La estrategia del chivo expiatorio

Cunde en el mundo de hoy un facilismo extremo en el diagnóstico de problemas públicos. Ese facilismo generalmente se expresa en la búsqueda de chivos expiatorios para explicar la ocurrencia de ciertos problemas, y en proponer como solución mágica que el poder del Estado caiga sobre estos chivos expiatorios, que son casi siempre empresas privadas o sectores empresariales. Al respecto, tal vez el caso más asombroso es el de las múltiples campañas que en el nivel mundial se han emprendido contra la industria farmacéutica.

Ningún sector empresarial está exento de la crítica y del análisis juicioso de sus prácticas, pero sobre el sector farmacéutico, y en particular sobre la actividad de investigación y desarrollo en ese ámbito, no ha habido mucho de crítica y de análisis juicioso, sino más bien un despliegue casi paranoico de activismo gracias al cual se culpa a dicho sector de casi todos los males relacionados con la salud, y se ignora por completo la contribución que la investigación farmacéutica ha hecho a la humanidad. Esta contribución se puede sintetizar en las palabras que alguna vez escuché decir a Martin Adelman, profesor de derecho en la Universidad George Washington, quien decía al auditorio que, de no ser por la investigación farmacéutica, “la mitad de ustedes ya habría muerto hoy”.

En concreto, los activistas que atacan al sector farmacéutico de investigación afirman que este sector es culpable del problema de bajo acceso a medicamentos en las poblaciones pobres.

El problema realmente existe, y sus dimensiones humanas y sociales obligan a asignarle una alta prioridad en el diseño de las políticas públicas. En los países considerados como de bajos ingresos, se calcula que 54 por ciento de las muertes son causadas por enfermedades propias de la pobreza. Sin embargo, la estrategia de postular un chivo expiatorio y proceder a atacarlo no logrará solucionar el problema, y puede crear problemas adicionales, como la erosión de las instituciones jurídicas que incentivan la innovación en todos los ámbitos.

Colombia no ha sido ajena a esta instancia de paranoia anti-empresarial. Aquí también, sin sustento alguno en evidencia, se ha querido culpar a la investigación farmacéutica de las deficiencias en acceso a medicamentos, y de los problemas que aquejan al sistema de salud. Una ilustre senadora hizo campaña con unos comerciales de radio en los que se decía que el sistema colombiano de salud pagaba sumas exorbitantes por medicamentos “monopólicos”. No decía la senadora, eso sí, que esos medicamentos salvan vidas y curan enfermedades, y que existen gracias a la actividad investigativa de varias empresas privadas. Y no decía tampoco lo que para cualquier colombiano es claro: el sistema de salud de nuestro país está aquejado por una gran cantidad de problemas, algunos de los cuales incluso nacen en su propio diseño. Pero ¿qué es lo más fácil? Simplemente culpar a las empresas privadas.

Pero lo peor de esta estrategia es que impide concentrarse en las verdaderas causas del problema. Mientras se persigue al chivo expiatorio, dichas causas siguen existiendo, y en ocasiones crecen porque no se les presta atención.

El “Informe de la Sociedad Civil sobre Propiedad Intelectual, Innovación y Salud”, un estudio internacional que pronto lanzará en Colombia el Instituto Libertad y Progreso, identificó algunas de las verdaderas causas del problema de acceso a medicamentos en los países en desarrollo: diseño inadecuado de los sistemas de salud, impuestos y aranceles que gravan a los medicamentos, carencia de profesionales capacitados, pobreza y corrupción.

De hecho, hay cada vez más conciencia sobre el impacto de este último factor. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que de todos los fondos que los gobiernos gastan en medicamentos, cerca de 12.500 millones de dólares se pierden por causa de la corrupción. El problema es tan grave, que dicha organización ha lanzado una iniciativa para evitar que el dinero de los medicamentos vaya a parar a los bolsillos de los corruptos.

En algunos países como Sudáfrica el problema es de dimensiones alarmantes; en 2003, 46 médicos fueron puestos tras las rejas por apropiarse de medicamentos destinados a la población pobre. A pesar de que el gobierno sudafricano y las farmacéuticas han acordado precios sumamente bajos para la compra de medicamentos, una gran parte de la población todavía no los recibe, gracias a la ineficiencia y la corrupción del sistema.

Y la corrupción es sólo una de las muchas caras del problema. Lamentablemente, los activistas empeñados en culpar de esto a las empresas privadas siguen ganando adeptos en la opinión pública, mientras que persisten los males que en realidad impiden que las poblaciones pobres tengan acceso a medicamentos.

Andrés Mejía Vergnaud
Director Ejecutivo
Instituto Libertad y Progreso ILP
www.libertadyprogreso.net