La estupidez en acción

Lenin decía que el último capitalista era capaz de vender la soga con la que sería ahorcado. La glacial inteligencia del fundador del imperio soviético señalaba así el dominio de la racionalidad económica en la modernidad. Más tarde, algunos teóricos anglosajones siguieron esa idea y formularon lo que se conoce como la 'teoría de la elección racional', que sigue suponiendo que los seres humanos nos comportamos perfectamente según una racionalidad egoísta de medios a fines. Teoría bastante discutida y poco creída en la academia, a no ser por los economistas, los más ingenuos de todos los académicos. Mi limitado interés en dicha teoría no ha encontrado mejor refutación que la del magnífico artículo de Carlo Cipolla titulado 'Las leyes fundamentales de la estupidez humana'. Cipolla no cree que los seres humanos seamos todos inteligentes, hablando en los términos económicos del rendimiento neto de nuestras acciones. Cree que hay seres inteligentes -menos de los que se supone- y que a su lado podemos encontrar también a los incautos, a los malvados y a los estúpidos. Y define al estúpido como aquel que hace un mal a alguien sin ganar nada para sí mismo o incluso perjudicándose. Cipolla concluye que la estupidez abunda y que la encontramos en las personas y en los actos más insospechados. Esto hace suponer que Platón ignoró que el mandato de Zeus de entregar a todo ser humano las virtudes de la prudencia y la justicia incluía una cláusula secreta: a todos nos debían entregar también la estupidez. Así que toda persona podría ser no sólo prudente o justa sino también estúpida. Este arreglo añade a la moral y la política un aspecto que tiene que ver con la inteligencia, o mejor, con un defecto de la inteligencia. El comportamiento de algunos medios de comunicación colombianos ante el caso de la detención de un tal Rodrigo Granda resulta especialmente ilustrativo. Básicamente, porque algunos de ellos lo han tratado como un caso sin historia. Así que han intentado mostrar a Granda como un ciudadano común y corriente, de quien se tiene que presumir su inocencia, detenido arbitrariamente en un país amistoso. Pero no. Granda no es un ciudadano común y corriente sino un dirigente de las Farc y de quien no se puede presumir inocencia pues sigue la escuela de Abimael Guzmán de gritar a voz en cuello y ante todo el mundo su ilegal filiación. Y Venezuela no tiene un régimen amistoso con Colombia y protege con patentes de corso políticas -como el bolivarismo- o legales -como la ciudadanía- a los enemigos del Estado colombiano. Como si fuera poco, los mismos medios de comunicación que convirtieron un crimen de lesa humanidad como el secuestro en mera contravención llamándolo retención están intentando convertir una acción legítima del Estado en crimen, llamando a la detención de Granda secuestro, como lo viene haciendo el editor del noticiero de televisión CM&. ¿Por qué llamar a esto un acto de estupidez? Porque puede ilustrar la definición de Cipolla. Estúpido es quien hace un mal sin beneficiarse para nada o incluso perjudicándose. Los únicos beneficiarios de 20 días continuos de escándalo mediático han sido las Farc, mientras son cuestionados los únicos actores legítimos en este asunto (Venezuela y Colombia). Mientras Granda era la víctima de primera página, el pobre padrecito Francisco Montoya asesinado por las Farc en el Bajo Baudó el 8 de diciembre pasó sin pena ni gloria en páginas interiores y los 17 masacrados por las Farc en Arauca el 31 de diciembre ya se han perdido como NN en el paisaje periodístico. El perjudicado es el Estado colombiano, garante de la libertad de prensa, es decir, el único protector posible de los periodistas y de los medios de comunicación. No estoy diciendo que no sea una obligación de los medios investigar, sí que lo hagan como si vivieran en Colombia en 2005 y no en la Suiza de 1900. En un país donde reina la impunidad, las acciones del Estado para castigar en derecho la delincuencia deben ser primordialmente apoyadas: que se hagan de acuerdo con el debido proceso, pero que se hagan; Colombia debe aplaudir la acción positiva y no incentivar la indolencia tradicional de las autoridades. En un mundo global no pueden existir paraísos para los delincuentes: el antiguo principio del derecho de gentes de que el delincuente debe ser castigado por cualquier autoridad legítima sin importar el lugar debe valer en el mundo del delito trasnacional. El afán especial de lavar la imagen de un enemigo de la sociedad colombiana -al menos, de la inmensa mayoría de ella- y de desprestigiar la acción legítima del Estado colombiano contra quienes pretenden destruirlo es a todas luces una estupidez. Y este es un juicio benévolo, porque hay otra alternativa en el esquema de Cipolla: no son estúpidos, son malvados.