Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2009/10/17 00:00

La Corte Penal Internacional, inútil

Nadie puede acusar al Estado colombiano de indolencia, incapacidad o intención de ocultar la verdad judicial de los crímenes cometidos en el conflicto armado.

La Corte Penal Internacional, inútil

Sigo creyendo que la Corte Penal Internacional (CPI) es un tigre de papel que no tiene nada que hacer en Colombia. Pero la proximidad del primero de noviembre, fecha en que se vence la salvaguarda que en su momento estableció el gobierno de Pastrana con la ilusión de facilitar un acuerdo de paz con las Farc, ha puesto nuevamente sobre el tapete el tema de su posible injerencia en nuestro país.

La CPI no tiene nada que hacer en Colombia porque este es un país con suficiente solidez institucional cuyo Estado tiene la decisión y la capacidad para averiguar al máximo posible la verdad judicial y castigar los delitos de lesa humanidad que aquí se hayan cometido a partir del primero de julio de 2002, fecha en que entró en vigencia el Estatuto de Roma y que marca el inicio de la competencia de la CPI, la cual no puede actuar retroactivamente. También nuestro Estado es capaz de investigar los crímenes de guerra cometidos desde el primero de julio de 2009, los únicos sobre los que tendría jurisdicción la CPI por efecto de la salvaguarda invocada por nuestro país en el momento de adherir a esa Corte.

Como se puede notar, estas fechas limitan desde el inicio la eventual acción de la CPI y hacen que su presencia no sea pertinente, pues de entrada queda excluida de su competencia la inmensa mayoría de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia a lo largo de más de 40 años de conflicto. Pero es sobre todo la decisión del Estado y de la sociedad colombiana de lograr los más altos estándares de justicia transicional lo que hace inútil y hasta ofensiva la eventual presencia de la CPI en nuestro país. La voluntad política colectiva existe y nuestra capacidad institucional se ha robustecido. En efecto, hoy nuestra justicia es más fuerte que nunca: se ha hecho más eficiente con el sistema penal acusatorio; la Fiscalía se ha modernizado, es más profesional y tiene mayor capacidad investigativa; hay una Ley de Justicia y Paz que premia la confesión de la verdad y la reparación de las víctimas; la justicia civil ordinaria procesa las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por miembros de la fuerza pública, etcétera.

Como resultado de este compromiso nacional con la verdad y con la justicia, comparado con países que han padecido conflictos armados internos, Colombia tiene hoy un récord sin antecedentes de resultados judiciales. Toda la cúpula guerrillera ha sido objeto de condenas judiciales; todos los jefes paramilitares están presos y 694 de sus integrantes están siendo procesados por la Ley de Justicia y Paz; 150 miembros de la fuerza pública han sido condenados por la justicia, cerca de 400 tienen medidas de aseguramiento y 1.300 están siendo investigados; hay 11 dirigentes condenados por para-política, siete llamados a juicio, 32 en indagatoria, ocho en versión libre y 25 en indagación. La opinión está pendiente de que también se produzcan resultados en la farc-política y la eleno-política. Además, como resultado de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, han sido confesados 8.000 delitos, se han exhumado 2.100 cadáveres, se han compulsado 4.000 copias, y 35.000 víctimas han intervenido en los procesos judiciales. Nadie puede acusar al Estado colombiano de indolencia, incapacidad o intención de ocultamiento de la verdad judicial de los crímenes cometidos en el curso del conflicto armado. Este no es un Estado fallido, ni su justicia está en bancarrota. Por eso no se nos puede poner al lado de Uganda, Congo, Kenia o Afganistán.

Porque, efectivamente, la CPI sólo puede operar cuando un Estado no quiere o no puede llevar a cabo juicios por los crímenes que son de su competencia. Los hechos demuestran que no es el caso colombiano. Además, la CPI sólo puede apoyar o complementar la justicia nacional, no la sustituye. Y poco o nada podría aportarle la CPI a nuestra justicia, pues esa Corte carece de un poder real de apremio y depende de la cooperación de los Estados para realizar sus investigaciones. Además, un Estado puede objetar la apertura de un proceso judicial si el caso ya está siendo investigado o ya ha sido fallado. Adicionalmente, la CPI no puede juzgar a nadie en ausencia, por lo que el acusado debe ser extraditado y comparecer en La Haya. Todo esto ayuda a entender por qué la CPI no ha podido emitir ni una sola sentencia condenatoria en primera instancia después de más de siete años de iniciadas sus labores.

Por todo lo anterior creo que la CPI es un tigre de papel, cuya presencia en Colombia es absolutamente inútil, improcedente y ofensiva para nuestro sistema judicial. Pero su presencia será reclamada a gritos por sectores oportunistas de la oposición, por ONG que viven de afirmar que siempre estaremos en el peor de los mundos y por los cándidos que de buena fe consumen sin chistar lo que aquellos les dicen. Preparémonos.

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