La definición del papel del Estado en paros y movilizaciones

No se trata de lanzarse con drásticas descalificaciones contra el movimiento de agricultores y transportistas que han convocado a estas movilizaciones en Colombia. 

La posición más fácil desde luego es la de desautorizar: que están infiltrados, que la oposición política está detrás, que son movimientos de quienes desde la ilegalidad plantan cara con armas en mano.  

No se trata solo de eso. Al encarar con seriedad lo que pasa, ineludiblemente deben abordarse las causas que aparecen como detonantes de estos movimientos. Son factores que no vienen de ahora, sino que se han añejado larga y pacientemente pero cuyo estallido ocurre ahora, en el actual escenario social de Colombia.  

Lo que también afecta es que se trata de un año electoral y que, por ello, las respuestas de los diferentes agentes políticos tienen una mayor caja de resonancia.

Uno de los aspectos centrales radicaría en la concepción del papel del Estado.  Los países centrales mantienen en alto grado –a pesar de los problemas de la crisis actual- un Estado de Bienestar que ya quisieran los países en vías de desarrollo.  En estos últimos se ha desmantelado con mucho la matriz de instituciones estatales que propugnaban por la inclusión social y el apalancamiento de los grupos más vulnerables, es decir más pobres de la población.

En ese desmantelamiento han influido las aperturas comerciales de una sola vía –mientras los subdesarrollados abren sus fronteras, por ejemplo, los más desarrollados mantienen sus subsidios en sectores estratégicos tales como la agricultura.  Otro de los mecanismos que han erosionado la capacidad de los Estados han sido las privatizaciones. Procesos que en Colombia se iniciaron con particular énfasis a principios de los años 90 y cuya ruta continúa –allí está el caso de la venta de ISAGEN, empresa que para el 2012 habría generado ingresos cercanos a los 232 millones de dólares.

Los problemas se ven agravados por la alta vulnerabilidad que presentan las empresas micro, pequeñas y medianas del país.  Los datos disponibles dan cuenta que cerca de un 95 % de las empresas o unidades de producción de Colombia son de este tipo.  Se sabe además, que fácilmente un 95 % de ellas no llega a desempeñarse más allá de siete años.  

Esto evidencia la gran fragilidad del sistema mayoritario empresarial, que se enfrenta al reto de mercados internos reducidos, a un dólar apreciado que hace que las importaciones sean más baratas a la vez que frena el esfuerzo exportador, y que, además, debe enfrentar condiciones por lo general regresivas en la estructura fiscal, es decir impositiva.

Se requiere de una política integral, articuladora que enfrente las causas de los paros en sus factores primordiales.  Solo atajar el problema de los bloqueos y cobrarle a la población su protesta con enfrentamientos y  muertos, es encarar la situación por la senda exclusiva de los síntomas.  

Se abre ahora la posibilidad de fundamentar una posición de apoyo a las empresas más vulnerables del país, un aspecto que sería central en los esfuerzos por la paz y el desarrollo de Colombia.