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Opinión

  • | 2013/11/25 00:00

    El proceso de paz a la luz del derecho internacional

    Se debe llegar a un acuerdo frente a quienes se les imputarán las conductas punibles y se les aplicará el régimen penal transicional.

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La semana pasada esta revista realizó el Primer Congreso Internacional de Fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación en justicia transicional. En el que reconocidos académicos, funcionarios y exfuncionarios nacionales e internacionales dialogaron acerca de los retos de la Fiscalía en esta materia y obviamente el proceso de paz visto desde las obligaciones del derecho internacional.

De lo expresado, se pueden sacar varias conclusiones en las que la mayoría de los participantes estuvieron de acuerdo. Lo primero que hay que señalar es que cuando se habla de justicia transicional, no se habla de una justicia “light” o una justicia exótica, sino que es real y que atiende las necesidades de las víctimas, cumple con los propósitos de verdad, justicia y reparación y, como su nombre lo indica, significa hacer la transición de un Estado de guerra a uno de paz; que no siempre es fácil, pero es posible.

Además de lo anterior, se parte de la justicia penal con sus dos componentes: la penal restaurativa, que busca que las víctimas sean atendidas, y la penal punitiva, que solamente se enfoca en los victimarios. 

Entonces para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por Colombia, léase Corte Penal Internacional, es necesario que se haga un reproche social a las conductas cometidas por los máximos responsables. Esto no necesariamente implica penas de cárcel, sino que tal como lo hicieron en España, para negociar y acabar con el terrorismo, se pueden acudir a mecanismos como la prisión domiciliaria, los regímenes penitenciarios abiertos, entre otros, y creería que aplicar el mismo código penal colombiano, que establece como pena principal la interdicción de derechos y funciones públicas, por un tiempo determinado a los principales responsables.

El asunto se centra en establecer quiénes serían los máximos responsables. Para eso hay criterios, pero se debe llegar a un acuerdo frente a quienes se les imputarán las conductas punibles y se les aplicará el régimen penal transicional.

Otro elemento común a destacar dentro de esta clase de justicia son las víctimas. Ellas son el principal objetivo, razón por la cual la verdad se convierte en un factor fundamental: saber dónde están los desaparecidos, por qué se realizaron determinados actos contra ellos o simplemente acudir ante estas a pedir perdón por lo ocurrido. La justicia transicional sin verdad y sin perdón, esto es sin reconocimiento al sufrimiento de las víctimas, no es justicia.

Otro aspecto a resaltar que fue analizado y que genera cierto consenso es que dentro de esta clase de procedimientos deben incluirse a los agentes del Estado. Ellos también deben participar de la justicia transicional y ser parte del reconocimiento que han cometido conductas punibles en el marco del conflicto armado, que deben reparar a las víctimas, contar la verdad de lo sucedido y reintegrarse a la sociedad. Si se quiere mover hacia adelante en términos de paz y reconciliación, este actor debe involucrarse para ayudar a sanar las heridas.

En conclusión, nos encontramos frente al deseo, el valor y el derecho a la paz, pero que no salga tan cara que no se pueda hacer, que no salga tan barata que las víctimas o la sociedad queden insatisfechas, el justo medio es lo que define el proceso de paz y para eso está la justicia transicional.

*Profesor en la Universidad del Rosario y la Universidad Libre. Magister en Política Criminal y Derecho Penal Internacional del London School of Economics.
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