La defensa del Estado en tribunales internacionales

Existe preocupación sobre el desempeño de la diplomacia colombiana ante tribunales internacionales de derechos humanos. La condena de la Corte Interamericana en el caso de los 19 comerciantes asesinados por los paramilitares, donde finalmente el Estado colombiano aceptó recientemente la responsabilidad y pidió perdón a los familiares de las víctimas, revivió la polémica sobre cuál es la política de Estado para hacer frente a casos que generalmente se traducen en condenas, muchas de ellas muy costosas en términos fiscales y políticos.

Un editorial del periódico El Tiempo del 24 de julio pasado y una columna de Viviana Kristicevic, de la prestigiosa organización no gubernamental Cejil, en el mismo diario, han llamado la atención sobre este tema que, en honor a la verdad, no tiene doliente en el alto gobierno. Algunos pocos funcionarios en la Cancillería, el Ministerio de Defensa y el Programa Presidencial para Derechos Humanos soportan la ardua tarea de defender al Estado con muy pocos medios y muy pocas directrices de política.

La actitud de la diplomacia colombiana en materia de derechos humanos ha sido ambigua y se ha movido entre la displicencia, la preocupación realista y la ideología. Antes de la Constitución de 1991, el tema no era relevante y se enfrentaba con el sistemático argumento del no agotamiento de los recursos internos, el cual se desgastó por falta de resultados en las investigaciones penales y disciplinarias. Al final del gobierno de César Gaviria se dio alguna apertura al tema y se empezó a cambiar el enfoque por uno más realista y menos reactivo, si bien predominaba la lectura que institucionalizó la Cancillería de ese entonces, de la imagen sobre la realidad.

En el gobierno de Ernesto Samper, se invirtió el discurso y se dijo que lo importante era mejorar la situación interna de derechos humanos, lo que necesariamente impactaría en la percepción en la esfera internacional. Cambiar la realidad para mejorar la imagen fue el discurso que se impuso. Durante ese gobierno, con los problemas de gobernabilidad ya conocidos, se avanzó de manera sustancial en tener una postura progresista y responsable en materia de derechos humanos. Logros que en lo institucional y lo internacional contrastaban con el deterioro de la situación interna, especialmente con el afianzamiento del paramilitarismo y la expansión territorial de la guerrilla que tanto impacto ha tenido en la violación de los derechos humanos en Colombia. La diplomacia de ese entonces trató de hacerle entender a la comunidad internacional la complejidad de la situación y se esforzó en canalizar la presión internacional para transformar realidades en el frente interno, con importantes resultados.

La creación de la Comisión de Trujillo -un hito importante que puede servir de modelo para la creación de una Comisión de la Verdad de cara al proceso de desmovilización de los paramilitares-, y otra serie de iniciativas de arreglos amistosos realizados a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -algunos de ellos todavía en ejecución- dejaron un legado valioso e hicieron ver que el Estado colombiano hacía esfuerzos importantes por honrar sus compromisos internacionales. De aquella época es producto la Ley 288 de 1996, instrumento que puede servir de herramienta para obtener indemnizaciones por violaciones de derechos humanos que no sean esclarecidas por la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.

Durante el gobierno de Andrés Pastrana se dio un punto de quiebre en la política de derechos humanos hacia una actitud más recelosa respecto de los escenarios internacionales. La Cancillería fue desplazada por el Ministerio de Defensa en la definición de la agenda y de la estrategia a seguir, la Consejería Presidencial para Derechos Humanos fue reducida a su mínima expresión, y triunfó finalmente una lectura ideológica del problema. El gobierno del Presidente Uribe continuó y acentuó esa línea ideológica de defensa del Estado, error estratégico que le costará muchos dolores de cabeza, aunque, a diferencia del gobierno anterior, ha dado señales de apelar al arreglo amistoso en aquellos casos en los que sea viable, como ha sucedido en cinco ocasiones ante la Comisión.

La última reforma del reglamento de la Comisión Interamericana indica que, a diferencia del escenario anterior, los casos que no sean tratados por los Estados de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión irán a la Corte. Ante este cambio sustancial, se precisa otro de actitud de parte del Estado por uno menos picapleitero e ideológico.

El discurso general del gobierno, simbolizado por la irritabilidad del vicepresidente Santos en el tema de derechos humanos, confundiendo los distintos escenarios -los políticos con los judiciales- es síntoma de que las cosas van mal. Las intervenciones del Director del Programa Presidencial en la Comisión Interamericana, signadas por la pugnacidad con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, tampoco son una buena señal. Allí ha aparecido más para dar la cara que para expresar una política gubernamental coherente de la que él debería ser el gerente y vocero. Como bien lo advierte Viviana Kristicevic en la columna referida, cuando un caso llega a la Comisión y a la Corte, son muchas las cosas que han dejado de pasar en el orden interno que no pueden ser corregidas por un abogado habilidoso o con discursos ideológicos del gobierno de turno.

La defensa litigiosa en tribunales internacionales precisa de una política de Estado que vaya más allá de las indignaciones coyunturales de los funcionarios gubernamentales, un cuerpo de abogados permanente que conozca del sistema interamericano de derechos humanos y, en general, de los distintos sistemas de protección, abogados que entiendan que las recomendaciones de la Comisión se deben cumplir, que los fallos de la Corte son obligatorios y generan precedente, que tengan sensibilidad por el tema, que puedan defender al Estado con respeto y consideración por las víctimas, que sepan enfrentar con responsabilidad y sin conductas dilatorias el litigio, teniendo presentes las circunstancias que han existido en los casos para impedir que se hayan violado los derechos humanos y las dificultades internas para investigar, sancionar y reparar.

Las ONG de derechos humanos han profesionalizado su tarea y saben que dadas las deficiencias de investigación internas, tienen todas las posibilidades de ganar los casos. Así mismo, tanto en la Comisión como en la Corte no ha hecho carrera el manido argumento de que la existencia de un conflicto debe constituir un parámetro para juzgar de manera diferente las responsabilidades del Estado colombiano en derechos humanos.

Lo cierto es que si no se cambia la estrategia y se adopta una política de Estado consistente y coherente, que combine logros internos en materia de respeto por los derechos humanos y, de investigación, sanción y reparación cuando haya violaciones, con defensa jurídica razonable, por más que se diga que internamente han mejorado las cosas, en los escenarios internacionales -tanto en los políticos como en los judiciales- se seguirá viendo a Colombia como un Estado que no honra sus compromisos en derechos humanos.

* Docente-.investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia
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