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Opinión

  • | 2013/11/29 00:00

    Justicia no es competente para autoreformarse

    Lamentablemente los tres Poderes Públicos, tienen un engranaje y dependencia entre sí, que no les permite actuar con independencia frente a la Reforma de la Justicia.

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Aunque por norma constitucional, los tres poderes públicos, tienen funciones separadas, pero podrán colaborarse armónicamente para efectos de sacar adelante planes y programas de desarrollo en bien del País, por lo general, estos postulados no se cumplen, puesto que la mayoría de las veces, la funcionalidad de los mismos, se convierte en amancebamiento permanente: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en un solo cerebro, con una concentración de Poder en cabeza del ejecutivo. 

Hay que aplaudir las buenas intenciones del Señor Ministro de Justicia, doctor Alfonso Gómez Méndez, para entrar en diálogo con las Altas Cortes,  y demás instancias del Estado, con el fin de estructurar un proyecto de Ley, que nos permita una Justicia: honesta, pronta y cumplida, que desde hace muchos años, venimos reclamando con urgencia los Colombianos. 

No existe actualmente institución Estatal, que pueda alzar la bandera de la justicia en alto, para decir con dignidad que está en capacidad de presentar al País un proyecto de Ley para la restauración: moral de la Justicia. 

En los últimos años hemos asistido a los más vergonzosos episodios de corrupción dentro de los Organismos del Estado, sin que el poder Judicial como debería serlo, esté exento de ello. 
El País aún no sale de su asombro al ver el escándalo que se suscitó en torno al carrusel de los magistrados auxiliares, que con solo trabajar por un período de meses, salen con una pensión vitalicia de hasta quince y más millones de pesos. Todo esto para peor vergüenza, apadrinados por los Magistrados Titulares, que deberían ser la máxima majestad de la Justicia, pero que, lamentablemente por este caso y muchos otros más, se han convertido, en la peor vergüenza para el País y del Mundo. Con algunas excepciones, claro está.

¿Qué decir de la morosidad de la Justicia? Son miles los demandantes y demandados, que tras años y años de esperar un fallo judicial, finalmente mueren de angustia, dejando a sus familias en el más completo  abandono y desolación. La Justicia Penal, Civil, Laboral y Administrativa, en muchos casos hay que moverlas con coimas, o para peor desgracia con  procesos arreglados. 

Causa verdadero escozor leer ciertos fallos judiciales que no corresponden a la realidad jurídica, dando la sensación que los “Honorables Magistrados” ni siquiera tuvieron la delicadeza de leer los expedientes, simplemente los dejaron a voluntad de los Magistrados Auxiliares y sustanciadores.

Otro caso aberrante, producto de la mala Administración de Justicia, es lo que viene sucediendo con los hacinamientos carcelarios. Llevamos años, tratando este tema tan denigrante, y sin embrago el problema nos ha quedado tan grande, que ya hemos acudido a varias instancias internacionales para tratar de solucionarlo, lo que me parece desde todo punto de vista un exabrupto, puesto que, los males que son endémicos, no deben tener incidencia en otras latitudes de Administraciones de Justicia de países foráneos.

Considero que para solucionar este problema tan angustioso, al Gobierno, no le va a quedar otra alternativa que declarar la Emergencia Carcelaria.

 A través de esta columna, propusimos: “El Programa del Plan Padrino de descongestión Carcelaria” el cual fue consultado con varios expertos en el tema, que lo consideraron viable, sin embargo, aún no hemos sido escuchados.

Hay internos que están pagando condenas injustas, con pleno conocimiento de causa del Juez que las dictó, no han valido los recursos interpuestos por sus familiares o allegados. Se conoce también casos de internos que ya han cumplido sus condenas, pero, lamentablemente no hay quien interceda por ellos, para lograr su libertad.   

Todos estos casos se están presentando, puesto que las máximas instancias de la Administración de Justicia, son apéndices del Congreso de la República, santuario donde se cometen los más tenebrosos chanchullos, negociados y peculados en contra de los ciudadanos, la Administración Pública y de Justicia.

En nuestro País, los Actos Administrativos y de Justicia, jamás podrán ser diáfanos, puesto que quienes los dictan, provienen de un órgano Legislativo que constantemente está en la picota pública y por lo tanto no garantiza que sus decisiones sean de una transparencia absoluta, si acaso relativa. 

Esperamos que esta vez, el tema se maneje con mayor seriedad y ponderación, ya vimos el año antepasado cómo dicho proyecto provocó un escándalo de tal magnitud, que aún no cesan los chaparrones, puesto que la Corte Suprema de Justicia está próxima a fallar en contra de los Senadores y Representantes que la conciliaron a sabiendas que no podían hacerlo, y no se declararon impedidos.  

Por lo anteriormente expuesto, considero que para obtener un Proyecto de Ley que proponga una pronta y cumplida Justicia, se debe agotar todo un proceso con universidades y fundaciones más reconocidas, que desde años atrás vienen abogando porque sea de plena garantía para el ciudadano. 

Considero, que dadas estas aseveraciones, valdría la pena que una nueva Reforma, y sus instituciones, junto con el nombramiento de Magistrados de las Altas Cortes, se, haga a través del Constituyente primario. Aunque suene a exageración sería la única solución  para depurarla en todas las instancias de la vida Nacional. Lo anterior no quiere decir que los Magistrados de las Altas Cortes, se elijan por votación popular, pero sí que se haga a través de otros mecanismos, con el fin de evitar los compadrazgos y nombramientos en contubernio. 

mail: urielos@telmex.net.co

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