Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2006/10/28 00:00

La ‘chipantización’ de la justicia

Lo que ha permitido que Uribe esté tan conectado con la gente es que a veces prefiere equivocarse actuando a dejar de actuar

La ‘chipantización’ de la justicia

El penalismo colombiano le cayó encima al Presidente de la República por haber hecho algo que todos deberíamos hacer todos los días: denunciar a un corrupto.

Intentaron ahogar por medio de tecnicismos judiciales su acción de mandar a detener por corrupción al secretario de Gobierno de Buenaventura, Adolfo Chipantiza. A mí me da mucha pena, pero no veo que su proceder haya sido apartado de la juridicidad.

Al contrario de Saddam Hussein, que habría ordenado que lo detuvieran y de ñapa lo ejecutaran de inmediato, el Presidente trató de meterle a su orden toda la Constitución y el Código penal. "Que el DAS, que tiene facultades judiciales me lo conduzca a donde los jueces para que los jueces dispongan lo que deben disponer, que es capturarlo". Y de ñapa pidió la vigilancia de la Procuraduría.

Uribe consideró con toda la razón que la información que había recibido era lo suficientemente grave como para promover una investigación inmediata contra el funcionario.

Que a las dos horas ya lo hubieran soltado es un problema del sistema penal, no del presidente Uribe.

Es que uno no tiene antecedentes judiciales sino hasta que comete un delito. El hecho de que no los hubiera contra Chipantiza y que a pesar de que existía un grave testimonio en su contra por parte del capitán de navío Héctor Pachón -de quien, por cierto, se dice que posee una notable hoja de servicio en la Armada- no hubiera podido abrírsele una investigación inmediata al secretario de Gobierno, no deja sino interrogantes acerca de nuestro poder judicial.

No sólo todo ciudadano tiene la obligación de poner en conocimiento de las autoridades los hechos delictivos que conoce, sino que la autoridad tiene la obligación de actuar en correspondencia. Máximo si el que conoce del hecho delictivo es el propio Presidente de la República.

El hecho es que la autoridad del Presidente no puede ser negada, y en este caso ni siquiera se la tuvieron en cuenta como receptor de la denuncia del capitán. Es una vergüenza que la Fiscalía no tenga procedimientos claros para actuar ante este tipo de situaciones.

El Presidente, precisamente por la tradición presidencialista de Colombia, está obligado a actuar de inmediato ante los acontecimientos. ¿Qué tal si ante la denuncia, el Presidente, en lugar de ordenar la detención del funcionario y su conducción ante autoridad judicial, hubiera alegado que el funcionario tenía fuero, no hubiera ordenado que lo detuvieran y en cambio hubiera solicitado que se abriera una investigación por parte de la Fiscalía, lo que se ha vuelto en Colombia una frase de cajón? Que la autoridad presidencial habría brillado por su ausencia.

En cambio, Uribe produjo un hecho notorio, frente al cual le faltó criterio al Fiscal para actuar. La notoriedad pública es un motivo para investigar inmediatamente, y eso no sucedió. El Fiscal mandó a Chipantiza para la casa por "falta de antecedentes".

Por esa vía, para que a alguien lo investiguen por un delito de forma oportuna y eficiente, tendría que haber cometido antes otro delito, para que tenga los antecedentes suficientes que ameriten esa investigación. Qué absurdo.

Lo que ha permitido que Álvaro Uribe esté conectado tan fuertemente con la gente es precisamente esa manera de ser suya: a veces prefiere equivocarse actuando, a dejar que las cosas pasen sin actuar.

Un amigo me recordaba un hecho comparable ocurrido durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, cuando un jurado absolvió a los asesinos de un grupo de indígenas cuibas en Villavicencio. En ese tiempo los colonos tenían como deporte del sábado por la tarde salir a matar indígenas en los Llanos Orientales, y el jurado consideró que eso era lo mismo que cazar animales, luego no lo consideró delito. El presidente Lleras salió furioso ante los medios de comunicación y pidió que el Estado se constituyera en parte civil y trasladaran ese proceso a Bogotá, donde los condenaron, después de reabrirlo.

Esta es la hora en la que el penalismo colombiano no ha acusado a Lleras de ese caso por estar interfiriendo con la justicia.

Por el contrario, Álvaro Uribe dio una pauta para que se produjera una importante colaboración entre poderes frente a las denuncias contra Chipantiza. Y mientras él actuó inmediatamente, la Fiscalía se cruzó de brazos. En este caso, el poder ejecutivo y el judicial actuaron en dos frecuencias distintas.

Personalmente, me quedo mil veces con la frecuencia del Presidente.

ENTRETANTO… ¿Cómo hacemos para que la bancada uribista en el Congreso entienda que cuando hay que votar un proyecto del gobierno no pueden estar vomitando, haciendo pipí, asistiendo a foros en otras ciudades o recogiendo a las esposas en los aeropuertos, así vengan de Estados Unidos? Parece que todavía no se hubieran dado cuenta de que la oposición, con toda la razón, no les va a dejar pasar ni una...

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