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Opinión

  • | 2006/02/12 00:00

    La brecha digital, más allá de los aparatos

    A propósito de la discusión reciente sobre el tema, Álvaro Duque dice que "la brecha digital no es sólo una falta de recursos, sino sobre todo una carencia de conocimientos".

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En marzo de este año, el semanario The Economist levantó una polémica cuando dedicó una de sus portadas al tema de la brecha digital, el fraccionamiento que existe entre las personas que tienen acceso a las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y aquellas que no tienen acceso o, si lo tienen, no saben utilizarlas.

Según la publicación británica, es equivocado pensar que "conectar los países pobres a Internet los ayudará a volverse ricos rápidamente (...y) en vez de tratar simplemente de cerrar la brecha, la cosa más sensata es determinar la mejor forma de usar tecnología para estimular un desarrollo de abajo hacia arriba". El mismo semanario ofrece la que considera la mejor receta: "promover el uso de teléfonos celulares en lugar de computadoras personales", pues son más baratos, no requieren una fuente de electricidad permanente y pueden usarlos las personas analfabetas.

La nota de The Economist, como no podía ser de otra manera según la idelogía que está detrás de este respetable periódico, apunta a lo siguiente: dejemos que las empresas privadas de celulares reduzcan la brecha digital y dediquemos los recursos estatales a cuestiones más urgentes: dotación de servicios de salud, construcción de escuelas y un largo etcétera constituido por las necesidades propias de los estados más pobres, donde viven más de tres cuartas partes de la población mundial.

Por ese motivo, el artículo criticaba la constitución del Fondo de Solidaridad Digital (FSD), creado en 2004 por iniciativa del gobiernno de Nigeria y del cual hacen parte empresas privadas junto con municipios, regiones y estados nacionales, así como organizaciones no gubernamentales. Todos  aportan lo que alcanzan para reunir dinero que luego se pueda emplear en la reducción de la llamada brecha digital (digital divide, en inglés).

Los países ricos no han visto con buenos ojos el FSD, pues consideran que la brecha digital se debe enfrentar con los recursos ya existentes (para otras urgencias) del Banco Mundial y de los demás organismos multilaterales, sin abrir nuevos canales de ayuda.

Los argumentos que sostienen tal posición, en cierto modo son los de siempre: los países beneficiarios no pueden recibir más ayuda, pues esta ha fracasado en la reducción de la pobreza, desincentiva la producción interna de riqueza, incrementa la dependencia y va en contravía de la estabilidad macroeconómica.

Pero la más recurrente de las motivaciones para no querer partipar en el FSD es que las ayudas a menudo se extravían en los laberintos de la corrupción. Así, por casos probados de malos manejos, ha hecho carrera la idea de que con frecuencia la ayuda consiste en tomar el dinero de los pobres de los países ricos para darlo a los ricos de los países pobres. Y, claro, de ese modo no hay tu tía que valga.

La no participación de los países ricos en el FSD ha derivado en que tras un año de ir sombrero en mano recogiendo dinero, se haya recaudado algo así como siete millones de dólares. Una cifra exigua, si se piensa que corresponde a la quinta parte del salario anual del futbolista Boris Beckham y representa menos del uno por ciento de cuanto se requiere para conectar a la mitad de la población del mundo: 1.000 millones de dólares. Esta cantidad, a su vez, para seguir contextualizando las cifras, equivale al uno por ciento de la inversión de las empresas de telefonía móvil en 2004, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Al planteamiento de The Economist se puede responder (y ya muchos lo han hecho) con cifras y modelos de comunicación sobre por qué en buena parte de los sitios afectados por la brecha digital es mejor el computador que el teléfono celular. Sin embargo, lo más inquietante de la visión de la revista y de buena parte de los que se están ocupando del tema es que da la impresión de que gana fuerza la tendencia de asociar la brecha digital a una cuestión de países (olvidando que las brechas mayores se encuentarn en el interior de los países) y a un asunto de infraestructura, de aparatos, cuando en verdad es más un asunto de herramientas que de instrumentos.

Para ilustrar lo que está pasando, pongamos el caso de Colombia. La política gubernamental ha hecho énfasis, en primer lugar, en dotar con aparatos de computador a las escuelas (apoyados por Microsoft, empresa interesada en dotar de ordenadores a todos, pues se encarga de vender los sistemas operativos sin los cuales un computador apenas sirve para hacer bulto).

En segundo lugar, el Ministerio de Educación ha creado un portal (colombiaaprende.com) lleno de contenidos interesantísimos. Todo muy bien, excepto que parece que se empezó a ensillar sin tener las bestias, pues no existe una política para cambiar las prácticas de aprendizaje considerando el empleo de los medios, viejos y nuevos.

Dicho de otro modo: las escuelas pueden tener computadores e incluso pueden existir excelentes portales desde los cuales descargar contenidos para trabajar, pero si no se usa el computador en el proceso de aprendizaje o si no se sabe emplear de modo adecuado los aparatos, bien se puede repetir la historia de  los televisores y los reproductores de video que a principios de los 90 se distribuyeron en las escuelas de Bogotá para hacer educación con los medios: luego de un tiempo estaban arrinconados y conquistados por las telarañas.

La cosas pueden comenzar a cambiar cuando se consideren las TIC como un servicio público, y los gobiernos, la sociedad y las empresas actúen en consecuencia. Y cuando se tenga claro que la brecha digital no es sólo una falta de recursos sino, sobre todo, una carencia de conocimientos.

De nada vale dar a todos un conmputador o un teléfono celular si las prácticas sociales continúan iguales. Se caería de nuevo en ese determinismo tecnológico que piensa que tener la tecnología ya resuelve los problemas que están detrás de la brecha: los ingresos, el nivel de instrucción y la discriminación de género.

*Investigador en Comunicación Política y Sociología de la Comunicación de la Universidad de Turín (Italia) / alvaro.duque@unito.it

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