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Opinión

  • | 1999/04/19 00:00

    LA CORTE CORTA

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Aunque podríamos suponer que el comentado fallo de la Corte Constitucional sobre la
emergencia económica constituye un tema pasado de moda porque ya fue discutido hasta la saciedad, sus
consecuencias tienen hoy más vigencia que nunca. Es decir, que sus estragos se han hecho evidentes y la
cacareada 'justicia al servicio del pueblo', que sus magistrados lograron vendernos como el vistoso ropaje de
este fallo que muchos llegaron a aplaudir, ha comenzado a sacar sus dientes, y adivinen precisamente contra
quién: contra el pueblo. Ese es el riesgo que se corre cuando un grupo de magistrados se toma el derecho
de legislar, por un lado, y de legislar en materia económica, por el otro. Lo cierto es que la Corte
Constitucional recibió una emergencia económica preparada por expertos, y entregó otra, reformada por
teguas. Y lo de teguas lo digo con el mayor respeto, pero también con la mayor severidad: de buenas a
primeras resultamos los colombianos descubriendo que un fallo de una tremenda pobreza jurídica, como fue
el de la Corte sobre la emergencia económica, ha decidido cuáles serán las reglas que de ahora en adelante
gobernarán el mercado financiero en Colombia. Primó, pues, sobre los 'morones' de la Corte, el deseo de
hacer un gesto populista, sobre el rigor jurídico que debería caracterizar sus decisiones. Cometieron varias y
delicadas equivocaciones, comenzando por la de resolver que el servicio público que prestan los bancos
pueden ser compartimentalizado en cuanto a sus riesgos, dependiendo del tipo de banca que sea. Es decir
que, según la Corte, si a la banca pública le va mal los que pierden son los colombianos, mientras que si a
la privada le va mal los que pierden son los banqueros. Por eso, concluyó la Corte, ayudar a la banca
pública era ayudarles a los colombianos, mientras que ayudarle a la privada era ayudarles a los banqueros,
que ganan mucho y pierden poco. Pero la Corte ignoró que para proteger verdaderamente al público hay
que proteger integralmente al sistema financiero, porque los ahorros del público pueden estar tan
comprometidos en la banca pública como en la privada. En un banco privado, el 10 por ciento de los
recursos proviene del capital que ponen los banqueros, y el 90 por ciento del ahorro del público. Por
consiguiente, de cada 100 pesos que se pierdan, 90 son del público y 10 de los accionistas. Dejar esta
ecuación al garete, en medio de una crisis como la que actualmente vive el país, es hacer populismo barato
con el cuento de que si algún sector debe sobarse es preferible que sea el de los banqueros privados,
desconociendo el hecho de que si se soban los banqueros privados el primero que se soba es el
público.Negar la posibilidad de capitalizar en un momento como este a bancos privados emproblemados, y a
la vez rechazar los mecanismos para ejercer acciones de apoyo tendientes a facilitar la liquidación de
daciones en pago, que en la actualidad tienen casi paralizada la liquidez de la banca privada, indica la
extremada ignorancia de la Corte en cuanto a la forma de encarar una crisis financiera. Pues claro, me dirá
alguien, es que la Corte no está diseñada para encarar crisis financieras... Eso es cierto, diría yo. Pero
entonces, que no lo haga... Pero el segundo gran error de la Corte estuvo en aumentar 17 veces el impuesto
que, con conocimientos técnicos, le había decretado el gobierno al mercado interbancario. Antes del
fallo, según expertos en el tema, el mercado interbancario colombiano movía diariamente cerca de
650.000 millones de pesos, entre bancos que tenían exceso de liquidez y bancos que estaban cortos de ella.
Incluso el Banco de la República participaba con 20 por ciento o 30 por ciento de ese mercado, para que sus
tasas de interés influyeran sobre las tasas de más largo plazo. Con el gravamen del 2 por mil impuesto
por la Corte, esta herramienta fundamental para el desarrollo económico de un país quedó herida de muerte
en Colombia.Alegando razones de equidad, los magistrados de la Corte resolvieron que si una persona natural
tenía que pagar el 2 por mil sobre cuatro o cinco cheques al mes, una institución financiera que mueve varias
veces al día el dinero de sus clientes tenía que tributar lo mismo que el particular. Pero homologar estos
dos gravámenes bajo un principio de igualdad sería semejante a aplicar un silogismo parecido al siguiente:
toda vez que las peras y las manzanas son frutas, trátense igual unas y otras.Con ello, la Corte logró
aumentar los costos de transacción de una economía en la que precisamente estos ya eran excesivos, y
según los expertos, lo más probable es que ello, además, presione las tasas de interés hacia arriba, creando
un nuevo costo para los colombianos e intensificando la ya muy miedosa recesión.Yo no sé qué piensen los
lectores. Pero a todos los males que nos acechan en Colombia, el único que nos faltaba es que de ahora
en adelante la política económica del país la diseñen los jueces.
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