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Opinión

  • | 2005/01/16 00:00

    La batalla contra la revaluación

    Las medidas del gobierno para frenar la revaluación solo tratan de evitar lo inevitable, opina el economista Marc Hofstetter.

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El 14 de diciembre, el gobierno expidió un decreto que introduce nuevamente controles a la entrada de capitales. La medida obliga a que las inversiones de portafolio permanezcan en el país al menos un año, con el objetivo de evitar la entrada de capitales golondrina y por tanto, en teoría, frenar la revaluación. Unos días después anunció que prepara compensaciones para los exportadores más afectados por la revaluación. Finalmente se empieza a rumorar el deseo del Presidente de fijar la tasa de cambio en un nivel artificialmente alto. En el mejor de los casos, la primera determinación gubernamental es inocua y la segunda y la tercera, desacertadas. ¿Por qué es inocua la primera medida? Tradicionalmente existen tres formas de restringir la entrada de capitales: establecer un plazo mínimo de permanencia en el país de destino, obligar al inversor a realizar un encaje no remunerado en el banco central o cobrar impuestos a la renta obtenida. El gobierno optó por la primera de estas opciones. Sin importar cuál de las alternativas se utilice, los controles de capitales no son efectivos si lo que se busca es un impacto sobre la tasa de cambio. Un reciente estudio de Miniane y Rogers -economistas de la Universidad Johns Hopkins y la Reserva Federal de Estados Unidos, respectivamente- así lo demuestra. La razón, según estos autores, es que para un gobierno resulta en esencia imposible verificar que las restricciones a la entrada y salida de los capitales se cumplan, y los inversionistas suelen ingeniarse alternativas para eludir las reglamentaciones cambiarias. Aun si Miniane y Rogers estuvieran equivocados, es decir, si el decreto expedido la semana pasada fuera cumplido a cabalidad, éste no tendría ningún efecto significativo sobre la tasa de cambio porque los capitales golondrina no son los culpables de la revaluación del peso. Las inversiones de portafolio que entraron el año pasado a Colombia sumaron 377 millones de dólares. Esta cifra es ínfima, al lado de los más de 3.000 millones de dólares que han comprado el Banco de la República y el gobierno central para mitigar la revaluación. ¿Sabía el gobierno que el decreto del 14 de diciembre no alteraría la tasa de cambio? Las cabezas del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, firmantes del decreto, seguramente son conscientes de la ineficacia de la medida. Su expedición tiene raíces más políticas que económicas pues apunta a mostrarle al vociferante sector exportador que el gobierno está tomando todas las medidas del caso para evitar el continuo fortalecimiento del peso. A pesar de que la medida no tendrá ningún impacto sobre la tasa de cambio, sí puede afectar la inversión de largo plazo si los inversionistas perciben que el gobierno está dispuesto a alterar, a través de decretos, las reglas de juego de la inversión extranjera directa. Por último, queda flotando en el aire la pregunta sobre si el gobierno tenía la facultad de imponer control de capitales, siendo que en Colombia la autoridad cambiaria es el Banco de República. La segunda medida que está siendo analizada por el gobierno pretende compensar a los exportadores afectados por la revaluación. ¿Por qué son contraproducentes las compensaciones para el sector exportador? En primer lugar, debe quedar claro que cuando el gobierno 'compensa' a un sector, lo que está haciendo es tomar dinero de todos los contribuyentes colombianos y otorgándoselo a dicho sector. Lo anterior sigue siendo cierto aun si las compensaciones se camuflan bajo el sofisma de exenciones tributarias. En segundo lugar, las versiones de prensa hablan de compensar a los sectores 'más afectados'. ¿Cómo va a determinar el gobierno cuál es el sector más afectado? Una revaluación de la tasa de cambio tiene un impacto uniforme sobre los exportadores. Si el gobierno decide discriminar sus ayudas, terminará compensando a los grupos más vociferantes y poderosos, léase sectores como el bananero o el floricultor, en detrimento de exportadores más pequeños y que ejercen menos presión sobre la política económica. En tercer lugar, existen mecanismos en el mercado financiero que les permiten a los exportadores cubrirse del riesgo cambiario. Si un exportador sabe que va a reintegrar cierta cantidad de dólares dentro de X meses, puede pactar con una entidad financiera el precio al cual le reintegrarán sus divisas. La energía con que algunos sectores exportadores se quejan de la revaluación sugiere que muchos no se cubrieron del riesgo cambiario. Una explicación posible de semejante 'error' empresarial es que para estos exportadores resulta más barato reclamar ayudas del gobierno y presionar por políticas cambiarias dirigidas a debilitar el peso en caso de que la tasa de cambio se mueva en detrimento de sus intereses, que comprar instrumentos de protección cambiaria. Cuando el gobierno anuncia que compensará a los exportadores más afectados no hace sino validar este círculo vicioso. Por último, me pregunto si el día en que la tasa de cambio sea altamente favorable para los exportadores, éstos estarán dispuestos a compensar al resto de contribuyentes colombianos o a devolver las ayudas que recibieron cuando la tasa de cambio no les favorecía. De lo contrario, con cara ganan los exportadores y con sello perdemos los contribuyentes. Finalmente, fijar artificialmente la tasa de cambio en un nivel más elevado reúne todos los defectos de las dos anteriores medidas. Si el gobierno toma esta determinación declarando una emergencia económica, como se rumoró en días pasados, se saltaría la autoridad del banco central en materia cambiaria, lo que generaría gran incertidumbre. La fórmula sería inocua porque fijar precios distintos a los que el mercado determinaría simplemente produciría mercados negros en los cuales el dólar se seguiría transando a precios distintos a los fijados por el gobierno. Un costo adicional de dicha situación sería una mayor desintermediación de las transacciones cambiarias. Finalmente, al igual que la propuesta de compensación a los exportadores, los contribuyentes colombianos estaríamos subsidiando el diferencial entre el precio de mercado del dólar y el precio al cual se fijaría la tasa de cambio. Hay que entender que el fenómeno de la revaluación del peso frente al dólar refleja más un debilitamiento de la moneda americana a escala mundial que un problema específico de política económica colombiana. Por ejemplo, entre enero de 2003 y octubre de 2004, las monedas de Chile, Brasil y Paraguay se revaluaron más que el peso colombiano, mientras el euro se ha cansado de batir récords históricos frente al dólar. En ese sentido, tal como lo han resaltado varios analistas, es más relevante mirar el compartimento de la tasa de cambio real, es decir, un indicador que tenga en cuenta el hecho de que no solo comerciamos con Estados Unidos y que además incorpore los diferenciales de inflación entre nuestro país y nuestros socios comerciales (de nada sirve tener una devaluación del 20 por ciento si nuestra inflación sube otro tanto). Una mirada a la tasa de cambio real colombiana de noviembre de 2004 revela que está por encima de la tasa que prevaleció entre 1993 y 1999 (época en la que por cierto controlábamos la tasa de cambio a través de la famosa banda cambiaria). Visto desde esta perspectiva, la revaluación de este año puede simplemente estar reflejando el retorno de la tasa de cambio real hacia su nivel de largo plazo. Si eso es así, más vale que nos acostumbremos a vivir con esta tasa de cambio y que no tomemos medidas desesperadas tratando de evitar lo inevitable. * Doctor en economía. Profesor asistente de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.
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