LA "BANANA - JUSTICIA"

La herida interna de la ineficacia de nuestra administración de justicia se tornó, súbitamente, en una gran llaga internacional. Aduciendo falta de garantías en relación con un juicio imparcial, y citando un informe de Amnistía Internacional como prueba de que la tortura es cosa habitual en Colombia, un tribunal austríaco negó rotundamente la extradición de Roberto Soto Prieto.
Con ello, el más famoso robo en toda la historia del país, tanto por la magnitud de la suma como por los modernos canales computarizados que se utilizaron para el efecto, amenaza con quedarse en la impunidad. Pero esta vez, a diferencia de otros muchos casos que revelan nuestra incapacidad para aplicar justicia, no nos permitieron llegar hasta el archivo del caso por falta de pruebas. Se nos adelantaron los jueces austríacos con la tesis de que entregarle un sospechoso a nuestra "banana-justicia", era un acto de barbarie que de ninguna manera cometería un civilizado país europeo.
Independientemente de la humillación internacional a la que se nos sometió con esta determinación, debemos reconocer, penosamente, que quizás sí existieron algunas razones de peso que fueron tenidas en cuenta por el tribunal austríaco para negar la extradición de Soto.
La primera y más sobresaliente de ellas se refiere a la forma como el procurador general de la nación Carlos Jiménez Gómez, tomó la investigación del caso: prácticamente como un asunto de prestigio político. Soto se cuidó muy bien de llevar hasta los jueces austríacos la sentencia anticipada que en cierta oportunidad lanzara públicamente en su contra el Procurador, cuando aseguró que poseia las pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad. Y para "remachar" esta tendencia a sobrelimitar sus funciones que caracteriza tan intimamente a nuestro Procurador, Roberto Soto también adjuntó al caso un recortico de prensa acerca de cierto colombiano que, acusado por el Procurador, sin juicio previo, de pertenecer al MAS, anunció que el funcionario le había colgado, con ello, la lápida al cuello. Lo mataron a los pocos días.
Estas graves ligerezas jurídicas de nuestro Procurador, que para muchos colombianos provienen de un simple afán de publicidad (¡ay, es que ese Procurador sí es muy pantallero!), fue visto, por los jueces austríacos como una inadmisible sentencia anticipada. Suficientemente grave como para que el Procurador hubiera sido sancionado, y desde luego suficientemente irregular como para suponer que Soto no recibiría un juicio imparcial porque su suerte ya estaba echada.
A esto debemos añadir la pugnacidad de los agentes del Procurador que, probablemente con razón, persiguieron durante meses a la esposa de Soto y luego al sospechoso mismo con tan poca discreción que le dieron pie a Soto para acusarlos de haber viajado a Austria con el propósito de asesinarlo.
Luego vino el error jurídico. ¡Ay, el error jurídico! El ministro de Justicia dicen que asesorado -pero mal asesorado- por abogados austríacos solicitó la extradición de Soto de acuerdo con las reglas de la ley austríaca pero violando las de la ley colombiana: sin haberse esperado a que existiera auto de llamamiento a juicio contra Soto. No es díficil imaginar la forma como este error jurídico cometido por el mismísimo ministro de Justicia, debió pesar sobre las sospechas de los jueces austríacos. Bueno. Ellos debieron suponer que la ligereza del Ministro era suficiente prueba de nuestra ignorancia jurídica. Y hasta razón tendría en pensarlo.
Y luego está el enojoso asunto de los muertos. Siete personas, directa o indirectamente vinculadas con el caso, han perdido la vida accidentalmente. Aunque en más de la mitad de los casos está comprobado que las muertes no tuvieron relación alguna con los 13.5 millones de dólares, un país donde el Procurador condena sin juicio y el Ministro hace gala de su desconocimiento de la ley da pie para que un juez austriaco piense, justificadamente, que la relación de las muertes con el caso existe, pero no la hemos podido -o querido- probar.
Y probablemente el último empujón que necesitaban los jueces austríacos para tomar su determinación provino de la toma del Palacio de Justicia. No sólo por su sangriento desenlace (cuando en diciembre de 1975 fueron secuestrados en Viena los ministros de la OPEP, el gobierno austríaco capituló inmediatamente) sino además, y principalmente, por el hecho de que el ministro de Justicia les pidiera a los guerrilleros que se rindieran, a cambio de la promesa de un juicio imparcial, que debió darles a los austríacos la última prueba de la parcialidad de nuestra justicia.
Cada uno de los puntos mencionados ayudó a configurar la gran hazaña de Soto Prieto: haber solicitado asilo político, no con el argumento de que el delito por el que se le acusa es político, sino porque políticos serían los procedimientos que utilizaría para juzgarlo la "dictadura liberal-conservadora" que gobierna el país.
Después de la anterior enumeración, podemos afirmar que esta falta de coherencia jurídica que se percibe en la forma como fue manejado el caso Soto posee un ingrediente adicional: las pésimas relaciones personales existentes entre los dos protagonistas del caso por el lado de las autoridades colombianas: el ministro de Justicia y el Procurador. La colaboracion que hubieran podido brindarse mutuamente habria sido clave para el éxito de la petición de extradición de Soto.
Por eso entiendo a los jueces austríacos. A un país con semejante panorama de la justicia, hay que tenerle recelo, hasta para entregarle la suerte jurídica de Stalin.