La derrota de Correa

En apariencia, el presidente de Ecuador Rafael Correa venía ganando la partida en su propósito de acallar a sus críticos y de “sanear a América Latina de una prensa corrupta”. No solo logró la ratificación de la condena a tres años de prisión y a un pago de 40 millones de dólares contra los directivos del diario El Universo y el columnista Emilio Palacio, sino que impulsó en primera instancia una reforma a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, incluyendo la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, con el disfraz argumento de fortalecerla.

Pero lo que en principio le había funcionado, también desveló una apresurada actuación de la justicia, una estela de irregularidades y de odios viscerales del mandatario contra la prensa crítica, un estilo personal de ejercer el poder a partir del encono, al punto de que el asunto comienza a convertírsele en un bumerán que lo ha llevado a un desgaste internacional muy fuerte para su gobierno y Ecuador.

El estilo desafiante de Correa le impidió aceptar una rectificación a tiempo de El Universo, cuando para entonces el pulso por la alegada injuria lo había ganado, y quiso más bien ahondar en la polarización, sin mirar las consecuencias internacionales al asumir que el caso no iba a trascender. Ahora, además de tener la antipatía de casi toda la prensa del continente y del mundo, ha tenido que recular con su anunciado perdón, lo cual es sintomático en un presidente que no cambia de estrategia fácilmente.

Si del motín policial del 30 de septiembre de 2010, que recogía en cierta forma el descontento con su asfixiante autoritarismo, logró salir inmune y dar vuelta de tuerca a los eventos después meterse a un cuartel policial a gritar que lo mataran, el caso de El Universo descorre la prepotencia del mandatario y un autoritarismo que se le comienza a ir de las manos.

Aunque a Correa le preocupara la osada afirmación de Emilio Palacio en su columna ‘No a las mentiras’ del 6 febrero de 2011, según la cual “El Dictador… podría [ser llevado] ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”, en alusión a la asonada del 30 de septiembre, la demanda por injuria en realidad poco tiene que ver con ese hecho en particular. Las verdaderas razones radican en la tirria que el presidente ha alimentado desde que en julio de 2005 el editorialista criticara al otrora ministro de Finanzas por su improvisación con una contundente columna titulada ‘Bocazas’.

Pero la animadversión del presidente Correa lo llevó también a querer silenciar más allá de sus fronteras a quienes subrayan sus desafueros y la inacción del Estado ecuatoriano para garantizar la libertad de expresión. La promoción de la reforma a la CIDH no está motivada en el propósito de fortalecerla, sino porque no tolera el demoledor informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión de 2009 y 2010 sobre Ecuador o el pedido de que impulse la derogatoria del delito de opinión del código penal.

El informe documenta “la fuerte presencia de medios públicos sin normas claras que garanticen su independencia editorial, el desorbitado uso de los medios por parte del gobierno para atender asuntos que no son de genuino interés público y para de manera frecuente el presidente descalificar a la prensa, así como las numerosas amenazas de muerte en el ejercicio periodístico, en las que el Estado no garantiza las debidas investigaciones”.

Y si como ello fuera poco, la Relatoría ha destacado la inconveniente ley que promovió Correa y que prohíbe a los medios de comunicación hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política.

El paquete de reformas propuesto es sumamente cuestionable, pero, y aunque hubiese algún elemento positivo, no tiene ninguna base de legitimidad que sean los gobiernos de la región que más acosan a la prensa los que impulsen una reforma a uno de los pocos órganos regionales que funciona bien.

En principio, ningún fortalecimiento se propiciaría con la eliminación del informe anual que realiza la Relatoría e incluirlo simplemente como un capítulo más del informe general de la CIDH. El objetivo en realidad es quitarle visibilidad, impacto y trascendencia. Las modificaciones a los procedimientos del sistema de medidas cautelares arriesga convertirlo en inoperativo y neutralizar la acción de la CIDH. El cacareado propósito de su fortalecimiento financiero es vago en un continente en los que algunos mandatarios son profusos en criticar a los países que financian a la OEA, pero que ni siquiera aportan su cuota correspondiente. Eso sí, se muestran proactivos para cargar de funciones a la CIDH con el objeto de ahogarla.

El desenlace del caso de El Universo y de Emilio Palacio comienza a ser una derrota para Correa, pero aún falta que los líderes democráticos de la región hagan un frente común para hacer retroceder a Correa en su intento por afectar a la CIDH y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, en lo que será sin duda crucial para la libertad de prensa del Ecuador y de América Latina.

Y allí deberían reivindicarse países que como México, Perú y Colombia tuvieron una reacción ambigua frente a las pretensiones del mandatario ecuatoriano. Ojalá que la posición de Colombia no sea el precio que paga por no querer incomodar a su vecino.

* Especialista en temas de sector público y consultor internacional en Washington
** Profesor de las Universidades de Georgetown y George Washington y ex funcionario de la OEA