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Opinión

  • | 2007/12/15 00:00

    La defensa del Archipiélago

    Nicaragua tiene el mérito de haber mantenido durante 15 años al mismo embajador ante la corte

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"Agridulce", fue la expresión que usó con acierto el ex presidente Samper para describir el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia. En su decisión, que tenía como objetivo resolver las excepciones preliminares interpuestas por Colombia sobre su competencia para estudiar la demanda de Nicaragua, la Corte hizo pronunciamientos de fondo que son fundamentales para el país: por un lado, reconoce la soberanía colombiana sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina y, por el otro, admite la validez del tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 y el acta de ratificaciones de 1930, cuya nulidad alegaba Nicaragua. Al mismo tiempo, la Corte sostiene que sí es competente tanto para examinar la soberanía sobre otros islotes, cayos y bajos, como para lo que concierne a la delimitación marítima entre los dos países.

Donde Samper se pifia, y de manera grave, es en su afirmación de que como consecuencia del fallo debemos sentarnos a negociar con Nicaragua. Dijo el ex presidente que, además, la decisión les daba la razón a él y al ex presidente López que, según Samper, llevaban lustros solicitando esa negociación en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Más allá de que no se entiende que Samper no hubiera adelantado esas conversaciones durante su gobierno si las creía tan necesarias, no sobra recordar que fueron unas imprudentes declaraciones suyas siendo primer mandatario, en la misma dirección de las de ahora, las que Nicaragua alegó en su demanda, como prueba de que incluso el mismo Estado colombiano dudaba de que el meridiano 82, establecido en el Esguerra-Bárcenas, fuera el límite con los nicas. Ocurre que con frecuencia nuestros presidentes y cancilleres olvidan o no saben que sus declaraciones, aunque sean verbales e informales, representan la voz oficial del Estado y lo obligan internacionalmente.

El punto es que Colombia no tiene nada que negociar. La frontera colombiana con Nicaragua sigue siendo el meridiano 82. De la lectura del sumario de la decisión de la Corte no se concluye que no lo sea, sino que ésta tiene competencia para estudiar el punto. Es parecido, pero no lo mismo. De hecho, los agentes colombianos en el caso alegan que al acoger la validez del tratado de 1928, la Corte acepta el meridiano como límite entre los dos países. De manera que lo que hay que hacer es prepararse a fondo para defender nuestra soberanía sobre Roncador, Quitasueño, Serrana y los otros islotes, cayos, bancos y bajos que hacen parte del Archipiélago, y para defender la naturaleza limítrofe del 82. Lo que está en juego son los derechos soberanos de Colombia sobre miles de kilómetros de plataforma continental y zona económica exclusiva, con sus recursos pesqueros y su minería submarina.

Por cierto, Samuel Santos, ministro nicaragüense de Exteriores, sostuvo el jueves en La FM que la frontera podría ser establecida por una línea "equidistante entre Colombia y Nicaragua, como se definió la frontera marítima de manera equidistante entre Nicaragua y Honduras por parte de la Corte de La Haya". Si así fuera, el límite se correría hacia el oeste, es decir, en beneficio de Colombia. El meridiano 82 está mucho más cerca de San Andrés que de la costa nica. Como se ve, allá también hay quien habla de más.

En todo caso, Nicaragua tiene el mérito de haber mantenido por más de 15 años a Carlos Argüello como su embajador ante la Corte, a pesar de los cambios de gobierno y las profundas diferencias ideológicas entre unos y otros. En cambio, aquí la Comisión Asesora no tiene internacionalistas en su seno y ahora los ex presidentes la aprovechan para ventilar con acritud sus diferencias con Uribe. En el mismo período de estancia de Argüello en Holanda, nosotros hemos tenido seis Embajadores. Mientras tanto, el embajador nica, cuya gestión ha sido impecable, ha aprovechado su experiencia, su cercanía y su formación especializada en derecho internacional público para conocer a profundidad a la Corte, sus fallos y sus jueces, y para tener relaciones profesionales y personales con ellos. Una ventaja que en Colombia hemos despreciado.

Negociar sería claudicar de entrada en la lucha por nuestros derechos. La pelea hay que darla en La Haya y demostrar que cuando Colombia aceptó en el Esguerra-Bárcenas que el archipiélago de San Andrés "no se extiende al occidente del meridano 82", lo hizo sobre la base lógica de que los derechos nicaragüenses tampoco se extendían al oriente.
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