El tiempo pasa, pero la censura continúa

El 11 de marzo de 1996, un grupo de periodistas colombianos crearon la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Un año atrás, varios de ellos habían sido convocados por Gabriel García Márquez, la Fundación para Un Nuevo Periodismo Iberoamericano y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con el fin de responder a los peligros que afrontaba el periodismo en Colombia.

Desde 1977 y hasta ese momento, 81 periodistas habían sido asesinados por desarrollar su labor. Para empeorar la situación, la impunidad reinaba en prácticamente todos esos casos. Hoy en día, el panorama sigue siendo desalentador, algunas de las situaciones que se presentaban en ese entonces han mejorado, parcialmente por el trabajo que desarrolló la FLIP durante sus dos décadas de existencia, pero las condiciones para ejercer el periodismo de una forma tranquila y libre todavía no están dadas.

La cantidad de asesinatos por año se ha reducido. Ya no se presentan situaciones como las de 2002, cuando 10 periodistas murieron de forma violenta. El promedio se ha reducido a uno o dos casos por año, pero cada uno de estos hechos sigue siendo inaceptable y alimenta el miedo entre los colegas, que prefieren guardar silencio para evitar problemas. La cifra debería ser de cero hechos de este tipo.

Esta reducción se ha dado en gran parte por la existencia de un programa de protección del Gobierno Colombiano, que empezó a funcionar en el año 2000. A grandes rasgos, se podría decir que esta iniciativa ha tenido éxito. No solo porque hay menos muertes violentas, sino por la cantidad de personas protegidas: 146 periodistas reciben medidas de protección hoy en día. Pero también se debe considerar que esas mismas personas son colegas que están en cierto nivel de riesgo de morir por estar desempeñando su oficio.

Y acá es donde surge uno de los principales problemas de este sistema de protección hoy en día: la falta de eliminación del riesgo. Se ha podido dar una respuesta aceptable para evitar que las amenazas se conviertan en asesinatos, pero se ha avanzado poco, por no decir nada, en castigar a los agresores. De los 152 casos de asesinatos de periodistas, solo 4 tienen una condena contra el autor intelectual. Además de esto, a la fecha, 71 de esos casos están prescritos. Esto quiere decir que el tiempo que tenía el Estado para poder investigar y sancionar a los culpables ya se cumplió, y la justicia no puede hacer nada.

Esa impunidad también alimenta la autocensura. Pero más allá de eso, promueve que los casos se sigan presentando. Lamentablemente, los números muestran que casi todas las personas que decidieron asesinar a un periodista, lograron su cometido. Su idea, lamentablemente, les funcionó.

Algunos de los principales agresores contra la prensa han cambiado. Las formas de atacar a los periodistas también lo han hecho. En 2001, el CPJ incluía a Carlos Castaño como uno de los 10 principales enemigos del periodismo en el mundo, argumentando que solía “dar frecuentes entrevistas a periodistas que defienden sus acciones, y al mismo tiempo usar la violencia y las amenazas para aterrorizar a aquellos periodistas cuyos reportajes le disgustan”. Hoy en día, después de la muerte de Castaño, los enemigos de la prensa son, en muchos casos, los funcionarios públicos, quienes agreden algunas veces con violencia, pero también lo hacen por medio de las presiones económicas o judiciales.  

Y hay dinámicas que, al igual que las constantes amenazas, se siguen presentando. Tal y como lo denunció la FLIP en su informe anual de 2014, el espionaje contra la prensa ha existido desde hace 60 años. Se ha vuelto costumbre que cada año salga un nuevo escándalo de “chuzadas” y seguimientos. Entidades como el DAS fueron cerradas, las leyes modificadas, pero los casos siguen ocurriendo.  

Hoy, 20 años después, es un momento clave para reflexionar sobre el futuro de la prensa en Colombia. Es importante buscar que existan compromisos más serios por parte del Estado para garantizar que los periodistas cuenten las historias que incomodan a los corruptos y a los violentos. Hay un proceso de paz, propuestas de política pública, de reparación y otras buenas voluntades, pero hay mucho que hace falta. También es fundamental que existan más periodistas y gente comprometida con la libertad de prensa, como son por ejemplo los 28 corresponsales que tiene la FLIP en todo el país o los casi 50 miembros de la asamblea de la organización. Cada vez debe haber más voces que se alcen cuando asesinan, golpean, amenazan o denuncian a alguien que está entregando información y opiniones a la sociedad. Además, debe haber más personas que exijan un periodismo más crítico e independiente que no ceda ante las presiones.

*Asesor de la Fundación para la Libertad de Prensa @EmmanuelVP