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Opinión

  • | 2010/02/19 00:00

    La diplomacia paradisíaca

    Las acusaciones en contra del general retirado Mario Montoya vuelven a poner en tela de juicio la integridad del servicio exterior colombiano

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Una sorprendente revelación dejó fríos a los asistentes a una audiencia en un tribunal de Medellín hace un par de semanas. En medio del juicio adelantado por una masacre ocurrida en San José de Apartadó, el general retirado Mario Montoya resultó salpicado por dos coroneles y un capitán del Ejército, quienes lo acusaron de haber propiciado alianzas entre la fuerza pública y grupos paramilitares.

Ante semejante chiva, los periodistas corrieron a llamar al general para conocer su versión. Pronto se dieron cuenta de que el timbrazo iba a salir más costoso de lo previsto, pues tenían que comunicarse con la embajada de Colombia en la República Dominicana.

Una vez más, una de nuestras cartas de presentación ante el mundo guardando esqueletos en el armario. Dirán algunos que es apresurado pedir la cabeza del general ya que son simples acusaciones y, ante todo, debe respetarse la presunción de inocencia del diplomático. Sin embargo, creo que hay buenas razones para sostener que la continuidad del general en dicho cargo resulta políticamente muy costosa para la imagen del país.
En primer lugar, las acusaciones no salieron de informantes pagados o de desmovilizados - como en otras ocasiones - sino de oficiales de alto rango, lo cual es impresentable ante la comunidad internacional.

En segundo lugar, la persecución a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó es precisamente uno de esos casos por los que tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos respirándonos en la nuca, pues el tribunal investiga la posible responsabilidad estatal en los hechos. Si la Corte nos preguntara, la única excusa que le podríamos dar es que tenemos al general allá, más cerca a Costa Rica, por si acaso el tribunal quisiera llamarlo a declarar.

Tampoco es que se trate de un hecho aislado. No hay que esforzar la memoria para que los casos vengan a la mente. Qué decir, por ejemplo, de nuestro embajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega, investigado por el escándalo de la Yidispolítica; o el de México, Luis Camilo Osorio, a quien hasta donde la Revista Cambio pudo contar, le cursaban 37 procesos penales y 10 disciplinarios en la Comisión de Acusaciones.

Pero para qué ir tan lejos si podemos seguir en la tierra del merengue, la bachata y el mofongo: el antecesor de Montoya, Juan José Chaux Mosquera, carga también su rosario en la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos nexos con el paramilitarismo. Incluso, parece que en la Cancillería está muy de moda el chiste de: ¿Te vas para Quito? – Sí, me nombraron embajador en la República Dominicana.

Para completar el panorama, la estrategia de “defender y tapar hasta que sea inevitable” no ha dado los mejores resultados. De eso le podemos preguntar al ex embajador de Colombia en Chile, Salvador Arana, condenado a 40 años de cárcel por homicidio; o al “buen muchacho” de Jorge Noguera, ex cónsul colombiano en Milán.

Dados estos antecedentes no parece entonces tan mala la idea de curarnos en salud y darle espacio y tiempo al general para que asuma su defensa – si es que acaso le llegan a abrir investigación. Además, con ello podríamos empezar a recomponer, de a poco en poco, nuestra trajinada imagen internacional y aprovechar para avanzar en la profesionalización de nuestro servicio exterior. Ya estuvo bueno eso de que nuestros funcionarios diplomáticos pasen del traje de gala a la piyama de rayas.

*Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJuSticia-(www.dejusticia.org).
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