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Opinión

  • | 2011/10/22 00:00

    La disputa en Medellín

    Las bandas han decidido meter la mano en esta campaña, como lo hicieron en las elecciones anteriores, y están tomando partido por un candidato y un sector político. Hay intimidación y constreñimiento al elector.

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La campaña electoral en Medellín se ha crispado de una manera alarmante. El alcalde Alonso Salazar ha denunciado que el candidato Luis Pérez está recibiendo el apoyo de fuerzas ilegales que tienen un gran arraigo en las comunas de la ciudad. Como reacción, Alirio de Jesús Roldán, alias el Cebollero, vinculado a estas organizaciones criminales, ha señalado a Salazar y al candidato Aníbal Gaviria, quien aventaja por pocos puntos en las encuestas a Pérez, de haber recibido este tipo de ayudas en otras épocas. Esta confrontación me ha llevado a recordar episodios impresionantes de control y utilización de la criminalidad y la violencia con fines políticos.

Me lo refirió Gustavo Villegas -asesor de Paz y Reconciliación de Medellín-, y aunque han pasado varios años, es difícil olvidar un caso como este. Un día de principios de 2005 lo llamó Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, para que fuera testigo de un evento de paz. Encontró al jefe paramilitar en una nutrida reunión. Cerca de dos mil personas pertenecientes a las bandas criminales de la ciudad oían atentamente a Berna. Les decía que había llegado la paz y en adelante no podían matar a nadie. Habló con su voz lenta y defectuosa de siempre y les pidió que se arrodillaran para jurar que cesarían las muertes. Los asistentes obedecieron.

En los años 2005, 2006 y 2007 los homicidios en Medellín rondaron la cifra de 700, después de haber estado por encima de dos mil. Se empezaron a presentar menos de cuarenta homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que significaba un acontecimiento para la ciudad. Luego, en 2008, se rompió el acuerdo de desmovilización y desarme, fueron extraditados los jefes paramilitares y empezaron a crecer los homicidios hasta volver a los registros de los primeros años del siglo.

Tengo otros hechos alucinantes en la memoria. Valenciano y Sebastián, herederos de Don Berna, quienes encabezaron la nueva escalada de violencia, pactaron, a finales de 2009, a través de comunicaciones por BlackBerry, una tregua que duró varias semanas y redujo los homicidios, en ese lapso, en un 80 por ciento. Me habló de esto Francisco Galán, que hacía parte de una comisión encargada de explorar el sometimiento a la justicia de estas organizaciones. Así mismo, en los Juegos Suramericanos, en marzo de 2010, se produjo un asombroso interregno de tranquilidad acordado entre los jefes del crimen organizado.

Porque conozco estas historias me preocupan mucho los informes que llegan de Medellín. También deberían suscitar preocupación en el gobierno nacional y en la comunidad internacional. Dado el control de territorios y de poblaciones que tienen las fuerzas ilegales en la ciudad y la enorme capacidad de regular la violencia, pueden ejercer una gran influencia en los resultados electorales. Unas organizaciones que son capaces de contener o desatar homicidios y de calcular las agresiones o las declaraciones, de acuerdo con su interés o su capricho, son un peligro insondable para la democracia.

La dirigencia empresarial, los grupos políticos alejados de las mafias y las corrientes de opinión adversas a la ilegalidad, han logrado enfrentar la grave influencia de estas fuerzas criminales en la política mediante el apoyo abierto a candidatos independientes como Sergio Fajardo y Alonso Salazar en las elecciones de 2003 y 2007. No fue fácil. Consiguieron victorias estrechas en jornadas tan crispadas como la de ahora. Tenían además a su favor el ambiente de paz que generó la negociación con los paramilitares.

Las denuncias del alcalde y las que han dado a conocer la Misión de Observación electoral y la Corporación Arco Iris indican que las bandas han decidido meter la mano en esta campaña, como lo hicieron en las anteriores elecciones, y están tomando partido por un candidato y por un sector político. Hay intimidación y constreñimiento al elector. Grandes sumas de dinero. Barreras para el ingreso de activistas de otras campañas. En estas condiciones se necesita una acción extraordinaria de las autoridades nacionales y un esfuerzo mayor de la dirigencia local para impedir que esta vez se salgan con la suya las bandas criminales.
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