07 diciembre 2012

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La desigual guerra contra las drogas

Por Juan Diego Restrepo E.*

OPINIÓNLa modernización de las empresas criminales dedicadas al narcotráfico va más rápida que la acción de los estados y los supera con una eficiencia que sorprende.

La desigual guerra contra las drogas.

Las dinámicas de violencia y delincuencia protagonizadas por el crimen organizado en contextos urbanos se han transformado de manera radical en los últimos años. Atrás han quedado aquellos años en los que los vendedores de sustancias sicoactivas hacían parte de la cotidianidad del barrio y tenían cierta aceptación social. Ya no se trata de ‘jíbaros’ medio filósofos que, entre venta y venta, hacían reflexiones profundas de la vida y las compartían con todo aquel que las quisiera escuchar. Había cierto aire literario en el ambiente.
 
Desde hace algunos años, ese mundo del ‘jibaro’ ha quedado atrás. En su remplazo llegaron otros, con ceño fruncido, corte de cabello al ras, poderosas armas y dispositivos de seguridad que comprometen derechos fundamentales de los pobladores de los barrios. En su labor subyace un exigente sentido de la rentabilidad económica, que requiere no sólo de estrategias violentas para acabar con sus competidores, sino de un amplio “portafolio” de sustancias sicoactivas ilegales, que incluye la nueva tendencia: las drogas sintéticas.
 
Lo que antes era una actividad ilegal con tintes poéticos, marcada por una época donde la rebeldía y la crítica social se conjugaban con el olor de la hierba, ahora es una actividad empresarial cargada de expresiones violentas, controles sociales y defensa del territorio que vulnera, insisto, derechos fundamentales de la ciudadanía. Lo artesanal se convirtió en producción industrial, expresión del capitalismo salvaje de nuestros días.
 
Los que primero sienten esas presiones son los jóvenes, a quienes esos “empresarios de la criminalidad” los despojan de su inocencia y los obligan a asumir la misma dureza de sus miradas, sus mismos valores empresariales y hasta su mismo corte de cabello; además, le imponen una tarea preocupante: convertir a sus pares en consumidores dependientes.
 
Los ‘jibaros’ que conocí en el barrio donde crecí eran amigos entre sí, hasta se ayudaban en sus ventas. Ahora, las nuevas dinámicas del mercado han horadado esas relaciones y lo que antes era colegaje se convirtió en rivalidad a muerte. Las esquinas de las calles se volvieron propiedad privada.
 
El territorio entonces se transformó: de un lugar de encuentro pasó a ser un sitio estratégico de intercambio criminal y es funcional a las dinámicas que subyacen en todas las actividades de estas empresas criminales. Su control es fundamental tanto para la buena marcha de sus “negocios” como para garantizar su “seguridad”. Son las nuevas racionalidades de la criminalidad. Y en medio de ellas sobreviven unas comunidades inermes, atemorizadas y silenciadas.
 
Esas nuevas racionalidades también están determinadas por el desarrollo económico de las ciudades y sus transformaciones urbanas, así como por las necesidades que introduce la sociedad de consumo. En esencia, lo que ocurrió es que esas dinámicas del capital, que ponen el afán de lucro por encima de cualquier otro interés, también “contaminó”, si se me permite el término, el mundo de los ‘jíbaros’. Pasamos de un sujeto que vivía plácidamente su manera de hacerse a unos pesos a otro con la necesidad de ser el único en la plaza, demostrar su poderío, imponer su concepción de orden y ampliar sus mercados.
 
¿Qué ha venido ocurriendo en las ciudades latinoamericanas? Una vez se han instalado esas empresas criminales, sus efectos son inmediatos: fragmentan las comunidades, generan mayor marginalidad social, deterioran la cohesión, limitan su capacidad organizativa y destruyen el tejido social.
 
El asunto central en esta discusión es que detrás de esas empresas criminales hay unas redes sofisticadas, que han evolucionado a la par del desarrollo de las ciudades, de los sistemas financieros y de las estrategias de mercado que trasciende las fronteras. De ahí su carácter trasnacional.
 
Todo ello implica una distribución de funciones que se rige bajo un esquema compartimentado, en el que los sujetos que están en la base no llegarán a conocer nunca a los que están en la cima, quienes, generalmente, no viven en el mismo territorio, ni local, ni regional ni nacional; viven lejos, incluso, de la acción de la justicia. Y no necesariamente son vulgares “narcos”. Abogados, contadores, administradores e inversionistas son parte de esa cima. Pero nadie los persigue. La acción policial recae sobre la base, la parte más débil de la cadena del narcotráfico.
 
Bien lo dice la Carta Pública de la Fundación Beckley, conocida recientemente y respaldada por una serie de personalidades internacionales, entre ellas el presidente Juan Manuel Santos: “Hay millones de personas en prisión a nivel mundial por delitos relacionados con estupefacientes, por lo general consumidores y traficantes menores”.
 
La guerra contra las drogas es una confrontación desigual, asimétrica, en múltiples sentidos. La modernización de las empresas criminales dedicadas al narcotráfico va más rápida que la acción de los estados, los supera con una eficiencia que sorprende y en muchas ocasiones es poco lo que se conoce de esas dinámicas de ese mundo ilegal.
 
En ese sentido, la conclusión de la misiva de la Fundación Berkley es contundente: "Ya que no podemos erradicar la producción, la demanda o el uso de drogas, debemos encontrar nuevas maneras de minimizar los daños. Es imperativo estudiar nuevas políticas basadas en evidencia científica. Rompamos con el tabú del debate y la reforma. Éste es el momento de actuar".
 
La pregunta es cómo superar a la criminalidad. Los empresarios de la ilegalidad están ahí, moviendo sus mercancías y sus capitales, más eficientes que los Estados y, por momentos, actuando como paraestados. El camino de superación de este tipo de situaciones pasa por decisiones drásticas que acaben con esas hegemonías delincuenciales. En esencia, solo es cuestión de voluntad política y de una amplia conciencia social que admita, como lo ha hecho el presidente Santos, que "la guerra global contra las drogas ha fracasado”.
 
* Periodista e investigador
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