Lunes, 23 de enero de 2017

| 2009/02/11 00:00

La extradición de 'Gafas' y el idealismo del Estado de Derecho

Un editorial de El Tiempo que parece mesurado y sensato, en realidad termina desvalorizando la importancia de las normas jurídicas frente un supuesto pragmatismo realista.

Juan Carlos Palou

Los tribunales de justicia tienen por lo general dificultades para comunicar el fundamento de sus decisiones. El lenguaje jurídico es abstruso y los razonamientos jurisprudenciales son complejos de por sí. Eso los coloca en situación de desventaja cuando otros poderes o actores recurren a la simplificación de los motivos de sus decisiones, distorsionando así los argumentos.

El caso de la negativa de la Corte Suprema de Justicia de autorizar la extradición de alias ‘Gafas’, uno de los carceleros de los tres norteamericanos secuestrados, es un ejemplo de esa dificultad comunicativa. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de 4 de Febrero de 2009 está contenida en 24 páginas, esto es, en 15 mil palabras. Los argumentos allí expuestos deben ser resumidos en el constreñido espacio de las noticias de prensa.

El 7 de Febrero de este año El Tiempo hizo un intento editorial de explicar la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el caso de ‘Gafas’. En forma ponderada reconoce a la Corte coherencia con su propia doctrina (ha rechazado ocho solicitudes de extradición de miembros de las Farc) pues los crímenes de la Farc se cometen en el territorio nacional y no son susceptibles de extradición; señala que aunque el Fiscal Iguarán es partidario de la extradición de los delincuentes cuando sus actos afecten bienes o personas en el exterior, no se debe concluir que la Corte es ultranacionalista y protectora de la Farc y aquél es funcionario comprometido en la lucha contra el delito. Igualmente, se refiere a la ambigüedad de la extradición de Simón Trinidad.

Hasta aquí puede uno estar de acuerdo con el contenido del editorial, pero muchas otras afirmaciones del mismo editorial son imprecisas o inaceptables desde la perspectiva de un Estado de Derecho. Así por ejemplo no es cierto que la extradición, “en algunas oportunidades se utiliza como alternativa a la justicia colombiana y no como instrumento de cooperación internacional”. La verdad es que en Colombia, la extradición se ha convertido en un instrumento central de la justicia colombiana. Y este instrumento, salvo por el concepto previo de la Corte Suprema de Justicia, queda sometido a la discrecionalidad del Ejecutivo.

La amenaza de extradición jugó papel importante en el proceso de paz con las Auc. Además, se utilizó para exportar a 13 comandantes paramilitares, aunque estaban en el proceso de Justicia y Paz. Con ello se envió el mensaje de que pesaban más los delitos de narcotráfico que los delitos de lesa humanidad en que habían incurrido tales comandantes. Eso fue así a pesar de que, como dice el editorial, “tenían procesos mucho más sólidos aquí que en Estados Unidos”. Esta decisión es calificada por El Tiempo como “pragmática” y acto seguido califica a la Corte Suprema como “idealista” porque pretende que cada “criminal sea juzgado donde cometió sus delitos y que no se abuse de la “extraterritorialidad” de la jurisdicción gringa”.

No queda claro qué entiende el editorialista por idealista: ¿Quiere acaso decir que la posición de la Corte es utópica o políticamente ingenua o que, tarde o temprano, se impondrá el “realismo” y, en consecuencia, ‘Gafas’ será extraditado por la voluntad del poder de los Estados Unidos?

Finalmente el editorial califica la controversia de “galimatías jurídico”, que es una manera de decir que se trata de carreta confusa y oscura. Concluye diciendo que el problema surge por la contraposición entre una visión “pragmática” (la de los partidarios de la extradición de ‘Gafas’) y otra “ortodoxa” (la de la Corte).

Después de leer la providencia de la Corte, creo que este tribunal, al rechazar la solicitud de extradición de alias ‘Gafas’ no hace otra cosa que aplicar una expresa y clara (no oscura) prohibición de la Constitución Política de Colombia reiterada por la ley penal. Por otra parte, basada en jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Suprema reconoce la “extraterritorialidad de la ley penal”, cuando así lo ha decidido autónomamente el Estado mismo a través de Tratados internacionales (luego no practica el “soberanismo” anacrónico). No obstante, considera que no es aplicable en este caso, ni siquiera invocando la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, como lo hace el Fiscal auxiliar norteamericano en el caso de ‘Gafas’.

El editorial mencionado termina desvalorizando la importancia de las normas jurídicas en tono mesurado, ponderado y sensato. Es más inteligente y persuasivo hacerlo así que de manera burda y frentera, pero es lo mismo: desconocimiento del Estado de Derecho en aras de la primacía de los factores de poder. En el extremo, ese pragmatismo eficientista produjo Guantánamo y las torturas reglamentadas del gobierno de Bush. Bien vale la pena recordarle al editorialista las palabras de Obama según las cuales no es aceptable establecer una dicotomía entre “los ideales y la seguridad”.




*Juan Carlos Palou es coordinador del área de Postconflicto y Construcción de Paz
Fundación Ideas para la Paz


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