¿Qué está pasando en Justicia y Paz?

Tras ocho años de vigencia la Ley 975, conocida como de Justicia y Paz, que trazó el camino jurídico para juzgar a los paramilitares que se desmovilizaron bajo los acuerdos entre el gobierno nacional y el Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), parece que se ha perdido la claridad en su aplicación y lo que se presumía como un camino expedito para aplicar justicia transicional, se está convirtiendo en un entramado de debates jurídicos que afectarán no solo el cumplimiento de las metas en cuanto a condenas de se refiere, sino el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

El último capítulo de esas divergencias que enfrenta a fiscales y jueces de Justicia y Paz se presentó en Medellín, cuando el Fiscal 45 Delegado ante la Unidad de Justicia y Paz recusó a la Sala Mayoritaria de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, compuesta por los magistrados Rubén Darío Pinilla Cogollo y María Consuelo Rincón. 

En esencia, puso en duda la imparcialidad de los magistrados en relación al proceso que se le sigue al exjefe paramilitar y confeso narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, pues al decir del Fiscal, esa Sala ya lo excluyó de manera anticipada al proferir una decisión que marginó de los beneficios de la Ley 975 a siete exintegrantes del Bloque Cacique Nutibara en un Auto proferido el 4 de septiembre del año pasado.

Para respaldar esa decisión, la Sala Mayoritaria de Justicia y Paz expuso entre otras razones, que alias ‘Don Berna’ continuó delinquiendo, que la llamada ‘Oficina de Envigado’, bajo su mando, prolongó sus acciones más allá de la desmovilización de los bloques paramilitares que controlaba y que, sin duda alguna, la dejación de armas de los 868 integrantes del Bloque Cacique Nutibara fue “aparente o ficticia”, al punto que como lo reconoce la propia Fiscalía, sus integrantes fueron el insumo principal en la conformación del Bloque Héroes de Granada.

En esencia, la Sala Mayoritaria de Justicia y Paz no dijo nada novedoso. Esa trampa al proceso que hiciera alias ‘Don Berna’ y los criminales que lo rodeaban fue de pleno conocimiento entre las comunidades sometidas a su control, situación denunciada constantemente por asociaciones comunitarias y organizaciones no gubernamentales sin que las autoridades, incluida la Alcaldía de Medellín, admitiera esa realidad.

Lo que sorprende ahora es que el Fiscal 45 Delegado ante la Unidad de Justicia y Paz  manifieste públicamente que su propósito es mantener en el proceso de justicia transicional a alias ‘Don Berna’, sin adentrarse en el estudio de los requisitos de elegibilidad previstos en la Ley 975, considere que no se le están dando las garantías procesales y cuestione a los magistrados por sus afirmaciones, cuando todas las evidencias muestran que con sus estructuras ilegales transformadas en una gran empresa delictiva, regida por la llamada ‘Oficina de Envigado’ continuó delinquiendo aún después de desmovilizadas todas sus estructuras paramilitares.

No puede olvidarse que ese Auto de exclusión de los siete exparamilitares del Bloque Cacique Nutibara es el mismo que incluyó una solicitud de investigación al expresidente y hoy senador electo, Álvaro Uribe Vélez, y a una decena de militares y funcionarios judiciales, incluido el mismo Fiscal 45 Delegado ante la Unidad de Justicia y Paz, Albeiro Chavarro Ávila, para que se “evalúe el cumplimiento de sus funciones”.

Lo que han dicho algunas víctimas y abogados cercanos al proceso de juzgamiento de alias ‘Don Berna’ es que este fiscal viene haciendo una regular tarea de investigación de los crímenes perpetrados por los hombres bajo el mando de este exjefe paramilitar y se ha concentrado en reconstruir los hechos solo desde la perspectiva de los victimarios, sin tener en cuenta algunas de las recomendaciones de quienes padecieron en carne propia los ataques de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada. Prueba de ello es que en el escrito de formulación de cargos desestimó las solicitudes de aclaraciones y precisiones que presentaron los representantes de víctimas en la diligencia de formulación de imputación celebrada en septiembre de 2012.

Los que hemos presenciado las audiencias conducidas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín constatamos la rigurosidad y la exigencia que aplican a la hora de evaluar la información que entregan los fiscales al momento de presentar los hechos perpetrados por las estructuras paramilitares durante sus años de operación. Reclaman claridad, coherencia, precisión y, ante todo, un profundo respeto por las víctimas, constatando incluso cuántas de ellas tienen representación legal, encontrando que un gran porcentaje de ellas carecen de abogado que las represente.

He sido testigo de regaños a fiscales por hacer mal la exposición de los casos, por ser imprecisos en los señalamientos, por evidenciar vacíos de información en hechos relacionados agentes del Estado, por presentar de manera mediocre casos de gran relevancia.

Y es tal vez esa rigurosidad la que intenta esquivar el Fiscal 45 Delegado ante la Unidad de Justicia y Paz al recusar a la Sala de Justicia y Paz. Ya se conoce el talante del magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, ponente del Auto en el que se solicitó investigar a Uribe Vélez y otros personajes de la vida nacional, respaldado por la magistrada María Consuelo Rincón Jaramillo y con salvamento de voto del magistrado Juan Guillermo Cárdenas, por tanto es muy probable que lo que se pretenda con esa recusación es trasladar el caso a Bogotá, con todo lo que ello significa para las víctimas y sus abogados.

De acuerdo con lo que me explican algunos juristas, el Fiscal 45 pudo actuar de una manera más sutil, recurriendo, por ejemplo, a una solicitud privada para que por lo menos Pinilla Cogollo y Rincón Jaramillo se declararan impedidos para conocer los hechos que se le imputaron a alias ‘Don Berna’. No obstante, el funcionario tomó el atajo más directo y públicamente, en audiencia de control de legalidad, solicitó la recusación.

El debate jurídico suscitado en torno a Murillo Bejarano enreda y dilata las acciones de la justicia contra este exparamilitar, a quien no se le ha visto mayor compromiso con la verdad, afectando así el derecho de las víctimas. Algo pasa en Justicia y Paz y alguien debería salir a aclarar las cosas para evitar suspicacias.