Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1994/06/06 00:00

LA CORTE EN CORTO

LA CORTE EN CORTO

DESDE QUE LA CORTE CONSTITUCIOnal se dio el lujo de derogar la ley anti secuestros -dicho sea de paso, la única ley democrática de Colombia, puesto que surgió de un millón de firmas-, comencé a tener la sensación de que sus magistrados, o por lo menos algunos de ellos, están confundiendo su función de guardianes de la Constitución con la función de gobernar al país.
Lo que hizo la Corte, como producto de la derogatoria de algunos artículos del estatuto antinarcóticos, fue una clásica decisión política, de esas que en los países toman, de acuerdo con su conveniencia o inconveniencia, las instituciones de extracción democrática. Si en Colombia se considera conveniente la legalización de la droga, o cualquiera de sus estaciones intermedias, como la despenalización del consumo mínimo, que por cierto tiene fundamento en planteamientos médicos que han adoptado varios países del mundo, pues es un asunto que debe resolver el Congreso. Regular las conductas de los ciudadanos es exclusivamente función del legislador, y no de los jueces, y, por consiguiente, tampoco forma parte de sus funciones el desregularlas.
Así, en lugar de constituir una determinación en la que hubiera podido intervenir la controversia de todo un país, y luego la de los propios legisladores, la despenalización del consumo mínimo surgió de la decisión de nueve magistrados que la tomaron a escondidas, y luego se la comunicaron al país.
Con el agravante de que para la despenalización de ese consumo mínimo la Corte utilizó como pretexto un artículo de la Constitución que incluso a los colombianos que no conocen de leyes les suena totalmente traído de los cabellos, y hasta apuesto que haría sonrojar a un inspector de Policía: dizque porque la penalización de la dosis personal de drogas atenta contra el libre desarrollo de la personalidad de los colombianos. Yo me pregunto, por cierto, de cuál personalidad es de la que estamos hablando: ¿De la personalidad de los colombianos, o de la de los drogadictos?
Ese artículo, el 16, forma parte, con otros artículos de la Constitución de 1992, de un catálogo de ridiculeces y cursilerías que rebajan la dignidad de una Constitución, en lugar de enriquecerla.
Es tan ridículo que la Carta Magna tenga que ocuparse de la personalidad de las personas, como son de ridículos otros artículos como el 12, que dice que "nadie podrá ser sometido a desaparición forzada" (seguramente a desaparición voluntaria sí), o como el 22, que dice que "la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento".
Si jurídicamente fuera válido el argumento de que penalizar la dosis personal de drogas atenta contra la personalidad, tendríamos que concluir que el Estado, por lo menos el colombiano, como fenómeno único en el mundo, no puede, por disposición constitucional, restringir o regular las conductas de las personas. De ahí en adelante, el derecho de suicidarse podría perfectamente derivarse de la Constitución de 1991, o matar a la mamá de una puñalada por la espalda podría convertirse en un derecho inalienable de las personas que consideran que hacerlo contribuye al desarrollo de su propia personalidad.
Pero por lo demás, la decisión de la Corte es un adefesio jurìdico, porque poseer droga es un episodio de doble vía, en la medida en que alguien tiene que habérsela vendido al que la posea. Una conducta no pue de ser parcialmente buena, o legal únicamente por una sola vía. Si el que la tiene puede tenerla, es porque el que se la vendió, puede vendérsela. Porque, si volteamos las cosas al revés, sería tan absurdo como que vender droga en Colombia fuera legal, pero comprarla o consumirla fuera ilegal. ¿O es que acaso la Corte parte de la ficción jurídica de que la droga llega al bolsillo de las personas enviada por la Divina Providencia?
El país no entiende ni entenderá ese fallo de la Corte, que además de tremendamente inoportuno -porque era lo único que le estaba haciendo falta al senador Kerry como prueba de que somos una narcodemocracia- indica una cierta incapacidad jurídica de nuestros más altos magistrados. Es una fortuna que por lo menos cuatro de ellos, los doctores José Gregorio Hernández, Vladimiro Naranjo, Hernando Herrera y Fabio Morón hayan votado en contra de semejante adefesio.
En lo que a los cinco magistrados restantes respecta, este insólito fallo obliga a añorar el nivel académico de esa Corte inmolada en el Palacio de Justicia en la trágica jornada de 1985. Quizás a ninguno de ellos se le habría ocurrido que el consumo de drogas es una forma de desarrollar la personalidad.

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