Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2009/03/18 00:00

La elección entre libertad o seguridad

Como ciudadanos enfrentamos riesgos graves cuando las instituciones democráticas se debilitan al punto de transformarse en otro sistema político.

Helena Alviar

“Este país es tan conservador que yo, que soy un liberal, aparezco como un radical de izquierda”, me dijo hace algunos años Carlos Gaviria. Pienso que tiene toda la razón y que las dos verdades en ésta frase nunca se habían hecho tan evidentes como en los últimos tres meses. Desde enero del 2009, el gobierno del presidente Uribe ha atacado con más fuerza que antes dos pilares del Estado de Derecho liberal: la protección de la privacidad y la garantía de las condiciones para ejercer la libertad.

En cualquier momento histórico estos ataques serían preocupantes, sin embargo, dada la discusión sobre una posible tercera elección el tema es mucho más alarmante. Como ciudadanos debemos conocer los riesgos a los que nos enfrentamos cuando las instituciones democráticas se debilitan al punto de transformarse en otro sistema político.

Tomemos primero la protección de la privacidad. De acuerdo con nuestra Constitución, todas las personas tenemos derecho a la intimidad personal y familiar, y el Estado debe respetarlas y hacerlas respetar. Establece, también, que la correspondencia y demás formas de comunicación privadas son inviolables. Sin embargo, los funcionarios del DAS (entidad bajo la dirección del poder ejecutivo) parecen desconocer este artículo.
 
Por tercera vez durante el mandato del presidente Uribe se ha descubierto que este Departamento ha estado interceptando llamadas telefónicas de opositores políticos, periodistas, magistrados de las Cortes y de algunos de sus mismos funcionarios. Como dijo un magistrado de la Corte Suprema de Justicia: “Por menos renunció Nixon”.

Las llamadas ‘chuzadas’ son una violación a los derechos constitucionales, pues al ser una interferencia indebida en la vida y hábitos de los individuos constituye una transgresión de la privacidad. El Estado no debe inmiscuirse en la esfera íntima de los ciudadanos, pues es en esa esfera en la que se ejercemos la libertad de conciencia.
 
Ninguno de nosotros puede ser molestado por razón de nuestras convicciones o creencias ni compelido a revelarlas. Es en esa esfera donde recibimos protección de la ley para gozar de las mismas libertades y oportunidades sin discriminación por razones de género, orientación sexual, raza, origen, lengua religión, opinión política o filosófica. Así, el ámbito de la privacidad individual es aún más valioso que el de la propiedad, pues en ése se da el libre desarrollo de la personalidad.

Una vez se viola lo sagrado de la privacidad comenzamos a perder garantías para ejercer la libertad; los límites se desdibujan y los funcionarios del Estado se sienten en la necesidad y la obligación de regular el comportamiento de los ciudadanos. Así empiezan a dar consejos para llevar nuestra vida privada y señalar las conductas consideradas ejemplares. Cuando lo anterior no es suficiente para determinar el comportamiento, se recurre a la penalización de la discrepancia, de forma amable y paternalista, además, como en el caso de la dosis personal.

En el punto en que la opinión política o filosófica privadas se restringen en el nivel público, perdemos garantías para expresar y difundir nuestro pensamiento, convicciones y creencias, para informar y recibir información veraz e imparcial, y para optar por estilos de vida diferentes. Cualquier persona que se oponga a algunos métodos de la seguridad democrática o que plantee una salida al acuerdo humanitario, se convierte en miembro del bloque intelectual de las Farc, es decir, en ideólogo del terrorismo, en enemigo de la Patria. Muy parecido a lo que dijo el ex presidente ruso Vladimir Putin en una entrevista al New York Times: “Yo no me opongo a la libre expresión, lo que pasa es que no me gusta que me critiquen.” Y muy similar a lo que decía el rey francés Luis XIV: “El Estado soy yo.”

Como ciudadanos no podemos permitir que se sigan desdibujando estas garantías constitucionales, pues aunque los funcionarios del gobierno las justifican como costos de la seguridad, en realidad estamos sacrificando las libertades que comenzamos a conquistar con la abolición del absolutismo monárquico.



 
* Helena Alviar García es Profesora Asociada de la Universidad de Los Andes, Directora del Doctorado y la Maestría de la misma institución y miembro fundador de Dejusticia.
DeJusticia (antes DJS) es un centro de pensamiento creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.



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