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Opinión

  • | 2013/10/29 00:00

    Las enseñanzas de la jurisprudencia internacional sobre acuerdos de paz

    Los rebeldes pueden recibir amnistías si los gobiernos lo deciden pero el Tribunal indicó que esta decisión impediría el juzgamiento de estos.

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Tanto el presidente de la República como el fiscal General de la Nación han planteado la necesidad de sacrificar algo de justicia (amnistías parciales) para firmar un acuerdo con las FARC bajo el marco jurídico para la paz y al amparo de las negociaciones de La Habana. Dicho acuerdo será sometido a un referendo electoral en el 2014. Las amnistías no están prohibidas explícitamente en el Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), ni en su régimen probatorio y de procedimiento. En las negociaciones del Tratado de Roma, los Estados participantes decidieron que el articulado que regula las actuaciones de la CPI guardara silencio sobre el particular. Por lo tanto hay un vacío en el régimen de la CPI que debería ser subsanado.
 
Lo anterior representa un dilema fundamental para el Derecho Internacional como disciplina. Será la misma jurisprudencia de la CPI la que se encargaría de definir si las amnistías concedidas a los criminales de guerra bajo un acuerdo de paz serían aceptadas como defensa procesal ante eventuales actuaciones de la oficina del Fiscal de la CPI y en los procedimientos penales ante la misma Corte. 

Sin embargo, varios fallos judiciales del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y el Tribunal Especial para Sierra Leona han concluido que los Estados tienen la obligación de investigar y juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad.
 
En el caso Tadic, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia declaró que una violación grave del derecho internacional humanitario debe implicar, en virtud del derecho consuetudinario o convencional, la responsabilidad penal individual de la persona que viola los convenios de Ginebra. 

En el caso Furundžija, el Tribunal declaró que a pesar de que los estados pueden expedir leyes de amnistía para facilitar un acuerdo de paz, este hecho no puede impedir el juzgamiento de criminales de guerra ante una jurisdicción internacional. Fue el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que estableció el estatuto del Tribunal para juzgar a las personas responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el contexto del conflicto interno en la antigua Yugoslavia, en particular en Bosnia y Herzegovina.
 
El Tribunal Especial para Sierra Leona, creado en virtud de un acuerdo internacional entre Naciones Unidas y el gobierno de Sierra Leona, ha proferido jurisprudencia que puede orientar la discusión en Colombia. Dos acusados, Morris Kallon y Brima Bazzy Kamara, presentaron una moción preliminar para controvertir la competencia de este Tribunal. En primer lugar, alegaron que el gobierno de Sierra Leona estaba obligado a cumplir una amnistía concedida en virtud del artículo IX del Acuerdo de Paz de Lomé. 

En el marco del Acuerdo de Lomé, el gobierno de Sierra Leona se comprometió a conceder un indulto a todos los combatientes y colaboradores del Frente Revolucionario Unido (FRU), conocido por mutilar a los niños del conflicto. En segundo lugar, la defensa argumentó que el Acuerdo de Lomé obligaba al gobierno de Sierra Leona y el FRU ya que era un acuerdo internacional regido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En tercer lugar, los acusados señalaban que en el momento de la firma del Acuerdo de Lomé fue ampliamente aceptado que el precio de la paz era una amnistía para las facciones en guerra. Los acusados sostuvieron que las obligaciones derivadas del Acuerdo de Lomé, considerado como un acuerdo internacional, no podían ser modificadas por tratados posteriores sin el consentimiento de las partes.
 
El tribunal dictaminó que las amnistías concedidas en el marco del Acuerdo de Lomé no eran válidas porque a pesar de que se pide a los insurgentes cumplir las disposiciones del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, este hecho por sí mismo no dotaba al FRU con personalidad internacional. Los grupos guerrilleros no gozan de una capacidad de firmar tratados internacionales.
 
Además, el tribunal sostuvo que no hay ninguna norma en el Derecho Internacional que exige a los estados juzgar el delito de rebelión. Por lo tanto, los rebeldes pueden recibir amnistías e indultos si los gobiernos decidan concederlos. Sin embargo, el Tribunal indicó que la decisión de conceder amnistías a criminales de guerra impediría el juzgamiento de estos ante tribunales internacionales o por otro estado alegando jurisdicción para juzgar. Por último, la Corte argumentó que, dada la obligación de juzgar o extraditar a criminales de guerra, la concesión de amnistías para delitos de lesa humanidad representa una violación del derecho internacional. En consecuencia, el tribunal dictaminó que las amnistías están prohibidas como defensa procesal ante tribunales internacionales.
 
Para terminar, la CPI debería tener en cuenta esta jurisprudencia internacional y utilizar el caso colombiano (no hay duda que el gobierno Santos terminará por conceder amnistías tanto para los militares de los falsos positivos como para los comandantes de las FARC) para que resuelva de una vez por todas el dilema entre justicia y paz.

*Abogado de la Universidad de la Sabana y exfuncionario del Ministerio de Defensa. Realizó el Curso de Negociación y Resolución de Conflictos en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard. Es máster en Derecho Internacional de Escuela Fletcher de Leyes y Diplomacia de la Universidad de Tufts. Él es un columnista invitado del Fletcher Forum of Global Affairs.
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