y en caso de duda a favor de ella. La Corte Constitucional modificará la forma de selección de tutelas contra la jurisdicción de paz y el cumplimiento de sus órdenes.

Se establecen distintas preferencias, donde debe prevalecer la jurisdicción especial de paz, pero la más llamativa consiste en el desconocimiento de la normatividad futura, prevista en el artículo 22 del Acto Legislativo 1 de 2017, que denota los temores a reformas venideras, derivados del déficit de legitimidad mencionado, que no solo es ingenuo sino inocuo, pues en derecho, las cosas se deshacen como se hacen.

Hay una suerte de sesgo a desnacionalizar la jurisdicción de paz, en un comienzo se había propuesto el nombramiento de magistrados extranjeros, con el resultado adverso del plebiscito se modificó a asesores extranjeros, que participarán con voz pero sin voto, sin embargo, se permite la intervención de abogados de cualquier país.

Si se revisa el acuerdo final se encuentra que la mayoría de las obligaciones y de las cargas son para el Estado, -a cambio de la dejación de armas-, y en materia de jurisdicción especial de paz se advierte con sorpresa que el eje esencial de reparación a las víctimas no corre por cuenta de los victimarios -los miembros de las Farc-, sino que debe ser garantizado por el Estado.

A lo anterior se suma que se juzgará a los miembros de la fuerza pública, que no son objeto de amnistía ni indulto, por todos los delitos cometidos en el conflicto, así como a agentes estatales y a particulares. La jurisdicción conocerá más casos de estos que de guerrilleros.

Por último, los miembros del grupo guerrillero son beneficiarios de amnistías e indultos, de las penas simbólicas de la justicia de transición, de la garantía de no extradición para ellos y sus familiares en segundo grado de consanguinidad, de participación política a pesar de la responsabilidad por delitos de gravedad internacional, sin mencionar apoyos, subsidios y proyectos de inversión.

Entonces, es una jurisdicción para juzgar mayormente a los servidores del Estado, a los enemigos de la guerrilla, con rebaja de penas, y para atribuir al Estado la reparación de las víctimas.

*Abogado Constitucionalista

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