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Opinión

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El caso del general Farouk Yanine, acusado de organizar grupos paramilitares que practicaban el secuestro extorsivo y el homicidio agravado, acaba de pasar de la justicia civil a la justicia penal militar por decisión de cuatro magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Otros tres magistrados opuestos al traslado no asistieron a la sesión en que se debatió el asunto. Habria dado lo mismo, pues eran sólo tres. Pero el problema no es aritmético, sino semántico, jurídico, ético y, sobre todo, práctico.Lo primero se refiere a qué se entiende por "delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio", que son los únicos que, según la Constitución, corresponden a la justicia militar. Para los tres magistrados minoritarios, el homicidio y el secuestro no son "actos relacionados con el servicio", aunque quien los ejecute sea un militar en activo, como sí pueden serlo, digamos, la deserción o la desobediencia a un superior; son actos extracurriculares, por así decirlo; y en consecuencia a quien corresponde definir si son o no delitos, y juzgarlos en caso de que lo sean, es a la justicia ordinaria, y no a los jefes o los compañeros del militar implicado. Para los cuatro magistrados mayoritarios, en cambio, todo acto de un militar en activo es un "acto de servicio", sea el que sea: hurto, peculado, secuestro. Basta con que el militar lo ejecute de uniforme y en uso _o abuso_ de sus funciones. Y deben juzgarlo entonces los jueces militares.El argumento semántico me parece ofensivo para la inteligencia. Tal vez esto se vea más claramente aplicado a otras profesiones tan particulares como la militar. Así, si un médico supervigila un caso de tortura para evitar, ejerciendo su oficio y con su bata blanca, que la víctima se les muera entre las manos a sus atormentadores, el caso correspondería al Colegio de Médicos, y no a los jueces penales. Si un político, para hacer política, compra fraudulentamente un cargo público, el asunto sólo deben juzgarlo los colegas del político (hemos visto casos recientes). Si un cura se desabotona la sotana para violar a un niño durante unos retiros espirituales, el abuso compete a los tribunales eclesiásticos con arreglo al derecho canónico.El segundo problema es jurídico: si debe existir, o no, la justicia penal militar. El ministro de Defensa Juan Carlos Esguerra, fino jurista, la defiende diciendo que "es una justicia especializada y obedece a una serie de razones y es tan respetable como cualquier otra". Pero la aberración jurídica consiste justamente en que haya varias justicias 'especializadas', tan respetables las unas como las otras. Una médica para que juzgue a los médicos, una bancaria, integrada por banqueros, para que juzgue a los banqueros, una de taxistas para que juzgue a los taxistas. Hasta la explicación luminosa del ministro Esguerra, uno de los principios fundamentales del derecho era que lo que se juzga es el delito, no el delincuente. Y la especialización de la justicia en distintas ramas penal, civil, administrativa se refería al tipo de delito, y no a la profesión del presunto delincuente. El control corporativo de los profesionales por su propio gremio de los militares, de los periodistas, de los juristas no sustituye a la justicia, sino que, en el mejor de los casos, se suma a ella.El tercer problema es ético: lo ilustra el jurista Esguerra diciendo que él "no acepta la insinuación de que la justicia penal militar es síntoma o sinónimo de impunidad". Pero no se trata de una simple insinuación, sino de una aseveración respaldada por muchos decenios de experiencia. Cien veces ha sido condenada la Nación (o sea: todos nosotros) a pagar indemnizaciones por torturas o desapariciones practicadas por miembros de la fuerza pública, y la más grave sanción que los responsables han sufrido ha sido, a veces, rara vez, la suspensión de su sueldo por un día o una semana. Lo cual nos lleva al último punto: que además de ser una falacia semántica, una aberración jurídica, una farsa ética, la justicia militar es, en la práctica, inoperante.¿Por qué la defienden entonces? Pues precisamente porque es una justicia inoperante. No la defienden por razones semánticas, ni éticas, ni jurídicas, sino prácticas. Porque su inoperancia garantiza la continuación sin estorbos de la 'guerra sucia' adelantada con la ayuda de grupos paramilitares que cometen homicidios y secuestros extorsivos, amparados por la fuerza pública a la cual a su vez amparan sus 'jueces naturales' (sus jefes), que a su vez son mantenidos en ese papel aberrante por los malabarismos jurídicos y semánticos del ministro Esguerra y de los magistrados de su onda. Consideran ellos que estamos en guerra, y que la única manera de ganarla es haciéndola sucia. Impunemente.Pero no lo insinúe, doctor Esguerra. Dígalo de frente. Y no tenga para decirlo escrúpulos de índole 'democrática', porque en esa opinión no está solo. Lo acompaña su predecesor Botero, que no era jurista, y su presidente Ernesto Samper, y los cuatro magistrados mayoritarios, y las fuerzas armadas en pleno, y la casi totalidad de la clase política, y buena parte de la prensa, y, prácticamente en masa, las clases llamadas 'pudientes', y amplísimos sectores de la clase media. Aritméticamente, usted gana, señor Ministro.Sólo la realidad, terca, se empecina en demostrar lo contrario: que con la guerra sucia no se gana la guerra, sino que se ahonda y se eterniza.
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