Comprométase a fondo con esa propuesta, señor presidente

El Presidente Santos ha propuesto el martes pasado la financiación exclusivamente pública de las campañas electorales en los siguientes términos: “A estas alturas, con lo que estamos viendo, hay que ser prácticos y oportunos. Por eso les sugiero que piensen en este momento si no sería conveniente una financiación 100% estatal para dejar a un lado todas esas injerencias de contratistas y de intereses económicos sobre nuestra democracia y después veremos si ese método funciona o no”. La resistencia de los grandes grupos económicos, de los contratistas y de buena parte de la clase política no se hará esperar. Por eso tendrá que emplearse a fondo en esta noble causa.

Habría, eso sí, en contrapartida, que ampliar las posibilidades de llevar el mensaje electoral en la radio, en la televisión, en los periódicos, en las revistas, en internet, en una palabra en los medios masivos de comunicación. Se trata de que los candidatos a las diversas posiciones de elección tengan la garantía de que sus ideas, sus programas, sus proyectos, sus planes en beneficio de la comunidad tengan la oportunidad de llegar a todos los rincones del país, a todos los colombianos. Sería una revolución si se lograra el objetivo de centrar la política en lo que es: Lucha de ideas en función del bien común, y no lucha por los puestos y contratos del Estado.

La corrupción tiene en la financiación privada de las campañas electorales una de sus fuentes más notables. Son muchos los contratos que dependen de esa financiación que se da para candidatos a la presidencia, gobernaciones, alcaldías y corporaciones públicas.

Pero hay otras formas de financiación privada: Es el contratista que vincula laboralmente tres, cuatro, cinco o seis meses antes de las elecciones a pequeños caciques electorales con cierto número de votos que luego el financiador endosa al candidato de sus preferencias. Una compra disfrazada de votos. También se da el caso de grandes magnates que van de pueblo en pueblo financiando a líderes políticos que terminan siendo parte de su cauda. Nada de esto es nuevo.

De otro lado, después del narcotráfico, la fuente de corrupción más grande en Colombia se encuentra en la adjudicación de los contratos.
La financiación privada de las campañas pavimenta la vía que conduce a esta corrupción y a los delitos consiguientes como el de cohecho.

El nombramiento “a dedo” en puestos públicos de carácter administrativo o técnico ignorando los principios constitucionales de igualdad de oportunidad y de ingreso al servicio mediante el sistema del mérito, son otra fuente de corrupción que se manifiesta en casos como el de que el nombrado debe entregar parte de su sueldo al político que fungió de padrino. La cuestión se agrava cuando se le entrega por parte del Gobierno a los parlamentarios ya no sólo puestos sino pedazos de la Administración Pública para que dispongan de ellos. Todo está contabilizado en el llamado “Computador de Palacio”, que ha existido desde hace mucho tiempo.

¿De qué sirve que la Constitución establezca la prevalencia del interés general en todos los casos que no afecten los derechos constitucionales fundamentales, o que especifique que los miembros del Congreso, de las Asambleas y de los Concejos deberán actuar consultando el bien común, si están financiados por intereses particulares, que dada la condición humana buscarán retribución en el corazón agradecido de sus beneficiarios? Acabamos de verlo con la propuesta de gravar las bebidas azucaradas, que era el principio para gravar los demás productos que contuvieran azúcar en beneficio de la salud de los colombianos, pues el azúcar predispone a cierto tipo de cánceres, también a la diabetes y a la obesidad.

Pero también hay que eliminar los “cupos indicativos”, que juegan en las campañas electorales el mismo papel que tenían los antiguos “auxilios parlamentarios”, otra manera de conspirar contra el principio de igualdad de oportunidades, y fuente también de clientelismo y corrupción.

Como se ve, todas las manifestaciones de la corrupción que padecemos son una especie de producto natural del “régimen”, del régimen clientelista que opera en Colombia por encima de las normas constitucionales.
Ojalá que el Presidente Santos, quiero repetirlo, se comprometa a fondo con la idea de eliminar la financiación privada de las campañas no sólo porque le abre la puerta a la corrupción, sino porque es el obstáculo principal para que las autoridades procedan en función del interés público, del bien común y no del beneficio particular de sus financiadores y de ellos mismos.

La medida que ha propuesto el Presidente no acabará con la corrupción en todas sus manifestaciones pues es un fenómeno complejo que ha permeado no sólo al Estado sino a la sociedad en su conjunto. Pero servirá de mucho, como también servirá el “pliego único de contratación” y normas como la siguiente: “El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos: …18. Cuando el autor o participe en los casos de cohecho formulare la respectiva denuncia que da origen a la investigación penal, acompañada de evidencia útil en el juicio, y sirva como testigo de cargo, siempre y cuando repare de manera voluntaria e integral el daño causado… El principio de oportunidad se aplicará al servidor público si denunciare primero el delito en las condiciones anotadas”. (a.40 Ley No.1474/2011) También será de enorme utilidad el reforzamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio que perseguirá como nunca antes los atentados contra la libre competencia en la contratación del Estado, la colusión, el reparto geográfico del mercado de licitaciones, la compra de licitantes para que se retiren de ellas, etc.