Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2004/01/26 00:00

Justicia USA

Invirtieron la milenaria garantía de la carga de la prueba. Ahora son los sospechosos los que deben demostrar que no son culpables

Justicia USA

Diversos organismos persecutorios de los Estados Unidos le piden al gobierno de Alvaro Uribe que entregue en extradición a los hermanos narcotraficantes Rodríguez Orejuela para que vuelvan a ser juzgados allá, y sean nuevamente condenados allá, y paguen allá cadena perpetua encadenados y sin ver la luz del día, como

tienen ya desde hace meses a Fabio Ochoa y desde hace años a Carlos Lehder. ¿Los entregará el gobierno?

También le piden, por otra parte, a Ricardo Palmera, llamado 'Simón Trinidad', uno de los comandantes de las Farc. Porque los de las Farc están acusados en los Estados Unidos no solamente de narcotráfico, como los anteriores, sino también de terrorismo: ese verdadero 'pecado contra el Espíritu' de los últimos tiempos.

¿Y si encima le piden además a su aliado Carlos Castaño, el jefe de las Autodefensas (acusadas también de terrorismo)? ¿Qué hará el gobierno de Uribe? ¿Entregarlo también, para que se pudra en una cárcel norteamericana, o, quizás al revés, para que negocie con los tribunales de allá para que lo admitan en un programa de 'protección de testigos' a cambio de denunciar a alguien más importante?

Ni siquiera el gobierno español de José María Aznar, el más arrodillado (más que el inglés de Tony Blair) ante el presidente George W. Bush en su 'guerra contra el terrorismo', ha extraditado a los detenidos en España por sospechas de pertenecer a organizaciones terroristas como la Al Quaeda de Osama bin Laden. No los ha extraditado porque ni siquiera el ultraderechista Aznar puede fingir que ignora que la justicia norteamericana es una farsa: casi lo contrario de lo que se ha entendido por justicia desde que existe el derecho. Digamos que desde hace unos cuatro mil años: desde el famoso código del rey Hammurabi de Babilonia. La justicia penal norteamericana, con sus regateos de penas, su protección de testigos, su compra de pactos al margen del tribunal, su costumbre del soborno, tiene poco que ver con la justicia, es solamente una rama técnica del mantenimiento del orden establecido. En el fondo es solamente la ornamentación de la Ley de Lynch: aquel famoso juez patriota de los tiempos de la independencia norteamericana que inventó el linchamiento para castigar a los negros y a los ingleses.

Y eso se ha vuelto aún peor desde que este segundo Bush ocupa (fraudulentamente: pero esa es otra historia, ya enterrada) la presidencia de los Estados Unidos, y tiene al señor Ashcroft como ministro de Justicia y al señor Barry como (neo) ministro de la Protección Patriótica. Ante las leyes que estos dos neo-juristas han presentado y hecho aprobar por un Congreso aterrorizado de ser acusado de falta de patriotismo, y ante las prácticas que han impulsado con el pretexto de los atentados del 11 de septiembre, hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos está escandalizado. Esa invención, por ejemplo, de la figura del 'combatiente ilegal' enemigo, para que no tengan ningún derecho de defensa (y ni siquiera una existencia jurídica clara) los talibanes capturados en la guerra de Afganistán y hoy presos en la base norteamericana de Guantánamo, en Cuba, desde hace ya dos años. O la inversión de la milenaria garantía de la carga de la prueba: ahora son los sospechosos los que tienen que demostrar que no son culpables, en vez de ser los acusadores quienes tienen que probar que sí lo son. (Con una sola excepción: la del joven Johnny Walker, talibán, pero norteamericano. Pues a la vez que el gobierno de los Estados Unidos se arroga el privilegio de juzgar -sin fórmula de juicio: lo de 'juzgar' es un decir- a los extranjeros, se arroga también el de prohibir que los ciudadanos norteamericanos puedan ser juzgados por tribunales extranjeros o internacionales).

Volviendo a lo anterior: la justicia norteamericana es hoy en día, más que nunca, una farsa siniestra.

El gobierno de Alvaro Uribe, en su sometimiento a lo que mande el más fuerte, ha enviado ya a casi un centenar de colombianos a que sean juzgados en los Estados Unidos, donde habían sido condenados de antemano. Otros ciento y pico están esperando turno para ser entregados a esa caricatura de justicia: a esa farsa inmoral, a ese linchamiento.

Señor presidente Uribe: todos entendemos que Bush manda: porque el que manda, manda. Pero ustedes, los que obedecen ¿no tienen a veces un poquito de vergüenza?

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