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Opinión

  • | 1996/11/25 00:00

    LA CONSPIRACION

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Cuando en el país se habla de conspiradores, se piensa de inmediato en Hernán Echavarría y en los personajes que periódicamente reúne en su casa. Y es una equivocación, pues, al calor y a la lumbre de una chimenea, lo que allí se discute o se decide es seráfico, como un traje de primera comunión, al lado de lo que se teje en la Casa de Nariño. Es allí donde es-tán los verdaderos conspiradores moviendo todos los hilos de los tres poderes para neutralizar a la oposición. Su más reciente maniobra busca aniquilar la función crítica de los noticieros televisivos, el último clavo en el zapato que tienen el gobierno y el Congreso.A primera vista, el proyecto de ley recientemente aprobado en la comisión sexta de la Cámara es una iniciativa de parlamentarios tales como Carlos Alonso Lucio y la señora Marta Catalina Daniels. Pero como los colombianos no somos bobos, a ninguno se nos escapa que los hilos de esta oscura iniciativa están en manos del Presidente y del Ministro del Interior. El inefable Saulo Arboleda, hasta hace poco director de Asomedios y amigo de los periodistas, tiene que obedecer a la suprema voluntad de quien lo puso en ese cargo. Así, quien defendía hasta hace poco la integridad e independencia de los medios, ahora, volteando su chaqueta, aporta clavos para ponerlos en el madero de la sumisión. ¡Qué destino, pobre Saulo!Se dirá que esto no es nuevo. Y así, en efecto, ocurrió por largos años: quien llegaba al poder en Colombia repartía espacios y noticieros según gratitudes o conveniencias, como sucede frecuentemente con los cargos diplomáticos. Inclusive, se llegó a la muy mexicana y sorprendente solución de otorgar los noticieros, como trozos de un ponqué, a los hijos de los ex presidentes. La televisión tenía todos los oprobiosos vicios del clientelismo estatal. Y quien pagaba el pato era el público, pues a la sombra de estos favores, necesariamente efímeros (nada duraba más de cuatro años), surgían programadoras golondrinas, organizadas de prisa y a bajo costo. La televisión era de una calidad paupérrima, como todo lo que queda bajo el exclusivo arbitrio del Estado. Gaviria puso fin a esta piñata estableciendo licitaciones más rigurosas y plazos de seis años prorrogables a 12, con lo cual se lograron mayores inversiones en dinero, tecnología y creatividad. Se le abrió la puerta a la privatización de canales, como lo impusieron en Francia y España inclusive gobiernos socialistas, dejando atrás el modelo africano o tercermundista del monopolio estatal de la televisión. Quizás la asignación actualmente vigente no fue ajena a favoritismos, pero sus resultados fueron buenos. Mejoraron notablemente noticieros, programas y telenovelas. Se levantó una costosa infraestructura de producción contando con el piso firme de la legislación hasta hoy vigente. Ahora se vuelve estruendosamente atrás. Como no se podía dar por terminada la licencia sólo para los noticieros, sin desenmascarar los propósitos de retaliación contra ellos por su labor crítica, se decidió echar abajo, irresponsablemente, con el ciego furor de los vándalos, toda la programación existente. Esta conspiración maquinada en la sombra tiene tres interesados: el gobierno, al que le escuece aún, como sal en una herida, lo revelado en torno al proceso 8.000; una vengativa clase política vilipendiada por la opinión sana del país, y la Acotv, el sindicato de Inravisión, que _caso único en el mundo_ tiene una injerencia dominante en esta entidad por disposición constitucional y hace de su director un virtual rehén suyo. Por otra parte, el ente que debía proteger a este medio de tales conjuras, la Comisión Nacional de Televisión, nunca estuvo a la altura de su sacrosanto papel. Parece una endeble colcha de retazos. La preside un hombre de ecuanimidad episcopal: el mismo santo varón que, como fiscal ético en la campaña del actual Presidente, no vio pasar al famoso elefante. (Los poetas, es cierto, sólo ven pájaros y mariposas) Con su bendición, la Señal Colombia pone con frecuencia sus cámaras en el Congreso. Espectáculos como la torrencial intervención de Vásquez Velásquez, apenas salido de su celda, tienen mucho de folclórico, pero no contribuyen propiamente a elevar el nivel cultural (o moral) de los colombianos. Pese a las advertencias de la SIP y a las implicaciones jurídicas que desatará, la ley puede ser aprobada. Será el fin de los noticieros libres. El Congreso tiene una espada de Damocles en la mano. Lo saben los noticieros y, prudentemente, algunos empiezan a plegar sus alas moderando sus críticas o buscando el apoyo de los clientelistas que criticaban. (No hay nada más cobarde que un millón de dólares, decía alguien). Detrás de este golpe a la opinión libre está su principal beneficiario, para quien la culpa de cuanto le sucede la tiene la prensa, y un obsecuente Ministro de Comunicaciones de nombre bíblico y con la piel de ese animalito tan simpático, siempre alerta y veloz, que cambia de color según el palo donde trepa.
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