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Opinión

  • | 2008/10/10 00:00

    La explosión de Soacha

    Los gobiernos miran pasivos mientras crecen las bandas delincuenciales, la exclusión social, la impunidad y corrupción policial en Soacha.

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El reclutamiento de jóvenes de Soacha por grupos armados ilegales y la aparición de sus cadáveres en un cementerio veredal en Ocaña, muestran los graves problemas que padece esa comunidad y el poder criminal de quienes pretenden ocupar a sangre y fuego el espacio dejado por las AUC. A pesar que muchas de sus calles se confunden con las de Bogotá, la indiferencia del Estado, la corrupción, la incompetencia de funcionarios y la politiquería agravan la dramática situación.

Los acontecimientos que generaron el escándalo no son nuevos. Aún más, estaban cantados. Fernando Escobar, el personero municipal, desde comienzo de este año advirtió de la presencia de personas dedicadas a enrolar jóvenes en actividades al margen de la ley, sin que ninguna instancia estatal se inmutara. Igual ocurrió con la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo a finales del año anterior.

Soacha es el terreno ideal para seducir personas con destino a estructuras delincuenciales. La mayoría de la población son jóvenes con muy pocas oportunidades de estudio, una buena parte está marginada del mercado laboral y otra doblegada por las drogas. Muchos viven en estrato 1 y 2 y en la miseria absoluta. Precisamente, las comunas de Altos de Cazuca y Ciudadela Sucre y el Sector de Compartir – Santa Ana, en las que habitaban los muchachos muertos en Norte de Santander, experimentan pobreza extrema. Eso sin hablar de las dificultades que azotan a los desplazados, que corresponden al 8 por ciento del total de la población.

No es lo único. Cifras oficiales señalan que en 2008 van cerca de 60 desplazamientos interurbanos (sin contar las denuncias efectuadas en Bogotá) por acción de pandillas, guerrillas, pero especialmente de bandas emergentes. Hay quienes llegaron a Soacha en busca de refugio y al poco tiempo fueron nuevamente amenazados, debiendo cambiar de domicilio, no solo una, sino varias veces. Es el caso de una familia, proveniente de una región de Cundinamarca dominada por alias “El Águila”, que llegó a Soacha huyendo hace media década para evitar el reclutamiento de su hijo de apenas 12 años. Luego de escabullirse por diferentes barrios los ubicaron hace tres semanas y asesinaron al adolescente en su propia casa.

Otras expresiones de delincuencia organizada también campean. En el sector de Altos de Cazucá alias “Tomasito” lideró a los “Gatilleros”, un grupo que quiso disfrazarse autodefensa. “Tomasito” esta preso desde 2007 y en la comunidad se le asocia con el asesinato y desaparición de más de 100 personas. Se denuncia que algunas de sus víctimas fueron “picadas” y botadas a la laguna de Terreros en Ciudadela Sucre. Además de causar desplazamiento interurbano sometió al terror a la población y conformó una red de extorsionistas que cobraban vacuna desde 2000 pesos en adelante, lo que para muchos, que se ahogan en la miseria, es bastante dinero. Al parecer, este patibulario continúa sus acciones detrás de las rejas.

Paralelamente delinquen los “Robles”, “Chuquines”, “Pankokis” y otros grupos más. Han actuado homicidas de la peor especie como el “coleccionista de orejas” y la gente recuerda varios casos de descuartizamiento. “El Escondite de José” y otros lugares urbanizados ilegalmente refugian a criminales en la absoluta impunidad. En las noches la Policía no patrulla algunos barrios pero si lo hacen bandas emergentes.

Como si esto no bastara, la corrupción se tragó a sectores de la Policía de Soacha que están inmersos hasta el cuello en el comercio de la droga. Es evidente que tales delincuentes uniformados no combaten los expendios de alucinógenos y en cambio los protegen, al fin y al cabo, se benefician del tráfico de estupefacientes a través de “impuestos” a las “ollas”. ¡Gravísimo! Tal ineficacia es responsable de la reproducción del delito y de que la principal preocupación de los soachunos sea la inseguridad.

Soacha parece demostrar que mientras la Política de Seguridad Democrática combate con éxito a las Farc y a las bandas emergentes en zonas rurales, la criminalidad amenaza con tomarse por completo sectores de las ciudades. La pasividad e incapacidad de los gobiernos locales para implementar políticas de seguridad ciudadana y convivencia son sus mejores cómplices. Por ejemplo, las recurrentes y polémicas declaraciones de la secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López, son la forma de distraer la atención de su propia ineptitud para proteger a la población y eliminar la delincuencia organizada.

Por otro lado, no se trata solamente de la existencia de bandas emergentes y guerrillas. La inseguridad tiene que ver con un acelerado proceso de descomposición social sumado a la pobreza, la exclusión y los circuitos económicos del delito, que hay que romper.

Es indispensable un inmediato, radical y contundente proceso de depuración de la Policía que permita contar con un aparato transparente y eficiente. No es posible, con un escenario de inseguridad tan deplorable, que se presente como gran resultado positivo la captura de una banda y un cabecilla después de haber asesinado más de 100 personas. ¿Por qué no los capturaron antes? Que pase con Jojoy o con Cano, vaya y venga. Están en la selva. ¿Pero en Soacha? ¡Por favor!

Hay que volcarse a este municipio. El gobernador Andrés González pregonó en campaña la lucha contra la pobreza, ahora tiene la oportunidad de aplicarla. Uribe, por su parte, debe asumir que el objetivo de consolidar el control del territorio comienza por las ciudades. Insistir en la desidia y el desprecio del Estado multiplicará indefinidamente las muertes de jóvenes, la violencia y la anomia social.

www.rafaelguarin.blogspot.com

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