La delgada línea entre el terror y la tortura

La noticia del exitoso operativo que terminó con la vida de Osama Bin Laden, por cuenta de un comando de la marina de Estados Unidos en Paquistán, sobrevino dos semanas después de que se desatara un nuevo escándalo por las revelaciones de WikiLeaks sobre las condiciones de la cárcel de Guantánamo. Dos eventos que expresan la entraña de la llamada guerra contra el terror, convertida en emblema de los ocho años de la administración de George W. Bush.

La cercanía entre ambos episodios ha sido utilizada por los medios controlados por los neoconservadores y la extrema derecha, hoy en día tan fortalecida, para intentar legitimar los horrores de esa prisión. Se argumenta ahora que el ataque contra el dirigente de Al Qaeda fue posible en buena medida gracias a la información arrancada a los prisioneros de la Isla. Con ello, se pretende reafirmar un punto central planteado sin ambages por el exmandatario en Decision Points, sus memorias de reciente publicación: la tortura se justifica como medio para salvar vidas.

Pero nada puede ser más falso. Es incuestionable que el terrorismo ha sido nefasto para los países y se ha erigido en un obstáculo para el avance de las fuerzas democráticas y progresistas, tal como lo demuestra la experiencia internacional y nacional reciente. Pero recurrir a la tortura y a la violación de los derechos fundamentales de las personas, con el argumento de combatirlo, representa un retroceso para la humanidad.

La Doctrina de Seguridad Nacional, aprobada por el Congreso un año después de los repudiables ataques del 11 de Septiembre, apareció como un manifiesto de la hegemonía global de Estados Unidos. Su decisión expresa de actuar unilateralmente en el mundo entero, enfrentándose incluso con aliados europeos de vieja data, le apuntaba a ese propósito.

Sin embargo, como lo señalaron diversos analistas, la motivación principal de la cruzada contra el terror fueron los poderosos intereses del llamado Complejo Industrial Militar y de los halcones petroleros, tan bien representados en el gobierno anterior.

Se invocaba en dicha Doctrina la teoría del ataque preventivo, que justificó las agresiones a Afganistán e Irak. Asimismo, se utilizó la lucha contra el terrorismo para romper de manera clara con el derecho y las normas que rigen las relaciones internacionales. Es cierto que esta ha sido una práctica recurrente de los imperios, en especial de Estados Unidos, pero en los oscuros años de Bush, llegó a su máximo apogeo.

Conforme a dichos objetivos, se creó en Guantánamo un sistema penal y policial sin las mínimas garantías judiciales, a donde fueron transportados prisioneros de varios países, en especial de Afganistán. Los 759 documentos que se conocieron recientemente revelan que el principal propósito de la prisión era “extraer” de manera ilegal toda la información posible de los reclusos, a pesar de que se sabía de la inocencia de la gran mayoría de ellos. Pero aún bajo tortura, solo el 22 por ciento aportó alguna información.

Un segundo propósito, inspirado en la misma lógica de la guerra preventiva, era tratar de predecir la futura peligrosidad de los detenidos. Es decir, más que castigar un supuesto delito, se trataba de valorar quién podría representar una amenaza para la seguridad del país. Aun bajo esta premisa tan absurda, se tenía claro que el 60% de los prisioneros no representaba una amenaza “probable”.

En medio de tanta aberración y violación de derechos humanos, se denunciaron casos como el de Zakir Yan Hasan, de Uzbekistán, contra quien no había cargos, pero su detención se justificaba porque supuestamente “sus alteraciones psicológicas lo hacen vulnerable al reclutamiento y manipulación de las organizaciones extremistas”, como señaló El País.

Se registra también en los documentos que entre los 779 detenidos que pasaron por Guantánamo había al menos treinta enfermos mentales, algunos de ellos ancianos, adolescentes, un menor de edad y maestros de escuela o granjeros sin ningún vínculo con organizaciones terroristas. Solo siete de estos reclusos han sido juzgados y condenados hasta el momento, en tanto que 170 siguen aun recluidos.

A pesar de la gravedad de las revelaciones, es poco probable que el tema se vaya a debatir ampliamente en algún organismo internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha insistido infructuosamente desde el 2006 en la necesidad de acabar con esta prisión.

A comienzos de su mandato, cuando anunció que rompería con tan cuestionadas prácticas de su antecesor, Obama se comprometió a cerrar este campo de concentración. Pero es claro que no lo ha hecho ni lo va a hacer, al menos en este período. Por ahora, parece estar atrapado entre los poderosos intereses militares y financieros de su país y la búsqueda de su reelección.

Profesora titular Universidad Javeriana.