Miércoles, 18 de enero de 2017

| 2009/09/05 00:00

La cuota inicial de la Corte Constitucional

Algunos donantes fueron acreditados con cédulas inexistentes y usaron una fundación espejo para evadir los topes legales

La cuota inicial de la Corte Constitucional

Comprado el estrecho margen que logró la aprobación del referendo reeleccionista en la Cámara, el gobierno se dedicará a que la Corte Constitucional no vea los protuberantes vicios de su trámite. Como ha sido costumbre no se detendrá en detallitos. Así como en la anterior reelección el padre de un magistrado terminó de embajador, tampoco esta vez faltarán motivos para sorprenderse.

El gobierno buscará consolidar una mayoría en la Corte Constitucional y para ello arranca con una sólida cuota inicial: son incondicionales suyos al menos tres de los nueve magistrados.

Mauricio González, el ex secretario jurídico de la Presidencia, conocido otrora como el 'Doctor Salsa', quien jamás tendrá cómo agradecerle al Presidente que lo haya encumbrado a semejante posición cuando en la universidad sólo brilló por sus dotes de bailarín.

También es un hombre del ejecutivo, el actual presidente de la Corte Nilson Pinilla, un diligente lleva-recados del presidente Uribe a otros tribunales y quien descalifica por infames a quienes se atreven a denunciar el clientelismo de la Procuraduría General, por ejemplo.

Tampoco se puede esperar mucho de Jorge Pretelt, cuya ignorancia constitucional ha venido aprestigiándose hasta alcanzar niveles legendarios desde su llegada a la magistratura. Pretelt es quizás el mejor ejemplo del arribo del 'uribismo rural' a las altas cortes. De su modesta producción bibliográfica se destaca el folletico Por qué votar SÍ al referendo que alaba la iniciativa de Álvaro Uribe en 2003.

También despierta preocupación -aunque en medida diferente- la magistrada María Victoria Calle, postulada por el Presidente para ese cargo y cuya hoja de vida oficial entrega como sus referencias personales al asesor presidencial Juan Guillermo Ángel y a los congresistas uribistas María Isabel Mejía, Carlos Enrique Soto y Elsa Gladys Cifuentes, esta última es la misma legisladora que está intentando reformar la ley para bajar el umbral de votación exigido para la aprobación del referendo.

La lista incluso se puede estar quedando corta, lo seguro es que con la ayuda de algunos de estos magistrados -y de otros más- el gobierno tratará de borrar mediante sentencia inapelable las trampas que han marcado el proceso del referendo.

El país no debería olvidar que el referendo, respaldado por menos de cuatro millones de firmas válidas, proponía algo bien distinto a lo que esta semana sancionará el presidente Uribe en su propio beneficio. La redacción inicial del referendo consagraba que el tercer período presidencial no podía ser consecutivo como lo dejaron claro los expertos de la Academia Colombiana de la Lengua.

En su afán por corregir las torpezas de Luis Guillermo Giraldo, la bancada del gobierno en la comisión primera de la Cámara trató de reformar el artículo para aprobar la reelección en 2010. Esa proposición no alcanzó los votos necesarios y por consiguiente fue negada y archivada en su trámite. Por lo tanto legalmente no podían resucitarla en la conciliación.

La financiación de la recolección de firmas dejó ver el tortuoso manejo que la iniciativa tuvo. No sólo por los aportes no declarados de DMG, sino porque algunos donantes fueron acreditados con cédulas inexistentes y usaron una fundación espejo para evadir los topes legales, triangular aportes de contratistas y presentarlos como un préstamo que -por cierto- un año después nadie ha saldado.

Como si fuera poco, el trámite en el Congreso se adelantó sin una certificación obligatoria por ley y las influencias se han hecho sentir para dilatar el obvio pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, así como la denuncia por fraude procesal contra los promotores del referendo que duerme el sueño de los justos en la Fiscalía.

Todo ha podido borrarse con la fuerza del gobierno y de sus amigos en las distintas instancias. La Corte Constitucional no va a ser la excepción.

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