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La que a buen pino se arrima

La Procuraduría describe un desgreño de tales proporciones que incluso hay irregularidades en la contratación del asesor para la contratación.

Daniel Coronell
20 de agosto de 2011

Para Elvira Forero, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no hubo cambio de gobierno. Ella siguió campante en su silla y completó nueve años en puestos de alta dirección del Estado. Pocos se explican su ratificación en el ICBF y hay quienes aseguran que se fue quedando como cuota del gobierno anterior.

Otros, más suspicaces, piensan que su permanencia tiene que ver con una irregularidad, nunca aclarada, de la última campaña presidencial.

El 14 de mayo del año pasado, semanas antes de las elecciones de presidente, las madres comunitarias del Bienestar Familar fueron llevadas en horas de trabajo al Coliseo El Campín de Bogotá. Les dijeron que les iban a celebrar el Día de la Madre y que además rifarían una casa entre ellas. Sin embargo, cuando llegaron se encontraron con una reunión política en la que funcionarios del ICBF repartían propaganda del candidato Juan Manuel Santos.

La pretendida celebra-ción del Día de la Madre concluyó con la llegada del propio candidato Santos en medio de una ovación aupada por funcionarios públicos.

No se sabe quién permitió semejante exabrupto. Como ha sido costumbre en Colombia, bajo la alfombra del triunfo se barrieron los métodos que lo hicieron posible.

Por la razón que sea, Elvira Forero se quedó en el puesto y se sigue quedando a pesar de los fuertes cuestionamientos que existen sobre su administración. Hace apenas unos días, la procuradora delegada para la Familia y la Infancia, Ilva Miriam Hoyos, entregó un informe de 350 páginas sobre irregularidades en la contratación de Bienestar.

Una comisión de 18 funcionarios de la Procuraduría llegó a tomar una muestra de lo que sucede en una entidad que maneja más de tres billones de pesos en contratación. El ICBF firma 17.000 contratos cada año, el Ministerio Público revisó apenas 78 y encontró anomalías en casi todos.

Algunas de esas irregularidades -en ciertos lugares del país- atentan contra la salud de niños y ancianos que necesitan la asistencia del Bienestar. Al respecto, la Procuraduría afirma que la negligencia del ICBF frente a contratistas "pone en riesgo la salud de los adultos mayores y afecta de manera directa la salubridad e higiene requerida para la conservación y manipulación de los alimentos".

En otros casos, como en el departamento de Bolívar, contratistas del ICBF han reemplazado la Bienestarina con refresco. La Procuraduría observa: "Los nutrientes de un refresco Frutiño no son equivalentes a una porción de Bienestarina u otro complemento alimenticio".

Los investigadores encontraron los contratos de Edmundo del Castillo, quien al ser nombrado secretario jurídico de la Presidencia decidió heredárselos a su hermano Gabriel, sin que mediara licitación o concurso. El nombre de los hermanos Del Castillo se repite en relación con un contrato de 13.000 millones entregado por el ICBF a una empresa de los Nule. La licitación, relacionada con Bienestarina, estuvo diseñada para que ganaran los Nule porque controlaban los tres únicos proponentes.

Edmundo del Castillo ha tenido una sociedad y negocios con las esposas de dos de los Nule.

La Procuraduría describe un desgreño de tales proporciones en el ICBF que incluso hay irregularidades en la contratación del asesor para la contratación.

Se trata de Jorge Pino Ricci, un abogado que ha gozado del amparo contractual de doña Elvira desde cuando ella dirigía Fonade, a comienzos del gobierno pasado. La Procuraduría no encontró reportes del abogado Pino sobre algunos servicios contratados, sin embargo la directora dio la orden de pagarle.

En cambio informa detalladamente una serie de actividades para las que no fue contratado.

Por cierto, el doctor Pino fue también abogado de los Nule, y de acuerdo con el testimonio del ex secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Yuri Chillán, tuvo un papel estelar en la cesión del contrato de la calle 26.