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Opinión

  • | 2016/05/23 16:55

    Erradicación, pedagogía y legitimidad

    Es importante que desde ya se hagan esfuerzos de divulgación de los acuerdos y la metodología de la Habana en los sitios más apartados del país.

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Caían casi las 6 de la tarde cuando llegamos a la casa de una importante lideresa local en un lugar remoto del departamento de Guaviare. Nos sentamos a hablar de la paz, el posconflicto y lo que es para ella la realidad de estos asuntos; ella fue muy clara. “Aquí estamos en contra del proceso de paz. Se va la guerrilla y llegan (otros) a robar y matar”. Sigue, “Es que hemos sido muy maltratados por el Estado”. En otra parte, en Putumayo, algunos líderes han expresado lo mismo, que sin la guerrilla no solo habrá problemas de robo y violencia, sino que llegarán el Estado y las Fuerzas Militares, lo cual les da miedo. Aunque estas opiniones son de una minoría – pues hay otros que sí quieren ver la salida del FARC, -  es una minoría que puede tener mayores efectos en la paz territorial.

En ambos lugares las comunidades han estado luchando contra la erradicación forzada de la coca. Argumentan que con las ayudas adecuadas, ellos mismos erradicarían la coca. En Putumayo, algunos se hacen la pregunta de ¿por qué si se ha firmado un acuerdo sobre la coca, se está erradicando? No es solo un asunto de desconocer la metodología de La Habana sino una contradicción en discurso y la política. En Guaviare no entienden por qué hay tantos recursos para la erradicación pero nada para los campesinos que quieren dejar los cultivos ilícitos. Lo que se puede ver es una interconexión entre varios fenómenos políticos, económicos y sociales que dificultan la implementación de los acuerdos en estas zonas dónde hay coca, los cuales implican discusiones y soluciones que van mucho más allá de cultivos alternativos rentables.

Estos fenómenos que se entrelazan incluyen un sentimiento por parte de estas comunidades de que el Estado los ve solamente como criminales, y que no los ve como Colombianos de verdad; intereses políticos nacionales e internacionales en la lucha contra el narcotráfico; una falta de conocimiento de los acuerdos y la metodología de la Habana; y el empeoramiento de su percepción de la falta de legitimidad y aceptación (que no son lo mismo) del Estado. Crean varios problemas para el posconflicto en estos lugares.

En primer lugar, la idea de que el Estado pueda llegar con sus servicios y proyectos, hablar con la comunidad y empezar a implementar sin mayores complicaciones no es tan acertada. Aunque los campesinos reclaman una presencia estatal eficaz, tienen años de frustración acumulada que seguramente requerirá algún proceso de reconciliación con el Estado. Eso toma su tiempo y hace que cualquier problema con la implementación de un eventual acuerdo pueda ser percibido como otro ejemplo de mala fe.  Llevar a cabo ese proceso de reconciliación significará que no se podrá esperar una reducción inmediata de la cantidad de hectáreas de coca, pues es poco probable que los cultivadores aceptan acabar con sus cocales mientras están en un proceso de diálogo y entendimiento con el Estado. Sin embargo, sí es probable que una vez lograda cierta reconciliación entre Estado y estas comunidades, los resultados de la disminución de cultivos ilícitos sean más sostenibles.

Esta misma lectura se le puede aplicar a la erradicación forzada de la coca en este momento. La cantidad de hectáreas de coca en Colombia han aumentado y hay una fuerte presión de reducirla. Por lo tanto, erradicar forzosamente la coca puede traer beneficios políticos bastante importantes para el Estado en el corto plazo especialmente a nivel internacional. Colombia tiene obligaciones internacionales de luchar contra la coca y con frecuencia el indicador de medición de cumplimiento de ellas – y del éxito de la política – es el de las hectáreas de coca, lo cual lleva a un afán de atacarla de manera que termina minando la oportunidad que tiene el Estado de empezar a ganar legitimidad en estas comunidades. Con un acuerdo bastante cerca hace mucho más sentido no empujar tanto hasta que ambos FARC y Estado estén implementando lo rural y antidroga acordado en la Habana en estas regiones. La nueva política antidroga que se enfoca en los eslabones medios y en la interdicción (aunque en la erradicación manual también) permite adoptar esta recomendación, porque en fin se sigue buscando evitar que la droga llegue a los mercados internacionales.

El desconocimiento a raíz de la falta de pedagogía de los acuerdos y el proceso de paz en estas zonas también genera escepticismo. En una población tan directamente afectada por la guerra e involucrada en el cultivo de coca su empeño político es clave, así no represente muchos votos en el plebiscito. Los reclamos de los campesinos van más allá de lo económico: quieren ser reconocidos como ciudadanos colombianos; que les garanticen sus derechos, y cómo dicen, igual que a los de los que viven en las ciudades; y que no haya corrupción con los dineros públicos. Esencialmente quieren que sean reconocidos como ciudadanos portadores de derechos. La tarea entonces no es solo hacer proyectos productivos rentables sino garantizar que su inclusión y participación en el proceso posconflicto sea real.  

Es importante que desde ya se hagan esfuerzos de divulgación de los acuerdos y la metodología de la Habana en los sitios más apartados del país; sería un buen primer paso para empezar a ganar el apoyo necesario para la paz. No solamente conocerán los pobladores lo que podría afectarles en el posconflicto, sino simbólicamente el Estado les estaría diciendo que como ciudadanos de Colombia, son personas que se merecen conocer lo que pasa en la mesa y deben ser tenidas en cuenta. Trabajar con radios comunitarios es una opción ya explorada que puede extenderse más. Pero sería importante que el perfil de personas que salen en estos programas de radio sea de alguna forma “alto”. Eso ayudaría a despegar dudas mejor y mostraría de nuevo que para el Estado, estas poblaciones son importantes.

La falta de confianza de estas comunidades en el Estado no solo es el producto de un histórico “abandono”, sino que cuando sí llega, sus acciones son percebidas como ataques o promesas incumplidas. En el corto plazo, el gobierno tiene que preparar el suelo no solo para desarrollo alternativo sino con acciones de participación que hacen sembrar una nueva confianza en el Estado – un paso crucial  para evitar obstáculos mayores cuando la paz tenga que pasar del papel a la realidad.

*Analista para International Crisis Group en Colombia

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